Catalizadora de distintas formas de desigualdades e injusticias, la urbanización constituye una de las mayores transformaciones y rompecabezas que enfrenta el continente africano en pleno siglo XXI. En todo África Subsahariana, miles de residentes urbanos empobrecidos son desalojados diariamente contra su voluntad, sin consulta previa o compensaciones en forma de dinero o de viviendas alternativas a las demolidas. Los desalojos forzosos, entendidos como el traslado involuntario de personas desde sus hogares o tierras, directa o indirectamente atribuibles a los gobiernos, producen una auténtica crisis de refugiados urbanos dentro de las propias ciudades africanas, que suele caer lejos de los principales focos mediáticos. Además, el desmantelamiento de estas auténticas “islas de pobreza” de las urbes del continente africano nunca será una verdadera estrategia para terminar con su existencia. Se puede desplazar, o si se quiere, esconder la pobreza, pero el “Planeta de Ciudades Miseria” —por utilizar el término de uno de los referentes en la materia, Mike Davis— clama por su reconocimiento y por sus derechos con estrategias locales de resistencia.
Mientras la ONU pronostica un crecimiento demográfico que triplicará los habitantes del continente en los próximos 50 años, las ciudades ya albergan a cerca de la mitad de la población total de África. Lo alarmante, quizás, es que en términos generales, el 60% de los residentes urbanos —unos 53 millones de personas— de África Subsahariana viven en barriadas chabolistas o no planificadas, declaradas ilegales y que sufren, de forma regular y normalizada, demoliciones y desahucios violentos que dejan a sus poblaciones en una situación de vulnerabilidad absolutas. Esto ocurre en espacios caracterizados por falta de inversión en servicios básicos como el abastecimiento de agua, la electricidad, la marginación de sus habitantes de la red de transportes públicos, y por lo tanto, el aislamiento de algunos focos comerciales y generadores de empleo. Como un maleficio que afecta principalmente a trabajadores de la economía sumergida o informal como vendedores de comida callejera, trabajadoras domésticas, limpiabotas o buscavidas sin contratos de trabajo ni seguridad social, miles de africanas y africanos pierden diariamente sus hogares en pos de residencias destinadas a la tan espoleada clase media sino a una pequeña élite de ricos.
La reubicación de esta clase trabajadora más desfavorecida des del centro de la ciudad a un área remota, no solamente obliga a los residentes urbanos más pobres a empezar de cero sus hogares una vez tras otra, sino que además, les carga con mayores inversiones en forma de tiempo y de dinero para desplazamientos desde la periferia a los centros, afectando tremendamente a su calidad de vida dentro del hogar, atrapando a las generaciones futuras a una espiral de pobreza y dependencia, y con un impacto medioambiental nefasto y evidente.
Esto ocurre en plena implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, contexto en el que la comunidad internacional se ha fijado como uno de sus objetivos concretos el garantizar el acceso universal a viviendas asequibles para 2030. Sin embargo, a tan sólo una década del vencimiento de esta quimérica aspiración, algunas de las soluciones con mayor impacto se están desarrollando en el corazón de las propias comunidades afectadas. Allí, con muy pocos recursos pero con altas dosis de valentía e ingenio, distintos movimientos sociales que practican el activismo urbano hacen frente al fenómeno de la especulación y la gentrificación, espoleadas por poderosas empresas del sector inmobiliario y con la connivencia de cierta clase política que aposenta sus traseros en asientos de Ayuntamientos y Estados. La suya es la lucha por la vivienda digna, pero también, por el derecho a residir en las ciudades africanas.
Ocupación, estrategia de presión en el barrio de Woodstock (Ciudad del Cabo)
1.400 vecinos y vecinas expulsadas desde hace casi tres años de sus hogares resisten dentro del Woodstock Hospital, un edificio abandonado que se ha convertido en una auténtica comunidad de activistas que encarnan el choque de intereses clasistas en la moderna Sudáfrica. Esto ocurre en el suburbio de Woodstock, uno de las más gentrificados de Ciudad del Cabo, donde la presión de inmobiliarias y empresas constructoras ha provocado que el alquiler aumente de un 10 a un 20 por ciento, con un tremendo impacto en la composición social, económica y cultural de uno de los distritos hoy más turísticos de la ciudad sudafricana.
Con el apoyo de Ndifuna Ukwazi —un grupo local que trabaja para el derecho a la vivienda— y el movimiento contra la especulación inmobiliaria Reclaim the City, el más de millar de residentes de este barrio que llevan desde 2017 ocupando el edificio, protestan por el incremento desmesurado de precios en el distrito y denuncian la exacerbación de la segregación espacial arraigada en el llamado “País del Arcoíris”. Pero lo hacen con un precedente exitoso, puesto que unos 5 kilómetros de este hospital, la ocupación que 500 personas hicieron durante meses del Helen Bowden Nurses Home, hizo que el gobierno decidiera convertir el bloque en 300 viviendas de alquiler social. Ahora, en las salas de espera de este hospital en desuso, sus habitantes confían en que la ley, tarde o temprano, se pondrá también de su parte.
Cultura como herramienta de empoderamiento popular (Port Harcourt)
Hace pocas semanas, la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, alertaba de la necesidad de que el gobierno de Nigeria asegure viviendas asequibles frene los desahucios. Farha mostraba su perplejidad ante la construcción de viviendas de lujo que, muy a menudo, acaban siendo deshabitadas y que son expresión del blanqueo de dinero por parte de los más ricos en un país donde el 70% de la población reside en asentamientos no planificados, sin acceso a agua corriente o baños, y con miedo constante de ser expulsados de sus hogares.
Alejados de la opulencia, los vecinos y vecinas del barrio de Njemanze, en la ciudad nigeriana de Port Harcourt llevan sufriendo la lacra de los desalojos desde 2009. Y para combatirlos, fundaron la Collaborative Media Advocacy Platform (CMAP), un colectivo de cineastas, urbanistas, investigadores y residentes de la ciudad que utiliza el arte, la música y la recopilación de datos para movilizar a las personas afectadas por esta lacra. La CMAP empezó a proyectar cine por comunidades de bajos ingresos de toda la ciudad, mostrando películas sobre la forma en que los desalojos forzosos afectan a comunidades de todo el mundo, con el fin de generar debates sobre cómo afrontar esta situación de forma organizada. Rápidamente, se percataron de que la cultura era una herramienta de empoderamiento popular perfecta para combatir la injusticia derivada de la especulación con terrenos urbanos y empezaron a erigir el Proyecto Ciudad Humana, una iniciativa impulsada por empresas de arte y medios de comunicación propiedad de miembros de la comunidad, y apoyada por subvenciones y ayudas de organismos internacionales.
En un edificio que funciona con energía solar erigieron Chicoco Studios —chicoco hace referencia a los lodos sobre los que se erige su barrio—, una radio comunitaria que presta herramientas a las poblaciones locales para que puedan afrontar la situación. La emisora produce e interpreta canciones junto a artistas locales para hablar de los problemas que afectan a las personas que viven en los barrios marginales de la ciudad a través de la música, y además, organiza espectáculos para los residentes en sus populares “Sesiones en el Cobertizo”. Con Chicoco Maps, los voluntarios de CMAP indexan cada edificio y reúnen detalles sobre la población, la topografía, el uso del suelo, el empleo o la salud, recopilando información geográfica sobre los barrios informales de Port Harcourt. Así, sus residentes pueden usarla para participar en la toma de decisiones sobre el área o hacer presión a las autoridades locales para evitar desalojos o pedir compensaciones legales al Estado.
Hacer visible lo(s) invisible(s) e incentivar la participación en la planificación urbana
El pasado 23 de octubre, científicos urbanos del Instituto Mansueto de Innovación Urbana de la Universidad de Chicago lanzaron el Mapa de los Millones de Vecindarios, una herramienta visual innovadora que proporciona la primera mirada integral a los asentamientos informales en África, ayudando a identificar las comunidades con más carencias en carreteras, energía, agua, saneamiento u otras infraestructuras. Este interesante mapa interactivo muestra digitalmente la infraestructura existente y evidencia el déficit en redes de carreteras o alcantarillado en los barrios no planificados con el objetivo de proporcionar a los líderes municipales y a los residentes de las comunidades herramientas para priorizar proyectos de infraestructura en vecindarios tradicionalmente desatendidos por las políticas municipales, y ayudar a formalizarlos.
Esta herramienta parte de algoritmos aplicados a una base de datos GIS de código abierto llamada OpenStreetMap, que es única porque es gratuita y permite que voluntarios y residentes locales puedan contribuir con datos sobre la ubicación de carreteras, edificios y estructuras, incluso en asentamientos informales que a menudo carecen de datos fiables. Con este mapa, por lo tanto, barrios chabolistas como Kibera, en Nairobi, o West Point, en Monrovia, pueden plantear nuevas formas de planificación urbana impulsadas por la comunidad que fomenten la inclusión de sus residentes en la toma de decisiones y, en última instancia, puedan ejercer presión a nivel legal.
El chabolismo africano, más de un siglo después de su irrupción
En el marco urbano africano, vivir en un asentamiento informal no solamente es una realidad extendida y normalizada. Cómo hemos visto más de la mitad de residentes urbanos de todo el continente —países como Sudán del Sur o República Centroafricana tienen más del 90% de la población urbana habitando este tipo de barrios— viven en estos suburbios. Pero además de normal, el chabolismo es sinónimo de ilegal. Lo informal como análogo a ilegal, de hecho, se impuso desde principios del siglo XX para segregar a los africanos de la población europea que debía llevar a cabo el proyecto colonial. Relegando a los africanos y africanas a aquellos espacios más inundables y con menos interés estratégico a la hora de construir puertos, almacenes u oficinas, o de erigir las áreas donde alojar a los trabajadores de las colonias, la Administración colonial marcó las normativas urbanísticas que debían ser utilizadas a imagen y semejanza del urbanismo de Londres o París. Los materiales de construcción declarados legales se importaron desde las metrópolis, imponiendo permisos de construcción necesarios para edificar que, por otro lado, tenían un precio inabarcable para la mayor parte de la población local. Esa es, principalmente, la génesis de esas barriadas, abandonadas y marginadas de las políticas de desarrollo existentes durante todo el siglo XX, con solo una excepción: el interés de la ciudad “legal” en crecer.
Entonces sí, como ocurre ahora, aparecen las máquinas excavadoras a golpe de dragas, picos y palas para desalojar a esos ciudadanos “ilegales” habitando casas ilícitas en espacios desordenados que a su vez, van levantando sus ciudades paralelas, nuevamente y con lo poco que pueden rescatar de los desalojos fortuitos, en las periferias de las periferias.
Los nietos y nietas, bisnietos y bisnietas, y tataranietos y tataranietas de esos primeros residentes informales, siguen hoy en la misma situación de desamparo y segregación socioeconómica que sus ancestros. Las calles polvorientas (y fangosas en época de lluvias) de los suburbios y arrabales que habitan, son engullidos de forma cotidiana por los intereses de la parte asfaltada de la ciudad. Y con ellos, los sueños de miles de personas que se ahogan entre la subida del mar y el levantamiento de rascacielos que ensombrecen la vida humilde bajo tejados de latón. Encima de sus chapas color plomizo, antenas parabólicas quieren rascar el cielo buscando alguna película de Hollywood, quizás alguna serie latinoamericana o turca, que plante semillas de sueños irreales que les aparten de su brutal cotidianidad. En el mejor de los escenarios posibles, en los barrios de Port Harcourt sonará música activista de Chicoco Radio buscando empoderar y transformar una situación de vulneración de derechos humanos en otra de resistencia y éxito. Quizás, en Ciudad del Cabo anunciarán que los ocupas de Woodstock Hospital han conseguido una vivienda social como sus compañeros lograron previamente. Mientras, mapas y encuestas seguirán intentando llenar el vacío informativo y de datos que sume en la invisibilidad a los residentes de los barrios chabolistas. Invisibles hasta tal punto que en la mayor parte de ciudades es imposible saber cuántas personas habitan. “¿Cómo van a tener derecho a habitar la ciudad si siquiera aparecen en el padrón?”, dirán algunos de los susodichos hacedores de políticas urbanas del continente. ¿Y si la verdadera transformación urbana está en la capacidad de resistencia de aquellos que están fuera de las estadísticas y los datos medibles?