Ayer se producía oficialmente un nuevo golpe de estado en Burkina Faso, el segundo en 8 meses en el país, y el duodécimo que se registra en África occidental desde el inicio del conflicto armado en Mali en el año 2012. El capitán del ejército burkinés, Ibrahim Traoré, se proclamó nuevo presidente de la junta militar, destituyendo al teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien había llegado al poder por otro golpe de estado el 24 de enero de 2022. En ambos casos, los golpistas justificaron la usurpación del poder debido al aumento de la violencia yihadista en el país.
Con permiso de la Escola de Cultura de Paz, publicamos un extracto del Informe “Sahel: una década marcada por la inestabilidad en la triple frontera” (julio 2022), en donde se presenta una pequeña radiografía de la crisis de gobernanza en el Sahel desde el inicio de la violencia en Mali hasta la actualidad. Os invitamos a leer el informe para profundizar en las dinámicas del conflicto, sus actores, su evolución y sus impactos en las poblaciones.
Crisis de gobernanza: golpes de Estado
La crisis de seguridad que padece el Sahel occidental es a su vez causa y efecto de la crisis de gobernanza que se observa en la zona. Causa debido a que la mala gobernanza, la incapacidad de los Estados de proveer servicios y controlar el territorio, y la desafección de la ciudadanía con sus instituciones estatales representan uno de los múltiples factores que han incidido tanto en la eclosión de la violencia como en su mantenimiento. Efecto debido a que la creciente inseguridad y violencia provocada por la guerra ha golpeado a los gobiernos de la región, que se han visto superados y ha generado múltiples crisis de gobernabilidad, en donde el fenómeno de los golpes de Estado ha sido una práctica recurrente en la última década.
Esta realidad, desgraciadamente no representa una novedad ni en África subsahariana, ni en la región del África occidental, que a lo largo de su historia contemporánea se ha caracterizado por concentrar el mayor número de golpes de Estado del continente. En el periodo comprendido entre 1956 y 2015 se registraron en el continente africano un total de 221 golpes de Estado, de los cuales 92 lograron derrocar a gobiernos. Si bien en todas las regiones subsaharianas se ha experimentado este tipo de práctica provocada por los aparatos militares, entre 1956 y 2001, casi la mitad de todos los intentos golpistas se concentraron en la región occidental (45,9%). De forma más específica, solamente en los países que conforman el grupo Sahel G-5 (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) entre 1956 y mayo de 2022 se han contabilizado 32 golpes de Estado, 20 de los cuales tuvieron éxito en el derrocamiento de gobiernos.
De este modo, en los diez años que van desde el inicio el conflicto armado en el norte de Mali en enero de 2012 a mayo de 2022, los países que con mayor profundidad están padeciendo la crisis (Mali, Burkina Faso y Níger) han sufrido seis golpes de Estado efectivos que han provocado cambios inconstitucionales de gobierno: tres en Mali y otros tres en Burkina Faso. Únicamente Níger no ha padecido esta práctica castrense en este periodo, remontando su último golpe de Estado efectivo a febrero de 2010, cuando los militares depusieron al presidente Tandja Mamadou tras 10 años en el poder. Ello no significa que Níger haya sido inmune a este tipo de eventos en el periodo mencionado, ya que ha sufrido intentos golpistas que no han logrado su objetivo.
Solo entre agosto de 2020 y mayo de 2022 se registraron seis golpes que derrocaron gobiernos en África: Mali (agosto 2020 y mayo 2021), Chad (abril 2021), Guinea (septiembre 2021), Sudán (octubre 2021) y Burkina Faso (enero 2022), a los que habría que sumarle otros intentos fallidos en Níger (marzo 2021), Guinea Bissau (febrero 2022) o el más reciente en Mali (mayo 2022). Para encontrar un año con tantos golpes de Estado en África similares a los producidos en 2021 tendríamos que remontarnos a 1999.
Causas esgrimidas
Las razones que ayudan a explicar la re-eclosión del fenómeno son complejas y multicausales, pero existen dos elementos que se han observado en la mayoría de los golpes que han servido a los aparatos militares para justificarlos: 1) el deterioro de la situación de la seguridad y 2) la inestabilidad política.
En Mali, ya desde el primer golpe de Estado que se produjo en la región (marzo de 2012) los golpistas justificaron la deposición del entonces presidente maliense Amadou Toumani Touré debido a la inestabilidad política y de seguridad que padecía el país tras el estallido del conflicto armado meses antes. De este modo, el inicio de la guerra, aunado a las fuertes derrotas que sufrió el ejército maliense contra la insurgencia tuareg, y sobre todo, el episodio de la masacre de casi un centenar de soldados en Aguel’hoc en febrero de 2012, aumentaron el malestar en el país y en el ejército con el gobierno, al que señalaban de incapaz de contener la violencia, desembocando en el golpe de Estado. Posteriormente, en los siguientes dos golpes que se registraron en agosto de 2020 y mayo de 2021 por parte de la Junta Militar denominada National Committee for the Salvation of the People (CNSP), encabezada por el coronel Assimi Goïta, se volvieron a justificar debido al deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición y el aumento del descontento popular. En el último golpe en el país se produjo la paradoja de que el mismo fue ejecutado por la parte militar del gobierno híbrido transicional que había surgido del anterior golpe producido nueve meses antes, poniendo fin a la transición acordada.
En el caso de Burkina Faso, si bien los dos primeros golpes registrados en el periodo (octubre 2014 y septiembre 2015) se produjeron por la crisis política abierta en el país tras el intento del entonces presidente Blaise Compaoré de perpetuarse en el poder -hecho que abrió un periodo de importantes manifestación debido al descontento popular- el registrado en enero de 2022 se justificó debido al deterioro de la situación de seguridad y la incapacidad del gobierno de proveer recursos y protección al ejército. De hecho, la antesala del golpe fue el ataque producido el 14 de noviembre de 2021 en la Gendarmería de Inata en el cual fueron asesinados 53 soldados burkineses.
Por su parte, los golpistas que suplantaron el orden constitucional en Chad en abril de 2021 tras la muerte del presidente Idriss Déby, lo justificaron debido al clima de grave inestabilidad política y de seguridad, lo cual sirvió como pretexto para la toma del control de las instituciones del Estado por parte de una junta militar liderada por su hijo, el general Mahamat Idriss Déby.
Si bien estas causas coyunturales ayudan a explicar el brote de los últimos golpes de Estado en la región, no debemos olvidar que las causas que ayudan a entender el fenómeno son mucho más complejas, existiendo elementos estructurales (centralismo político, cultura de la violencia, composición de las fuerzas de seguridad, agravios regionales), coyunturales (crisis económica, política, social, securitaria) y también factores internacionales, como las injerencias extranjeras o el reconcomiendo internacional que proveen un marco idóneo para su reproducción. En relación con su extendida presencia en la historia contemporánea del África occidental, Aminata Traore recordaba en su carta a Boris Diop del 24 de julio de 2012 la enorme responsabilidad de Francia en los mismos: “Desde el principio, desde tiempos de De Gaulle, la Françafrique es una abominable historia de golpes de Estado, asesinatos políticos y saqueo de riquezas de todo un continente”.
Reacciones frente a los golpes de Estado en la región
Frente a la extendida práctica golpista en el continente africano, en el año 2000, en la cumbre de refundación de la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA) que dará lugar a la creación de la UA, el organismo reaccionó firmando la declaración de Lomé con la cual pretendía prohibir los cambios inconstitucionales de gobierno, acordando el no reconocimiento de los gobiernos golpistas y su expulsión del organismo. Lomé sirvió durante un tiempo para contener este tipo de prácticas, ya que en la década anterior se registraron 15 golpes de Estado (1991-2000), frente a los ocho producidos en la década posterior (2011-2020). Sin embargo, a partir del año 2020 ha vuelto a resurgir el intervencionismo de los militares en la política africana, principalmente en la región occidental y en escenarios caracterizados por la presencia de conflictos armados, poniendo en riesgo los avances logrados en materia de gobernanza por las sociedades africanas.
Parte de la explicación del resurgimiento de los episodios golpistas, más allá de las causas justificadas por los militares, se relaciona con las respuestas no homogéneas que han generado frente a los cambios inconstitucionales de los gobiernos los organismos africanos o la comunidad internacional, así como también las propias sociedades africanas que los han padecido. Ello se observa en las reacciones dispares frente a los golpes registrados en la región del Sahel en los últimos años. Por un lado, las reacciones de la sociedad civil varían en función del contexto en el cual se produzca el golpe. Por ejemplo, en el caso de Burkina Faso, si bien el primer golpe que derrocó a Compaoré en 2014 fue recibido por júbilo debido a su intento de perpetuarse en el poder, el segundo, registrado apenas un año después generó desafección por parte de la sociedad civil burkinesa, que interpretaba el mismo como una usurpación de poder por parte de los militares. En los golpes producidos en 2022, tanto en el caso de Burkina Faso como en el de Mali, ambos fueron recibidos con un significativo apoyo popular de una población cansada de sus gobiernos por diferentes razones: las amenazas a la seguridad, las crisis humanitarias y la falta de expectativas, sobre todo para los jóvenes.
Por otro lado, con relación a las organizaciones africanas e internacionales, si bien estas han reaccionado, en general, con declaraciones de desaprobación y sanciones, estas no han sido similares en todos los casos. En los últimos golpes, la UA suspendió a Mali, Guinea, Sudán y Burkina Faso del organismo, pero no hizo lo mismo con Chad. También Francia, además de otros actores de la comunidad internacional, si bien se sumaron a las condenas de los golpes en la región, en el caso de Chad se quedaron en un tímido llamamiento al retorno al orden constitucional, sin condenarlo. De hecho, el gobierno francés reconoció sin problemas a la junta militar argumentando motivos de seguridad excepcionales.
Por su parte, la CEDEAO también suspendió a Mali, Guinea y Burkina Faso del organismo, imponiendo una batería durísima de sanciones contra Mali -entre ellas el cierre de fronteras y la congelación de toda la ayuda económica- con la intención de poner a los malienses en contra de la junta y obligarla a establecer un calendario electoral rápido, -a las cuales también se sumó la otra organización regional de la zona, la Unión Monetaria de África Occidental (UEMOA)- pero no impuso sanciones a Burkina Faso. A nivel internacional las sanciones a Mali fueron respaldadas por EEUU, UE o Francia, pero China y Rusia bloquearon una declaración de apoyo a las mismas en el Consejo de Seguridad. Las sanciones impuestas en Mali, lejos de debilitar a la Junta militar, han generado el efecto contrario, ampliando su apoyo popular y dirigiendo el malestar de la población contra la CEDEAO y Francia.
La CEDEAO, con la suspensión de la institución trató de presionar a Mali, Burkina Faso y Guinea para que presentaran sus hojas de ruta de restitución del poder a las autoridades civiles en el corto tiempo. Sin embargo, Mali anunció un periodo transicional de 24 meses, Burkina Faso de 36 y la República de Guinea de 39 meses. En todos los casos, plazos mucho más largos que los demandados por la organización regional, entre los 12 y 16 meses.
La imposibilidad de que la comunidad internacional y los actores africanos generen una condena unificada y concreta, así como la existencia de actores que mantienen relaciones diplomáticas con los gobiernos golpistas rompiendo el efecto del aislamiento regional y global, han contribuido a alimentar el efecto contagio de los militares, que se leen impunes. Asimismo, la medida de suspensión de los organismos africanos de algunos de los países golpistas, si bien busca obligar a las juntas militares a compartir el poder con líderes civiles, ha logrado un efecto limitado. De hecho, el último golpe en Mali (al igual que el registrado en Sudán el 25 de octubre de 2021) se produjo por el ala militar del gobierno de transición que provenía de una conformación cívico-militar surgida de un golpe anterior bajo presión internacional. En este sentido, voces críticas sostienen que tanto la UA y como los diferentes organismos africanos deberían revisar su política de legitimación de golpes bajo el paraguas de creación de gobiernos híbridos, así como impulsar y fortalecer medidas preventivas contra la mala gobernanza para evitar el efecto contagio en el continente, sancionando, no solo los cambios inconstitucionales de gobierno, sino también las vías no democráticas e inconstitucionales de preservación del poder, como los terceros mandatos o los fraudes electorales.
