El martes 21 de mayo se hacía público el desenlace de una de las mayores crisis políticas del Mozambique independiente. Manuel Chang, antiguo ministro de Finanzas, será extraditado por la justicia sudafricana a su país de origen, Mozambique, y no a Estados Unidos, donde se originó inicialmente su orden de detención. Manuel Chang fue detenido el pasado mes de diciembre en el aeropuerto de Johannesburgo por petición de la justicia estadounidense, que le acusa de crímenes de blanqueo de capitales y fraude financiero y electrónico, entre otros.
Este no es otro caso más de corrupción, no es un caso más de complicidad entre gobernantes y banca privada, tampoco es un caso más en el contexto de gobernanza elitista y corrupta del establishment actual. Un antiguo delegado del gobierno estadounidense en el continente africano catalogó la cadena de «deudas ocultas e ilegítimas de Mozambique» como el mayor caso de corrupción del continente africano.
Un buen día el país se despertó con titulares alarmantes en los grandes medios nacionales.
El antiguo gobierno había contraído deudas avaladas por el estado
para la pesca de atún por un valor superior a los 700 millones de dólares.
Corría el año 2015 y la república de Mozambique continuaba su camino de crecimiento económico acelerado, o así lo reflejaban los grandes indicadores macroeconómicos, con un crecimiento del PIB superior al 6% anual. Pero de repente, todo se tambaleaba. Un buen día el país se despertó con titulares alarmantes en los grandes medios nacionales. El antiguo gobierno había contraído deudas avaladas por el estado para la pesca de atún por un valor superior a los 700 millones de dólares. A lo largo de las siguientes semanas, aparecen los nombres de dos empresas implicadas más, ambas estatales, aumentando el valor de la deuda pública contraída, de manera ilegítima, hasta los 2,2 miles de millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, el PIB anual de Mozambique es de 12,33 miles de millones de dólares.
EMATUM, MAM y ProIndicus, tres empresas creadas en los sectores de pesca y seguridad nacional, eran el epicentro de un entramado de corrupción orquestado entre algunos miembros del antiguo gobierno y dos grandes bancos, el Credit Suisse y el ruso VTB. En ningún momento el proceso había pasado por los órganos de gobierno, como la Asamblea de la República, lo que supone una violación de las leyes y los sistemas de gobernanza nacionales.
Las consecuencias no tardaron en hacerse evidentes. Un gran número de donantes internacionales retiró de inmediato su apoyo al estado mozambiqueño. FMI, embajadas europeas y otros financiadores cerraban las puertas ante la estupefacción de las noticias que abrían todas las portadas de prensa. El metical, la moneda nacional, sufrió una devaluación de más del 100% destrozando la capacidad adquisitiva de la ciudadanía de un país puramente importador, y debilitando enormemente la capacidad del estado. Se decía que, a largo plazo, estarían hipotecadas generaciones enteras.
A lo largo de los últimos meses el futuro de Manual Chang ha sido uno de los temas principales tanto a nivel político como periodístico, y vox populi en las calles de las ciudades. La justicia sudafricana se encuentra en la peor posición posible. Semanas después de la detención provocada por la orden internacional emitida por EEUU, la fiscalía mozambiqueña solicitaba que fuese extraditado a su país de origen. Si partimos del principio de la separación de poderes, las relaciones políticas, históricas y económicas entre Sudáfrica y Mozambique no deberían influir en la decisión, tratándose de un caso extrictamente judicial.
Muchos factores entraban en juego. Por un lado, la ya comentada relación histórica entre los dos países del África Austral; las relaciones comerciales y económicas entre los EEUU y Sudáfrica; la separación de poderes; la confianza en la justicia mozambiqueña y su capacidad para hacer frente a cuestiones de esta envergadura; los intereses reales de los EEUU en un caso que concierne a un país como Mozambique, que guarda algunas de las reservas más grandes de recursos naturales –gas, sobre todo– encontrándose justo en una fase inicial de explotación; la estabilidad y la unión internas del partido FRELIMO, al frente del estado desde su independencia, entre otros.
El pasado 21 de mayo el ministro de Justicia sudafricano emitió un comunicado.
«considero que los intereses de la justicia estarán bien servidos
aceptando la petición de la República de Mozambique».
Después de meses de audiencias y retrasos en la toma de la decisión final, el pasado 21 de mayo el ministro de Justicia sudafricano emitió un comunicado. «Entiendo que la solicitud de los EEUU fue recibida semanas antes que la solicitud de Mozambique. Además, considerando el contexto en su conjunto y tanto los criterios establecidos en el acuerdo de extradición entre los EEUU y Sudáfrica, como el protocolo de extradición de la SADC (Unión de los Países del África Austral), así como los hechos relevantes, considero que los intereses de la justicia estarán bien servidos aceptando la petición de la República de Mozambique».
La reacción del lado estadounidense no se hizo esperar. La embajada del país en Pretoria afirmó haberse enterado de la resolución por la prensa «en gran desacuerdo por el hecho de que pese a haber recibido nuestra petición formal de extradición antes que la de la República de Mozambique, el ministro sudafricano haya decidido extraditar al antiguo ministro de Finanzas, Manuel Chang, a Mozambique».
Aunque EEUU está en su derecho de recurrir la decisión, lo que paralizaría, momentáneamente, el regreso de Chang a Maputo, todo indica que el antiguo ministro de Finanzas, corresponsable de una de las mayores tramas de corrupción internacionales, pondrá a prueba la credibilidad a nivel interno y externo de Mozambique en términos democráticos y jurídicos.
Autor: Álvaro García. Coordinador de Radio Comunitaria Maxaquene (Maputo), Mozambique.
Foto de portada: Manuel Chang, Africa Rising Conference, mayo 30, 2014 en Maputo, Mozambique. IMF Photograph
