En los últimos siete años, los juicios contra expresidentes de África subsahariana por la Corte Penal Internacional de La Haya han copado la actualidad jurídica internacional. Por región, África al Sur del Sáhara es la región de donde son originarios la mayoría de dirigentes, inculpados por crímenes de genocidio, que sean expresidentes o jefes de rebeliones armadas. Primero fue la condena de ochenta años del expresidente de Liberia, Charles Taylor, por crímenes de guerra, tráfico de drogas y violaciones de los derechos humanos en Sierra Leona. Siguieron las condenas al expresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y a su vice-presidente William Ruto, por los crímenes cometidos después de la crisis postelectoral de 2008, y actualmente está teniendo lugar el juicio contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, por los crimines cometidos después de la proclamación de las elecciones de 2010. También se ha perseguido a los jefes de las rebeliones armadas de Uganda y de la República Democrática del Congo.
Muchos países del continente africano han sido dirigidos por regímenes autoritarios y dictatoriales desde la primera década de su independencia. Estos regímenes cometieron crímenes de guerra, tortura, violaciones flagrantes de los derechos humanos, arrestos arbitrarios, desaparición de opositores y civiles… Los dirigentes de estos regímenes han sido apoyados por las expotencias coloniales. En el caso del África de expresión francófona, la Françafrique, dirigentes franceses y africanos han actuado al margen de la legalidad constitucional y del derecho internacional, siendo responsables del mal funcionamiento de las instituciones judiciales y de asesinatos de políticos en muchos países africanos.
Si la mayoría de los dirigentes de los regímenes dictatoriales francófonos han escapado de cualquier juicio por sus actos criminales, sea por la protección de otro país como por ejemplo Francia, o por su fallecimiento, parece que el contexto internacional ha cambiado desde el año 2000. La creación de la Corte Penal Internacional ha supuesto una creciente toma de conciencia de las actuaciones de los dirigentes por parte de la ciudadanía y de las organizaciones de víctimas, y un papel cada vez más relevante de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el continente.
El 30 de mayo de 2016 es una fecha importante en la historia reciente del continente africano. Es el día de la sentencia contra el expresidente de Chad, Hissène Habré, en Dakar (Senegal). Tras aproximadamente once meses de juicio tumultuoso, ha sido condenado a cadena perpetua y a indemnizar con entre 10 y 20 millones de francos CFA (entre 15.000 y 30.000 euros aproximadamente) a cada una de las víctimas de sus crímenes. Con este juicio, es la primera vez que se aplica el principio de justicia universal en el continente africano.
Después de una larga batalla judicial, llevada a cabo durante varios años por los demandantes y sus abogados, el antiguo Jefe de Estado de Chad fue arrestado el 30 de junio de 2013 en su domicilio en el exilio en Dakar. Fue inculpado el 2 de julio de 2013 por las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE), un tribunal especial creado en Senegal bajo el auspicio de la Unión Africana (UA) para celebrar su juicio. Un ciudadano belga de origen chadiano interpuso una demanda en un tribunal de Bélgica, recurriendo al principio de justicia universal. Pero el Presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, se opuso a extraditarle. El gobierno llevó el asunto a la Corte de Justicia Internacional de La Haya, que no tenía competencia para juzgar tal crimen. Bajo la presión internacional, en un contexto nuevo con la creación de la CPI y el rechazo de una justicia internacional arbitraria —porque la CPI juzga más a los dirigentes africanos que a otros—, la UA decidió la creación de las Cámaras Extraordinarias Africanas, un tribunal especial para juzgar al expresidente de Chad. El nuevo Presidente de Senegal desde marzo de 2012, Macky Sall, fue favorable a juzgar al exdictador chadiano en su país. Participaron jueces de varios países africanos, el presidente del tribunal era de Burkina Faso, y contó con un presupuesto de 4,8 billones de francos CFA (7,4 millones de euros) financiado principalmente por Chad, la Unión Europea, los Países Bajos, la Unión Africana, Alemania, Bélgica y Francia.
Este juicio ha ocultado una cuestión importante: la complicidad de los gobiernos franceses con los dictadores africanos. El dictador chadiano se ha beneficiado del apoyo militar y financiero de los gobiernos franceses bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing y de François Mitterrand. Los servicios secretos, los militares y los cooperantes franceses han colaborado con el régimen dictatorial, minimizando sus atrocidades. Los intereses económicos y estratégicos de Francia han sido preservados más que la defensa del derecho y de los derechos humanos. Y, más tarde que nunca, el gobierno francés retiró su apoyo militar al presidente Hissène Habré para pasar a dárselo al futuro presidente, un rebelde armado que ya contaba con el apoyo del gobierno sudanés: Idriss Déby Itno. Sin embargo, quien suministra armas y ayudas es también culpable de los actos por los que se juzga a los responsables.
Si el proceso de Habré ha mostrado que es posible llevar ante la justicia a un dictador, no ha satisfecho a toda la comunidad jurídica africana: dio una imagen negativa de la justicia contra los criminales de guerra africanos. Por decisión del Presidente del Tribunal, Habré fue llevado a la fuerza por los guardianes senegaleses. En las audiencias, no contestó a las preguntas. Pero el principal error de este juicio histórico es la ausencia de varios responsables de la época, culpables también de crímenes y de violación de los derechos humanos. Distinguiendo entre el nivel de decisión y el nivel de ejecución, varias de las personas que siguen ocupando altos puestos en el gobierno actual intervinieron en los crímenes de los que se acusaba a Habré. Por otra parte, el Presidente Idriss Déby Itno también debería ser juzgado, porque participó en los actos de los que se ha culpado a su antecesor. Aceptó colaborar en el juicio contra Habré, pero cambió de parecer por temor a ser acusado por este. No hay que olvidar que era Comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales. Fue el principal responsable del llamado Septiembre Negro en 1984, con la masacre de grupos étnicos del sur del país. Como Presidente, sus mandatos han estado marcados por el autoritarismo y la violencia contra sus opositores y la población civil.
Hoy en día, en muchas partes del continente, dirigentes cometen crímenes de guerra sin temor a ser detenidos. Es el caso del Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, quien tras lograr un tercer mandato presidencial a pesar de la prohibición por la constitución recurre a la violencia contra su población. Hay miles de personas que han sido secuestradas, matadas; otras miles han huido a los países vecinos. En aquellos países donde hubo y hay una crisis política después de la proclamación de los resultados electorales, los dirigentes recurren fácilmente a la represión contra la oposición y las poblaciones civiles. Es el caso de países como Burundi, la República de Yibuti, el Congo-Brazzaville o Gabón.
No creo que haya una justicia internacional eficaz y justa. Se parece más a una justicia de los vencedores. Como los juicios que tienen lugar estos últimos años en la CPI, muchos crímenes escapan a la aplicación del derecho. Esta justicia tiene una doble vara de medir: desarrolla una capacidad de enjuiciar a los más débiles dejando impunes a los más fuertes, porque sus países no han ratificado el tratado de Roma y por lo tanto no van a ser juzgados por la CPI. En el ámbito nacional, hay otra vara de medir: los perdedores son siempre sospechosos, se persiguen, se arrestan y son enjuiciados por la CPI. Es el caso de la crisis postelectoral de Costa de Marfil. A día de hoy, no hay un miembro del bando ganador, es decir, en el poder, que haya sido inculpado, arrestado y enjuiciado. En una crisis o una guerra civil, hay dos partes y las dos tienen responsabilidades en los crímenes y actos de genocidio contra la humanidad. La justicia neutra será la capacidad dada a las/os juezas/es nacionales de procesar a un/a dirigente en el poder por los actos contra las poblaciones civiles y, de esta manera, hacer respetar las leyes del país. Una justicia abierta a la ciudadanía.
Este juicio ha sido a la vez una novedad y una decepción. Novedad en materia judicial en el continente africano. Es el primer juicio contra un exdirigente acusado de crímenes contra la humanidad. Y una decepción para los pueblos africanos y las/os defensoras/es de los derechos humanos, porque no ha tenido un impacto en la vida política y social en los países africanos. Desde hace tres años, asistimos a la comisión de genocidios en Burundi, en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, entre otros países; a la represión contra opositoras/res, contra manifestantes, a la violación sistemática de derechos humanos en otros lugares como la República de Yibuti, Etiopía o Uganda. Los tribunales creados para juzgar a Hissène Habré eran especiales y, por lo tanto, no son permanentes, lo que quita una presión sobre las/os dirigentes políticos, responsables de organismos y servicios públicos de la represión y de la violación de un régimen político. La creación de este tipo de tribunales depende de la voluntad de la Unión Africana y de actores exteriores, especialmente en cuanto a su financiación. ¿Se volverá a repetir la misma experiencia en otros casos?
Los sistemas judiciales de los países africanos son todavía incapaces de enjuiciar a los dirigentes políticos por actos de guerra y otros crimines que cometen durante sus mandatos. En los códigos penales de estos países, no se recogen los crímenes contra los dirigentes. Sin embargo, en los países africanos, existe una Alta Corte de Justicia para juzgar actos considerados de alta traición, cometidos por el Jefe del Estado u otros miembros del gobierno. Ningún presidente o político en el ámbito nacional ha sido juzgado. Los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, asesinatos y violencia contra poblaciones civiles no son de su competencia.
Autor: Mohamed Abdillahi Bahdon, Licenciado en Ciencias Políticas, bahdonabdillahi@gmail.com
Foto de portada: Ben Sutherland
