2021 ha sido un año de retrocesos en materia de gobernanza democrática para el continente africano, padeciendo cuatro golpes de Estado efectivos por parte de aparatos militares en Chad (abril), Malí (mayo), Guinea (septiembre) y Sudán (octubre), además de otro intento que fracasó en marzo en Níger -y al inicio de 2022 se ha producido otro golpe efectivo en Burkina Faso el 23 de enero de y otro intento fallido en Guinea Bissau en el mes de febrero. Tenemos que remontarnos hasta el año 1999 para registrar un año con las cifras golpistas en el continente registradas en 2021. Si incorporamos a los golpes padecidos en 2021, los golpes registrados desde 2013 en el continente, que incluye a países como Túnez, Argelia, Burundi, Egipto, RCA, Burkina Faso o Zimbabue, ello significa que alrededor del 20% de los países africanos han vivido cambios inconstitucionales de gobierno en menos de una década.
La declaración de Lomé del año 2000, con la cual la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA) reaccionó para prohibir los cambios inconstitucionales de gobierno en el continente, acordando el no reconocimiento de los gobiernos golpistas y su expulsión del organismo, sirvió durante un tiempo para contener este tipo de prácticas por los aparatos militares. En la década anterior a Lomé, se registraron 15 golpes de Estado (1991-2000), frente a los ocho producidos en la década posterior (2011-2020). Sin embargo, el resurgimiento del intervencionismo de los militares en la política africana en el último año, principalmente en la región occidental, pone en riesgo los importantes avances logrados en materia de gobernanza por las sociedades africanas. Los datos de los últimos informes del Índice Ibrahim de Gobernanza Africana ya alertaban de una tendencia en la ralentización de los indicadores de gobernanza durante los últimos cinco años, empeorando por primera vez, en casi una década, en el año 2019. Se señalaba que si bien el continente ha ido avanzando en materia de buena gobernanza, la amenaza del deterioro de la situación de seguridad y la erosión de los espacios de participación cívica y democrática, suponían un riesgo frente a los avances conseguidos. Este fenómeno representa una seria amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del continente, poniendo en riesgo algunas de las aspiraciones de la agenda africana 2063, The Africa We Want, entre ellas la aspiración número 3, centrada en la construcción de un África basada en el buen gobierno, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la justicia y el imperio de la ley; y la aspiración 4, que tiene como objetivo alcanzar un África pacífica y segura.
Razones esgrimidas por los golpistas
Las razones que ayudan a explicar la eclosión del fenómeno son complejas y multicausales, pero existen dos elementos que se han observado en los últimos acontecimientos para justificar los mismos por parte de los aparatos militares: 1) el deterioro de la situación de la seguridad y 2) la inestabilidad política.
En el caso de Chad, la muerte del presidente Idriss Déby, producida en medio de un clima de grave inestabilidad política y de seguridad, sirvió como pretexto para la toma del control de las instituciones del Estado por parte de una junta militar liderada por su hijo, el general Mahamat Idriss Déby, suplantando el orden constitucional. En Guinea, el golpe dirigido por el teniente coronel Mamady Doumbouya que derrocó al gobierno presidido por Alpha Condé, vino precedido por un cambio inconstitucional para rescindir el límite de mandatos presidenciales, generando un importante descontento popular que fue duramente reprimido por el gobierno. En Mali, las causas se relacionaron con el deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición y el aumento del descontento popular, todo lo cual dio origen al segundo golpe en el país en 9 meses por parte del coronel Assimi Goïta. Por su parte, en Sudán las causas también se relacionaron con las tensiones entre la parte civil y la parte militar del gobierno, que derivó en la usurpación de la transición por la parte militar encabezada por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al-Burhan. En estos dos últimos casos, se da la paradoja de que los golpes de Estado fueron provocados por el ala militar del gobierno hibrido transicional surgido a partir de otros golpes militares previos, poniendo fin a las transiciones acordadas. Finalmente, en Burkina Faso, el golpe también se justificó por parte de los militares debido al deterioro de la situación de seguridad y la incapacidad del gobierno de proveer recursos y protección al ejército.
Respuestas dispares generadas frente a los golpistas
Las respuestas a los golpes, lejos de haber sido unitarias, han mostrado diversos raseros. A nivel interior, si bien en Chad y Sudán los golpes fueron recibidos con desaprobación por sus poblaciones, generándose movilizaciones populares y de la oposición política que desencadenaron en episodios de represión por las fuerzas de seguridad del estado; en Guinea, Mali y Burkina Faso las nuevas juntas militares contaron con un buen recibimiento y apoyo popular, incluso de partidos políticos opositores. Del mismo modo, también a nivel exterior las respuestas de las organizaciones africanas y actores internacionales han empleado raseros dispares. Si bien en los casos de Guinea, Malí, Sudán o Burkina Faso estos organismos coincidieron en su condena unánime, no ocurrió lo mismo con el caso de Chad, en donde la mayoría de los actores de la comunidad internacional se quedaron en un tímido llamamiento al retorno al orden constitucional, sin condenar el golpe. De hecho, el gobierno francés reconoció sin problemas a la junta militar argumentando motivos de seguridad excepcionales. Por su parte, la Unión Africana acordó suspender del organismo a Malí, Guinea y Sudán, pero no hizo lo propio con Chad. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendió a Mali y Guinea (y recientemente también a Burkina Faso), impuso sanciones a los miembros de la junta militar de Guinea, fue un paso más allá en la dureza de las sanciones económicas decretadas en Malí –a las cuales también se sumó la otra organización regional de la zona, la Unión Monetaria de África Occidental (UEMOA)– pero no impuso sanciones a Burkina Faso. A nivel internacional las sanciones a Malí fueron respaldadas por EEUU, UE o Francia, pero China y Rusia bloquearon una declaración de apoyo a las mismas en el Consejo de Seguridad.
La imposibilidad de que la comunidad internacional y los actores africanos generen una condena unificada y concreta, así como la existencia de actores que mantienen relaciones diplomáticas con los gobiernos golpistas y rompen el efecto del aislamiento regional y global, contribuyen a alimentar el efecto contagio de los militares, que se leen impunes. Asimismo, la medida de suspensión de los organismos africanos de algunos de los países golpistas, si bien busca obligar a las juntas militares a compartir el poder con líderes civiles, ha logrado un efecto militado. De hecho, los golpes de Mali y Sudán, cuyos gobiernos previos al golpe ya provenían de una conformación cívico-militar surgida de golpes anteriores bajo presión internacional, se han vuelto a ver en la misma usurpación de poder por el ala militar del gobierno de transición un tiempo después. En este sentido, quizás la UA y los diferentes organismos africanos deberían revisar su política de legitimación de golpes bajo el paraguas de creación de gobiernos híbridos, así como impulsar y fortalecer medidas preventivas contra la mala gobernanza para evitar el efecto contagio en el continente, sancionando, no solo los cambios inconstitucionales de gobierno, sino también las vías no democráticas e inconstitucionales de preservación del poder, como los terceros mandatos o los fraudes electorales.
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Foto de portada: Iván Navarro
Artículo original publicado en Escola de Cultura de Pau, Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Barcelona: Icaria Editorial, 2022. (En fase de edición)
