En agosto de 2018, la República Democrática del Congo (RDCongo) anunció oficialmente el décimo brote de Ébola en la historia del país. Este brote, que se convirtió en el segundo más grande y prolongado a nivel mundial, se propagó por las provincias del este del país afectando principalmente a Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. El 17 de julio de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII, por sus siglas en inglés), poniéndose al frente del dispositivo internacional sanitario en el país. El virus fue finalmente controlado el 25 de junio de 2020. En los casi dos años que duró la emergencia, alrededor de 3.481 personas resultaron infectadas y 2.299 perdieron la vida, situándose la tasa de mortalidad en un 65%.
Si bien este brote era el décimo que padecía el país, la crisis iniciada en 2018 se caracterizó desde el inicio por ser la primera vez que la enfermedad surgía en medio de una zona de conflicto armado activo, lo cual repercutió en la intervención humanitaria. En los últimos meses, dos informes de diferentes organizaciones independientes han puesto el foco en denunciar la mala praxis en la gestión humanitaria de la crisis del Ébola en el país, señalando de manera especial el papel que jugó la OMS, acusada de no prever y abordar el abuso sexual generalizado durante la respuesta, así como de contribuir involuntariamente al conflicto armado.
Violencia y abuso sexual durante la respuesta a la crisis del Ébola
El 29 de septiembre de 2019, The New Humanitarian y Thomson Reuters Foundation hicieron pública una investigación bajo el título “Más de 50 mujeres acusan a trabajadores humanitarios de abuso sexual en la crisis del Ébola en el Congo”. En ella se incluyen testimonios de 51 mujeres que denuncian múltiples incidentes de abuso sexual durante la crisis del Ébola perpetrados por hombres que pertenecían a diferentes organizaciones humanitarias, entre ellas la OMS, así como a diferentes agencias de la ONU, ONG y trabajadores del Ministerio de Salud congoleño. Tras conocer las denuncias, el secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó que se «investigaran a fondo», y algunas de las ONG se comprometieron a estudiar las acusaciones.
The New Humanitarian sostuvo que si bien el personal de la OMS tuvo conocimiento de las denuncias en mayo de 2019, no fue hasta octubre de 2020 cuando se estableció una Comisión Independiente del organismo, que tardó otros siete meses (abril 2021) en iniciar el trabajo de entrevistas con las víctimas. En su Informe final sobre la revisión del abuso y la explotación sexuales durante la respuesta a la décima epidemia de enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo, presentado el 28 de septiembre de 2021, la Comisión Independiente concluyó que la OMS “no previno ni abordó el abuso sexual generalizado durante la respuesta al Ébola” en el país.
El informe expone que se realizaron unas 150 entrevistas a víctimas, de las cuales al menos nueve declararon haber sido violadas, incluida una niña de 13 años; los abusos provocaron 29 embarazos; que la mayoría de las víctimas eran mujeres que se encontraban en una situación económica y social muy precaria durante la respuesta; que para algunas de las presuntas víctimas trabajar en la respuesta sanitaria representó una oportunidad laboral única en una región donde las oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres, son extremadamente raras; que la gran mayoría de las presuntas víctimas no obtuvieron los trabajos que se les prometieron a pesar de haber mantenido relaciones sexuales; que algunas mujeres, previamente empleadas, aseguraron que seguían siendo acosadas sexualmente por hombres en puestos de supervisión que las obligaban a tener relaciones sexuales para mantener sus trabajos, cobrar o conseguir un puesto mejor pagado; o que algunas mujeres informaron que habían sido despedidas por negarse a tener relaciones sexuales.
Asimismo, en relación a los presuntos perpetradores, la Comisión sostuvo que de los 83 denunciados, más de 20 fueron identificados como trabajadores de la OMS, involucrando tanto a personal nacional como internacional de diferentes categorías: médicos, consultores y personal superior de la OMS; personal del equipo de inmunización y comunicación de riesgos; personal de recursos humanos, en particular encargados de la contratación de jornaleros locales y trabajadores subordinados a corto plazo; conductores; o personal de seguridad.
La Comisión también resaltó que solo una pequeña parte del personal de la OMS involucrado en la respuesta al Ébola (371 de unos 2.800) habían participado en capacitación sobre prevención del abuso y la explotación sexual, y que más del 73% de las funciones de respuesta estaban ocupadas por hombres. Esto se relaciona con otra de las conclusiones del informe que sostiene que el proceso de contratación masiva de trabajadores de la OMS se desarrolló sin licitaciones y sin comprobar antecedentes.
En sus conclusiones, la Comisión señaló los siguientes aspectos: claras fallas estructurales y falta de preparación para manejar los riesgos de incidentes de explotación y abuso sexual; negligencia individual; percepción por parte de las presuntas víctimas de impunidad del personal de la institución; alta vulnerabilidad de algunas presuntas víctimas y apoyo limitado recibido. Frente a ello, se establecieron una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar y fortalecer las políticas y procedimientos de prevención y respuesta a la explotación y el abuso sexual; el desarrollo de actividades de sensibilización entre las comunidades afectadas; o el acceso a la asistencia y derecho a reparación de las víctimas; entre otras.
Es importante recordar que la violencia sexual, producto de la masculinizada cultura de la guerra, ha tenido y tiene efectos dramáticos en el país, en la que han participado no solo todos los actores armados, incluyendo las fuerzas gubernamentales y los cascos azules, sino también las organizaciones humanitarias. Solo en el año 2005 se estimó que en las provincias de Kivu Norte y Sur, 40.000 mujeres habían sido violadas a manos de actores armados.
Tras la presentación de las conclusiones por parte de la Comisión, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió disculpas a las víctimas y prometió depurar responsabilidades, señalando que era un “día oscuro para la OMS”. Muy oscuro.
Mai-Mai OMS
Las críticas por la gestión de la crisis del Ébola en el este de la RDCongo no se quedan ahí. En otro informe presentado en agosto de 2021 por la organización Congo Research Group (CRG) titulado Rebels, Doctors and Merchants of Violence. How the fight against Ebola became part of the conflict in eastern DRC, también se denuncia que la respuesta (nacional e internacional) para contener la crisis del Ébola en el país entre 2018-2020 no solo se vio afectada por la violencia, sino que contribuyó involuntariamente al conflicto. El informe denuncia que debido a la situación de inseguridad en la región del este de la RDCongo, la respuesta sanitaria optó por adoptar un enfoque militarizado con el fin de protegerse de los ataques armados y reducir la resistencia de la comunidad, convirtiéndose en un actor más del conflicto.
Según se recoge en el informe de la Comisión Independiente citado anteriormente, entre el 1 de agosto de 2018 y el 27 de febrero de 2020, la OMS registró más de 420 ataques contra centros de salud y trabajadores que respondieron al décimo brote de Ébola. En ellos, 11 personas murieron y 86 resultaron heridas, lo que derivó, en algunos casos, en la suspensión temporal o permanente de las actividades en los centros de tratamiento del virus.
Congo Research Group sostiene que para hacer frente a la situación de inseguridad se acordó, a través de agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) y en colaboración con el Ministerio de Salud congoleño, pagar tanto a las fuerzas de seguridad gubernamentales como a grupos armados no estatales, lo que generó que la respuesta sanitaria se percibiera como un actor de facto del conflicto, convirtiéndose en una fuente de agravios y de oportunismo, y en cómplice indirecto de la violencia armada, agravando el conflicto. Según denuncia la organización, la OMS estuvo particularmente involucrada en estos pagos, en contradicción con el procedimiento operativo estándar de la ONU. De hecho, algunos entrevistados mencionan que la apodaron “Mai-Mai OMS”, en referencia a los grupos armados Mai-Mai presentes en la región.
El informe describe cómo estos pagos mantuvieron un círculo vicioso de resistencia y violencia, ya que algunos grupos armados no dudaron en favorecer que se prolongara la epidemia para seguir beneficiándose de lo que se ha denominado «Negocio del Ébola«. Asimismo, sostiene que esta práctica socavó el activo más importante para hacer frente a la epidemia: la confianza en los trabajadores de la salud. Es significativo señalar que durante 20 meses se gastaron entre 489 y 738 millones de dólares en la lucha contra el Ébola en el este de la RD Congo.
Según datos de Congo Research Group, en el año 2019 se había subcontratado entre 1.000-2.000 funcionarios de las FARDC (Fuerzas Armadas congoleñas), PNC (Policía Nacional congoleña) y ANR (Agencia Nacional de Inteligencia), por lo que podría decirse que es el tercer actor bélico más grande en el área de Grand Nord (después de las FARDC y MONUSCO). Según datos del Kivu Security Tracker, a finales del año 2020 se contabilizaban solo en las provincias del este de la RDC afectadas por la epidemia del Ébola (Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri) 122 grupos armados irregulares, entre ellos 55 grupos Mai-Mai, lo que da muestra de la enorme fragmentación de actores armados y de la complejidad del conflicto.
También es significativo señalar que la crisis de seguridad en la región ha empeorado desde finales de 2019, en donde se ha vuelto a producir un significativo aumento de la violencia, en comparación con años anteriores. El último informe sobre desplazamiento forzado de UNHCR cifraba, a finales de 2020, en seis millones las personas desplazadas por la violencia en todo el país.
Do not harm
En 1999, después de múltiples episodios de fracasos de operaciones de mantenimiento de la paz, protección de civiles, así como de denuncias de violaciones de derechos humanos y malas praxis por parte de personal humanitario o de agencias de desarrollo, Mary B. Anderson publicaba Do not harm. How aid can support peace or war, abriendo un importante debate en el mundo humanitario. En él, la autora sostenía que la ayuda internacional en emergencias políticas complejas puede no solo no ayudar, sino empeorar el conflicto, alimentando las tensiones, así como generar más daño a las poblaciones. Para tratar de prevenir estos efectos negativos de la ayuda, Anderson proponía la aplicación de un enfoque basado en Capacidades Locales para la Paz (LCP), según el cual se debe partir de la experiencia y el conocimiento local, identificar posibles conflictos y establecer un compromiso proactivo con las comunidades. Han pasado más de veinte años, y es claro que el mensaje sigue sin calar en todos los actores humanitarios.
Cada cierto tiempo (y no mucho) vuelven a surgir en el mundo humanitario –desde misiones de la ONU a respuestas de ONG– nuevos escándalos, nuevas denuncias, nuevas violaciones de derechos humanos. No son “manzanas podridas” ni “casos puntuales”. Es un problema sistémico, arraigado en las estructuras patriarcales, racistas, misóginas, coloniales, homófobas que permean el propio sistema, que no solo está atravesado de violencia directa, también de violencia cultural y estructural que lo sostiene. Y hasta que no entendamos esto, poco se podrá avanzar. Durante más de tres décadas, por ejemplo, se han formulado denuncias de delitos sexuales contra el personal de la ONU en todo el mundo: Haití, República Centroafricana, RDCongo, etc. Si bien la ONU tiene una política de tolerancia cero, ¿por qué persiste la impunidad? Es, sencillamente, insoportable.
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PD. Hace unas semanas se volvía a confirmar un nuevo brote de Ébola en la RDCongo. Viendo los antecedentes es difícil no preguntarse ¿Qué generará más daño, la epidemia o su respuesta? ¿Cuál será esta? ¿Se habrá aprendido alguna lección? ¿Confiará la población congoleña en las instituciones sanitarias? ¿Se habrán modificado-mejorado significativamente los protocolos? ¿Se aplicarán de forma exhaustiva? ¿Se habrá creado algún mecanismo de alerta sobre las conductas denunciadas anteriormente? ¿Se habrá creado algún mecanismo de atención a las víctimas? ¿Y de justicia y reparación? ¿Seguirá la impunidad?
Foto de portada: World Bank Photo Collection
