En Mozambique, el 25 de septiembre se celebró, un año más, el día de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM). Esta fecha señala el inicio de la Lucha de Liberación Nacional contra el régimen colonial portugués. Este año 2020 se han cumplido 46 años desde que aquel 25 de septiembre de 1964, en el que guerrilleros del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) asaltaron el Puesto Administrativo de Chai, provincia norteña de Cabo Delgado. 11 años después se declararía la independencia total y completa. Este año, a pesar de las distintas conmemoraciones que tuvieron lugar por toda la geografía nacional, la realidad político–militar del país invita a una profunda reflexión sobre cuestiones cruciales relacionadas con el presente y el futuro de la nación, así como con los Derechos Humanos en el país.
Insurrección islámica en la tierra del gas
Desde octubre de 2017 la provincia de Cabo Delgado vive inmersa en un conflicto armado que se ha cobrado más de 1.000 vidas y ha generado un éxodo de más de 250.000 personas, según datos de Naciones Unidas. Como suele ocurrir en estos casos, empezó con ataques aislados contra población civil, y se ha ido transformando hasta convertirse, en la actualidad, en un problema de seguridad nacional que trasciende incluso las fronteras del país. Tuvo que pasar más de un año hasta que, tras un aumento de ataques y toma de posesión de instituciones de gobernación y militares por parte de los insurgentes, el gobierno alteró su versión oficial inicial que consideraba los acontecimientos como «actos aislados perpetrados por vándalos», y lo catalogara como «insurrección islámica que amenaza a la paz nacional, a las inversiones y a la vida de las poblaciones locales». A pesar del progresivo aumento de la militarización de la zona, la contratación de empresas de seguridad militar extranjeras y la convocatoria de reuniones extraordinarias con países vecinos, la sensación y las informaciones que llegan (relativamente escasas y, según la fuente, distorsionadas) es de una progresiva pérdida de territorios, abandono por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM) y el progresivo aumento de la capacidad de los insurgentes. Según algunos expertos, tras tres años el conflicto ha adoptado una magnitud mucho mayor, siendo su resolución mucho más compleja. Rodeado de hipótesis e incertidumbres, se supone que se trata de una facción vinculada al Estado Islámico, que muchos de ellos hablan la lengua portuguesa y las lenguas locales, confirmando la tesis del masivo reclutamiento (voluntario o forzado) de población local para adherirse a la insurgencia. Se desconocen sus fuentes de financiación pero se tienen evidencias de una elevada capacidad militar, además de la facilidad con la que se infiltran en comunidades, pueblos y ciudades siendo extremamente difícil identificarlos. La frontera con Tanzania se entiende como uno de los puntos clave a nivel de corredor de comunicaciones, envío de armamento y otros materiales, así como entrada de insurgentes.
No puede explicarse esta realidad sin contextualizar que en Cabo Delgado se encuentra una de las mayores reservas de gas de todo el continente. El Consorcio de Gas Natural formado por la francesa Total (tras adquirir el 26,5% de las participaciones de la norteamericana Anadarko), la italiana ENI, la norteamericana Exxon Mobile, la empresa estatal mozambiqueña ENH, la portuguesa Galp y la surcoreana Kogas, anunciaba a medidos de 2019 “una de las mayores inversiones jamás vista”. Existe un debate abierto alrededor del fenómeno del terrorismo y los proyectos del gas, que bien merece ser analizado desde diversos enfoques. Semanas atrás, se asistió a la firma del acuerdo entre el gobierno y la multinacional francesa Total para el refuerzo de la seguridad en las zonas de exploración del gas, lo que ha creado también cuestionamientos sobre la privatización de la soberanía nacional.
Violaciones de derechos humanos y crímenes por parte de las Fuerzas Armadas
En el mes de setiembre, Amnistía Internacional (AI) emitía un comunicado en el que pedía al gobierno de Mozambique iniciar una “investigación independiente e imparcial sobre torturas y otras violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad” en la provincia de Cabo Delgado, tras haber analizado un conjunto de imágenes obtenidas desde el año 2017 que muestran “tentativas de decapitación, tortura y posibles ejecuciones extrajudiciales”.
Días después, nuevos sucesos ponían en alerta a las fuerzas vivas de la sociedad mozambiqueña e internacional. Un vídeo difundido a través de las redes sociales ponía de manifiesto lo que se venía alertando. En él, se puede ver un grupo de individuos vestidos con uniforme militar, ejecutando a tiros a una mujer que se encontraba completamente desnuda. La mujer, que iba con su hijo, se cruzó en su camino con un grupo de militares que terminaron brutalmente con su vida tras golpearla repetidamente y asestarle 36 disparos. Según revelaba un nuevo comunicado de AI, un militar afirmó a los investigadores de la organización que la reacción de las Fuerzas Armadas fue justificada por el hecho de “la mujer haber embrujado al ejército mozambiqueño y haberse negado a mostrarle el escondite de los insurgentes”.
En dicho comunicado, AI condenaba “las terribles violaciones y crímenes bajo el derecho internacional que se están cometiendo” lo que “demuestra un patrón repetido e implacable de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas mozambiqueñas”.
La reacción de Ministerio de Defensa no se hizo esperar y el mismo martes 15 de septiembre emitía un comunicado afirmando que “las Fuerzas de Defensa y Seguridad consideran las imágenes chocantes, abusivas, repugnantes, horripilantes y por encima de todo condenables en todas sus dimensiones”.
La indignación y la preocupación de la población de todo el país es latente, aunque no se manifiesta con acciones ni manifestaciones concretas. Sí que ha habido comunicados de repudio por parte de la sociedad civil nacional, y en concreto del sector defensor de los derechos de las mujeres. Del exterior también ha habido reacciones al respeto, como demuestra las recientes declaraciones del Parlamento Europeo instando al gobierno de Mozambique a “tomar medidas eficaces y decisivas en el combate a la insurrección islámica y a proteger a todos los ciudadanos de Cabo Delgado”.
En la película ‘Tren de Sal y Azúcar’ el director mozambiqueño, Licínio Azevedo, relata acontecimientos de la guerra civil que azotó al país desde 1976 hasta 1992, retratando el sentir de la población en estos contextos reflejado en la afirmación de uno de los personajes al referirse que ‘a veces tienes más miedo del que te defiende que del enemigo’.
Inestabilidad sin fin en la zona central del país
En Agosto de 2019, la FRELIMO y la RENAMO celebraban en un ambiente de júbilo y acompañados por personalidades relevantes del continente africano y de la diplomacia internacional, la firma de los Terceros Acuerdos de Paz entre ambos partidos políticos. La historia reciente es escrita por permanentes períodos de conflicto en la zona centro del país, fruto de las divergencias entre los dos grandes partidos nacionales en cuestiones como la descentralización política, la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales. Esta falta de una paz efectiva se pone de manifiesto en hechos como que en 2019 tuvieran que ser firmados los terceros acuerdos de paz en apenas 27 años desde que fuera firmado el primero que puso fin a 16 años de guerra civil (Acuerdos de Roma).
A diferencia de ocasiones pasadas, esta vez el conflicto ha sido retomado por la autoproclamada Junta Militar de la RENAMO, que no reconoce al nuevo líder del partido, Ossufo Momade, tras la muerte del fundador y líder desde su creación, Afonso Dhlakama, en Mayo de 2018. Esta Junta Militar considera «el acuerdo de paz como nulo» y ha retomado estrategias de desestabilización basadas en esconderse en los bosques del centro del país y protagonizar ataques esporádicos contra civiles indefensos. El partido RENAMO ya ha manifestado en diversas ocasiones que no reconoce ni comparte los actos de la Junta Militar, instándola a detener sus acciones contra la población.
Durante las últimas semanas las acciones de esta junta militar han ido en aumento, contabilizando dos muertes y cuatro heridos en la provincia de Manica. La población ha vuelto a abandonar sus casas y zonas de producción buscando lugares seguros, además del impacto económico fruto de las condiciones de inseguridad de la única vía de comunicación terrestre que conecta el país de Sur a Norte.
Cuando el desgaste y el escepticismo se apoderan de la población
Tiempos difíciles para esta república del sureste del continente africano, estancada en las posiciones más bajas del Índice de Desarrollo Humano según NNUU, y en las eternas promesas de riquezas y bienestar para un pueblo que ha ido poco a poco perdiendo la esperanza. Años atrás, se optó por confiar gran parte del futuro de la nación a los megaproyectos extractivos de Cabo Delgado, cuyo impacto en la población presenta en la actualidad un balance negativo fruto de la pérdida de sus tierras y medios de vida, y de la instauración de una insurrección armada cuyo fin se antoja lejano.
Mozambique necesita hoy potenciar su economía y productividad nacional, redistribuir la riqueza y desplazar el centro localizado en su capital, Maputo, hacia las provincias, promoviendo un crecimiento territorial y socialmente equitativo. Se ha constatado que una de las principales fuentes de captación de personas para hacer parte de la insurrección armada proviene de la propia población local, fruto de una pobreza cada vez mayor en un contexto en el que se vienen anunciando utopías de riquezas que nunca terminan de revertir en la ciudadanía nacional.
Otras fuentes de información
Instituto de Estudios Sociales y Económicos Mozambique (IESE), Radicalización Islámica en el Norte de Mozambique
Zitamar News – portal de información asociado al Proyecto de Datos sobre Acontecimientos y Localización de Conflictos Armados (ACLED). Es uno de los pocos medios con mayor información actualizada sobre el conflicto.
