Para llegar a “COVID-19”, hay recorrer la carretera N2 desde Ciudad del Cabo y hacer parada donde hace poco había unos terrenos baldíos. Allí encontramos el asentamiento informal que se ha ido creando durante la pandemia a las afueras de Khayelitsha, uno de los townships más grandes de Ciudad del Cabo y con más personas infectadas de la región. Y es que, desde hace unos meses, “COVID-19” no es solo el nombre del virus, sino también el nombre que recibe el nuevo asentamiento. “Estamos muriendo cada día aquí, no sólo por la COVID-19, sino por los incendios de las chabolas. Tuve que mudarme a este espacio abierto después de que mi chabola se quemara. No tenemos otra opción que ocupar estos espacios abiertos porque no tenemos dónde quedarnos», dice Thobeka Ncwaba, residente de “COVID-19”.
La pandemia y las medidas para evitar su propagación evidencian la fragilidad del sistema a nivel global para hacer frente a la desigualdad en los territorios. Un ejemplo son los townships y el crecimiento a sus alrededores de asentamientos informales sin acceso a servicios básicos. En el caso sudafricano, proyectos como Unequal Scenes, del fotógrafo Johny Miller, muestran a vista de pájaro la segregación espacial heredada del apartheid y la desigualdad que, a día de hoy, determina las posibilidades de hacer frente a la crisis.
Sudáfrica es uno de los países africanos más afectados por la pandemia, con alrededor de 772.000 casos (a finales de noviembre) y más de 21.000 muertes registradas por la COVID19. Aunque, según algunos expertos, el número de fallecimientos probablemente sea mayor teniendo en cuenta que parte de la población nunca llega a estar hospitalizada y queda fuera de los registros oficiales. Si la desigualdad social ya era escandalosa en la era prepandemia, ahora lo es más en un país en el que el 55% de la población vive en la pobreza.
Ante este panorama, el gobierno sudafricano lleva unos meses imponiendo medidas estrictas para intentar controlar el virus, pero hay zonas en que cumplirlas se hace prácticamente imposible por las pésimas condiciones en las que vive una parte importante de la población. De los 55 millones de habitantes sudafricanos, unos quince viven en townships y, según las últimas estadísticas de 2016, dos millones viven en asentamientos informales creados en sus alrededores, aunque probablemente estas cifras sean mayores por la dificultad de tener números exactos.
Los townships fueron creados durante el apartheid cuando la ley obligaba a la población negra a vivir fuera de los centros urbanos más desarrollados y, por lo tanto, excluidos de la actividad social y económica de las ciudades. Como recoge el informe del Banco Mundial “Economics of South African Townships” (2014), con la llegada de la democracia se pretendía romper con la geografía del apartheid y solucionar los problemas de vivienda y de falta de acceso a los servicios, como agua y saneamiento en zonas marginadas históricamente.
El problema radicó, según Pieterse (2009), en que “durante los primeros diez años de democracia, el programa de vivienda pública gratuita se convirtió en la estrategia de desarrollo urbano de facto de Sudáfrica, con los imperativos de la vivienda pública que domina la práctica del desarrollo urbano” dando como resultado, según el informe, el desarrollo masivo de los “township posapartheid”, áreas que suelen estar tan lejos —o incluso más— de las oportunidades económicas como el modelo original del apartheid.
Más de veinte años después, estas áreas cada vez son más extensas. Aunque las viviendas se han ido formalizando y cada vez tienen más acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, higiene, saneamiento y transporte, esto aún no es generalizado. Además, se expanden en forma de asentamientos informales en los que estos servicios básicos no llegan y en los que un 97% de población es negra.
Las cifras son claras. Según datos del gobierno de la región del Cabo Occidental, Gugulethu, un township que tiene más de 100.000 habitantes, es el más afectado, con 2580 casos detectados en octubre, en contraposición con otras zonas con muy poca incidencia y una mayoría de población blanca. Le sigue Khayelitsha, con 1969 casos. Mantener la distancia social, el confinamiento y el lavado de manos e higiene, algunas de las medidas estrella para evitar la propagación de la COVID-19 entre la población, simplemente no es posible en algunos casos. A esto se le suma el aumento exponencial de la tasa de desempleo (ya dramático antes de la COVID-19) que hace que conseguir trabajo y comida sea una prioridad.
El antropólogo sudafricano Godfrey Maringira afirma en un artículo que, en este contexto de pandemia, sus habitantes ni siquiera se pueden plantear comprar alimentos a granel y almacenarlos en casa por la falta de recursos económicos y de espacio. La ausencia de espacio afecta en el día a día de sus habitantes cuyas casas, construidas con tablas y chapas de metal y a una distancia inexistente de la del vecino — o, incluso, en el patio de atrás del vecino—, están conformadas por estancias pequeñas aptas solo para dormir, no para hacer el resto de las actividades habituales, como comer o simplemente descansar. Por ello, la población se ve obligada a pasar gran parte de su día en la calle, lo que directamente supone un incumplimiento del famoso “quédate en casa” que oímos en gran parte del planeta. Maringira menciona una conversación con un líder comunitario al inicio de la pandemia: “El gobierno quiere que tengamos distancia social, pero nuestras casas no tienen esa distancia social”.
El incumplimiento de las restricciones se ha reflejado en algunos medios de comunicación como una falta de voluntad por parte de los habitantes. En muchos casos, la violencia policial ha sido la respuesta durante estos meses de pandemia como medida de control social. Además, en plena emergencia nacional, la estrategia gubernamental ha pasado por la demolición de zonas de chabolas para evitar la propagación de la enfermedad, pero sin ofrecer una alternativa habitacional, un problema que ya viene de antes de la pandemia: “Hay un confinamiento, se supone que no debemos ir a ningún lado. Vinieron y destrozaron nuestras chabolas. En esos espacios vacíos es donde estaban nuestras chabolas”, relata Namhla Soloman, residente en uno de los asentamientos informales.
Melidah Ngcobo, portavoz de uno de los movimientos de base más representativos en la lucha por los derechos de los habitantes de chabolas llamado Abahlali base Mjondolo, precisamente denunciaba la demolición y quema de las chabolas por parte de la policía en el township Tembisa en plena pandemia, y afirmaba que la ocupación de tierras se da porque los ocupantes no pueden pagar el alquiler y han estado esperando la asignación de una vivienda que nunca ha llegado.
Esta problemática se da en diferentes puntos del país. Los habitantes han ido ocupando áreas alrededor de los townships, que carecen de infraestructuras y que toman nombres como “Corona”, “Sanitiser” o “COVID-19”, donde vive Ncwaba: «A veces, se nos escapa que tenemos que seguir estas reglas ahora que oímos en la radio que los casos han bajado. Estamos viviendo en una comunidad pobre. Lo único que nos preocupa es poder dar una comida a nuestras familias”. Ella y sus siete hijos sobreviven gracias a su negocio de venta de ropa de segunda mano (golpeado por la pandemia) y a los aproximadamente veinte euros al mes que recibe del gobierno. Aunque no todo el mundo ha tenido acceso a esta ayuda. A pesar de las promesas de poner en marcha medidas económicas para hacer frente al impacto económico y laboral que está teniendo la COVID-19 en las vidas de las personas, en muchos casos las solicitudes han sido rechazadas o simplemente aún no se han resuelto.
A pesar de ello y para hacer frente a la crisis, los habitantes de los townships están poniendo en marcha negocios que les permiten ganarse la vida, adaptados a la realidad que estamos viviendo y que, en la mayoría de los casos, pasan por la digitalización a marchas forzadas, como ha pasado en casi todo el mundo. La implantación de un servicio de domicilio de comida a través de una aplicación de móvil o la puesta en marcha de un servicio de lavado de coches a domicilio con “tecnología verde” para ahorrar recursos y dinero, como muestra este vídeo, son algunos ejemplos del desarrollo de la llamada “economía de township”. También se están abriendo nuevas vías de emprendimiento enfocadas en la pandemia, como el diseño de mascarillas o el Ubuntu Wash 1000, una estación de lavado de manos portátil para comunidades con acceso limitado al agua, por parte del equipo de Loo Afrique. Estas son algunas de las iniciativas que ayudan a mitigar el impacto del virus a todos los niveles y que ponen de manifiesto la capacidad de resiliencia de la población.
