Los garantes del acuerdo de Arusha fueron complacientes con el régimen a pesar de la creciente corrupción y autoritarismo

Al borde de la guerra civil en Burundi

En los últimos años se ha producido un deterioro significativo de la gobernabilidad en Burundi. El creciente autoritarismo del presidente Pierre Nkurunziza, puesto de manifiesto a partir de la crisis política derivada de las elecciones de 2010, el deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato, su victoria en unas elecciones presidenciales sin ningún tipo de credibilidad, además de la escalada de la violencia política y el intento frustrado de golpe de Estado en mayo, las violaciones de los derechos humanos y la presión sobre los medios de comunicación opositores, son diferentes elementos que revelan la gravedad de la situación.

 

El proceso de transición truncado: de Arusha a las elecciones de 2010

El proceso de transición iniciado con la firma del Acuerdo de Arusha en el 2000, que pretendía poner fin al conflicto armado iniciado en 1993 y a la violencia etnopolítica que había afectado al país desde su independencia en 1962, culminó formalmente en el año 2005, con la aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y las elecciones que condujeron a la formación de un nuevo Gobierno liderado por Pierre Nkurunziza, del partido Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD). En paralelo, no fue hasta diciembre de 2008 que el último grupo armado, las Forces Nationales de Libération (FNL) de Agathon Rwasa, firmó un acuerdo definitivo que abrió las puertas a su participación en las elecciones de 2010. Sin embargo, ya desde 2005 las relaciones entre el Gobierno y la oposición fueron difíciles, y en el seno del gubernamental CNDD-FDD también se produjeron divisiones y la expulsión y posterior encarcelamiento del que fuera su presidente, Hussein Radjabu, acusado por el Gobierno de Nkurunziza de organizar un nuevo grupo armado. El creciente autoritarismo y polarización social tuvo su reflejo en las elecciones de 2010, marcadas por un clima de violencia y denuncias de continuas presiones y actos de intimidación, de los que se responsabilizó principalmente al CNDD-FDD y al propio Gobierno, aunque también, en menor medida, al nuevo partido FNL. En las elecciones comunales de mayo se impuso el CNDD-FDD, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición. A raíz de esta situación, la oposición boicoteó los comicios presidenciales, lo que vino acompañado de una escalada de la violencia que continuó tras las elecciones –ataques, casos de torturas y detenciones de activistas, explosiones, incendios de sedes, movilización de las secciones juveniles –sobre todo las del CNDD-FDD, las Imbonerakure– entre otras cuestiones. Las instituciones quedaron bajo el control del CNDD-FDD, que incrementó la presión sobre la oposición y redujo el espacio político, en paralelo a una creciente corrupción.

 

Halte au troisième mandat, Pita

La evolución autoritaria tras las elecciones de 2010 comportó la movilización de la oposición que dio pie a una espiral de acción-reacción entre el CNDD-FDD, el Gobierno y la oposición en un clima de precampaña permanente de cara a las elecciones de 2015. La dura represión de la oposición durante 2014 y la primera parte de 2015, comportó la detención y juicio de líderes opositores, amenazas a periodistas (100 exiliados, la mayoría del sector) y defensores de los derechos humanos (juicio y posterior liberación del célebre defensor local de los derechos humanos, conocido como el Mandela burundés, Pierre-Claver Mbonimpa, por presión internacional); y estrategias de división de la oposición a través de la promoción desde el Gobierno de facciones en el seno de los partidos opositores, entre otras cuestiones. En lo que se refiere a las principales figuras de la oposición, destaca el caso del líder del ADC Ikibiri, Léonce Ngendakumana, juzgado y sentenciado a un año en prisión por “Acusaciones perjudiciales, denuncias calumniosas y aversión étnica”. Por su parte, el líder del Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD), Alexis Sinduhije, ha huido a Bélgica, y centenares de sus seguidores han sido detenidos. Finalmente, el histórico líder del CNDD (del que surgió el CNDD-FDD), Léonard Nyangoma, se ha exiliado; el ex presidente del partido gubernamental CNDD-FDD, Hussein Radjabu, ha escapado de prisión con el supuesto apoyo de sus carceleros y exiliado.

Esta situación se agravó ante la calculada ambigüedad con que el presidente Nkurunziza y el CNDD-FDD fueron respondiendo ante la posibilidad de que él se presentara a un tercer mandato. El acuerdo de Arusha del 2000 establece el límite de dos mandatos por sufragio universal directo (art. 96 de la Constitución), pero ante la posibilidad de que forzara su candidatura a un tercer mandato, en enero de 2015 más de 300 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “Halte au troisième mandat” (No al tercer mandato), en línea con el acuerdo de Arusha y la Constitución.

Finalmente, en abril de 2015 Nkurunziza anunció su candidatura, que fue ratificada por la Corte Constitucional en mayo. Nkurunziza argumentó que su primer mandato post transición no debía ser contabilizado porque fue escogido por las Cámaras alta y baja, tal y como admitía de forma excepcional el art. 302 de la Constitución para dar encaje al presidente saliente de la transición en 2005. Incluso líderes de su propio partido y el Consejo de Sabios del CNDD-FDD (órgano directivo) se opusieron a su candidatura, lo que supuso la expulsión de varios de ellos. Su candidatura desencadenó amplias movilizaciones en abril y mayo y un clima de violencia política que provocó entre abril y noviembre alrededor de 240 víctimas mortales, según ACNUR, y que más de 210.000 personas huyeran del país. A pesar de la movilización social, las elecciones  legislativas y comunales se celebraron 29 de junio y fueron ganadas por el CNDD-FDD en un clima de miedo y boicoteadas por la oposición. Posteriormente, el 21 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales nuevamente boicoteadas por la oposición. El proceso fue criticado de forma unánime, también por la Iglesia Católica local, y calificado como no creíble por la comunidad internacional debido al clima de violencia, intimidación, restricciones a los medios de comunicación y a la falta de legitimidad del tercer mandato de Nkurunziza.

Campo de población desplazada en Bujumbura Rural, Burundi, 2005

Ruido de sables en Bujumbura

Aunque una gran parte del Ejército se mantuvo neutral, el intento de golpe de Estado de mayo puso de manifiesto la división en el seno de los cuerpos de seguridad. El 13 de mayo el antiguo jefe de los servicios secretos, el general Godefroid Nyombare, anunció la destitución del presidente burundés, Pierre Nkurunziza, mientras éste se encontraba en Dar es Salaam (Tanzania) en una reunión de la Comunidad de África Oriental (EAC). Nyombare había sido destituido en febrero de 2015 tras desaconsejar a Nkurunziza presentarse al tercer mandato. El Gobierno consiguió desarticular la intentona ya que las fuerzas especiales burundesas junto a las Imbonerakure permanecieron fieles a Nkurunziza, lo que desencadenó duros combates en la capital y posteriormente los tres generales que lideraban el golpe de Estado se entregaron a las autoridades. Por otra parte, la Policía y el Ejército han tomado aproximaciones diferentes hacia las movilizaciones sociales, y mientras que la Policía y los servicios secretos (SNR) han llevado a cabo un uso excesivo de la fuerza y han sido acusados de haber cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales, junto a las milicias Imbonerakure y en menor medida, grupos y milicias opositoras, el Ejército se ha mantenido neutral. En él se integran los antiguos grupos armados y se ha constatado la existencia de cadenas paralelas de mando y fidelidades vinculadas a las antiguas insurgencias que podrían activarse. En paralelo, han surgido nuevos focos insurgentes que rechazan las políticas de Nkurunziza, que pueden tener relación con antiguas facciones de los grupos armados, como las FNL. En este sentido, ya en diciembre de 2014 se produjo una primera acción de envergadura con la ejecución de un centenar de combatientes procedentes de la República Democrática del Congo en el bosque de Kibira, en Cibitoke –en algunos casos, ya desarmados– y posteriormente durante 2015 han proliferado algunas milicias y se han producido diversos choques, como en julio, cuando el Ejército anunció la muerte de 15 insurgentes y la captura de otros 170 en diversos combates en el norte del país. A su vez, la MONUSCO confirmó en octubre la presencia del Ejército burundés en la provincia congolesa de Kivu Sur en persecución de sectores de las FNL, produciéndose diversos combates.

La muerte de altos cargos del Gobierno o de la oposición, como el general Adolphe Nshimirimana, jefe de los servicios de seguridad y aliado próximo de Nkurunziza, el antiguo jefe del Estado Mayor en tiempos de Pierre Buyoya (1993-2006), el coronel Jean Bikomagu, o de líderes políticos como Pontien Barutwanayo (FNL), Patrice Gahungu y Zedi Feruzi (UPD), entre otros, y el intento de asesinato del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prime Niyongabo, o del activista Pierre-Claver Mbonimpa, del que asesinaron a su hijo, ponen de manifiesto la gravedad de la situación.

 

Complacencia de la comunidad internacional ante el “éxito” burundés

La reacción de la comunidad internacional ha llegado tarde y ha sido incapaz de frenar la crisis. En general, hasta 2014 los países y organizaciones garantes del acuerdo de Arusha fueron complacientes con el régimen a pesar de la creciente corrupción y autoritarismo. Ya en 2014, la UE incrementó la AOD a Burundi y el Consejo de Seguridad de la ONU cerró la misión política presente en el país, BNUB, el 31 de diciembre, porque supuestamente el país había hecho importantes avances hacia la paz. El anuncio del presidente en abril de 2015, las graves movilizaciones derivadas y el intento de golpe de Estado en mayo encendieron las alarmas en las cancillerías africanas y europeas. Desde entonces, a pesar de las diferentes iniciativas puestas en marcha, ya sea a través de las presiones e incluso congelación de fondos para la celebración de las elecciones por países de la UE y los intentos de mediación de la East African Community (EAC) y de la Conferencia Internacional para la región de los Grandes Lagos (CIRGL) liderados por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, sólo se consiguió posponer la fecha de las elecciones pero no se logró mejorar las condiciones en que iban a ser celebradas ni recuperar el diálogo. Las presiones llevadas a cabo por la EAC y la UA para fomentarlo se vieron debilitadas por sus propios líderes vecinos, que han seguido estrategias similares a Nkurunziza para permanecer en el poder, como Yoweri Museveni, Robert Mugabe o Paul Kagame, entre otros.

La reelección desencadenó la congelación de la AOD bilateral de la mayoría de países, presiones para que la EAC hiciera lo mismo ya que la financiación de la EAC procede en un 70% de Occidente, y el deterioro de las relaciones con Bélgica y Rwanda. EEUU y la UE decidieron establecer sanciones contra algunos de los responsables, y el Consejo de Seguridad de la ONU condenó en noviembre el incremento de la violencia y señaló su intención de considerar medidas adicionales, aunque Rusia, China y diversos países africanos frenaron el establecimiento de sanciones. Poco, y tarde. La duda es si para cuando haya unidad de acción en el seno de la comunidad internacional no sea ya demasiado tarde. Las presiones de la UA apoyadas por la ONU para que Burundi acepte una misión de interposición van en esa dirección. Ya antes de las acciones bélicas y las ejecuciones extrajudiciales del 11 de diciembre (con la muerte de más de 80 personas, cifra que algunas fuentes elevan a 200), se había empezado a hablar del término maldito: genocidio. Hasta ahora se relacionaba al eje hutu-tutsi que había formado parte de la violencia etnopolítica que había afectado a Rwanda y Burundi en las últimas décadas, aunque los parámetros actuales de Burundi no se mueven en ese eje. Utilicemos con cuidado ese término.

Autor

Josep María Royo Aspa es investigador del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de la Pau de la UAB y del Grupo de Estudios Africanos de la UAM. Máster en Relaciones Internacionales e Integración Europea, DEA en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público, diplomado en Cultura de Paz y licenciado en Ciencias Políticas (especialidad relaciones iternacionales).Es asesor de la ONG Lliga dels Drets dels Pobles, uno de los impulsores de la Xarxa d’Entitats per la RDC y miembro de la Junta de la Federación Catalana de ONG para la Paz, Derechos Humanos y Desarrollo (FCONG). Participa en el blog Paz en Construcción . Éste es su primer artículo en Africaye.org@josepmroyo.

 

Foto de portada: Josep María Royo Aspa

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