Durante los últimos meses el conflicto armado que se desarrolla en Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), lideradas por el presidente del Consejo Soberano, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por el vicepresidente del Consejo, el teniente general Mohammed Hamdan Dagalo “Hemedti”, se ha intensificado notablemente en el oeste, sur y este del país (regiones de Darfur, Kordofán y Mar Rojo) y en Jartum, capital del país. Tras ocho meses desde el estallido de los enfrentamientos armados el 15 de abril de 2023, la violencia en Sudán se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas y alrededor 7,5 millones se han visto desplazadas forzosamente por la violencia.
El origen de este nuevo conflicto armado en el país remite a las discrepancias entre el Ejército y el grupo paramilitar RSF a principios de año durante las negociaciones para el establecimiento de un nuevo gobierno de transición, por la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo alusivo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando. Este hecho dio pie al estallido de combates que inicialmente se concentraron en la capital, Jartum, aunque durante el año se fueron intensificando y extendiendo a casi todo el país. De forma paralela, múltiples iniciativas de mediación y negociación de paz han sido desplegadas por parte de diferentes actores nacionales e internacionales para obligar a las partes a poner fin a las hostilidades y retornar a la mesa de negociaciones. Paralelamente, en los últimos meses las RSF han seguido avanzando, consolidando su dominio territorial en Darfur, controlando a finales de año cuatro de sus cinco estados, lo que ha generado que los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba (2020) rompan su neutralidad en la disputa y emerjan como nuevos actores en la guerra. Esta nueva crisis en el país, originada tras la inestabilidad política en Sudán producto del golpe militar del 25 de octubre de 2021, ha socavado las esperanzas de lograr una transición pacífica e inclusiva y ha puesto en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz de Juba, la consolidación de la paz, el establecimiento del estado de derecho y el desarrollo económico del país. Además, representa una importante amenaza para la estabilidad regional.
Evolución del conflicto armado
En un inicio los enfrentamientos armados entre las SAF dirigidas por al-Burhan y las RSF comandadas por Dagalo se concentraron principalmente en la capital, Jartum, matando a cientos de personas en los primeros días y desplazando a miles de personas. Sin embargo, durante el año se fueron intensificando y extendiendo los combates en casi todo el país, en particular en todos los estados de Darfur (Septentrional, Central, Occidental, Norte y Meridional) Kordofán del Norte y del Sur, Kassala, Gedarif, Mar Rojo o Nilo Azul. El Ejército de Sudán tomó el control de varias ciudades, incluidas Kassala y Port Sudan en el este, mientras que las RSF tenía ventaja en la región de Darfur, y los combates se intensificaron por el control de Jartum. La dinámica del conflicto armado se ha caracterizado por los ataques de las SAF a ciudades con artillería pesada y bombardeos aéreos, mientras que las RSF emplean técnicas de guerra de guerrillas y misiles tierra-aire, al no disponer de aviación.
Si bien durante varios meses los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba, entre ellos Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (MLPS-N)-facción Malik Agar y el Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM), declararon su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso del tiempo fueron tomando partida en las hostilidades.
En la región de Darfur el estallido de los enfrentamientos entre las SAF y RSF sumió a la región en la peor crisis desde el fin de la guerra civil. En el mes de mayo, ya con los combates entre las SAF y las RSF intensificados en la región, se agravaron las tensiones intercomunitarias, especialmente entre grupos árabes rizeigat (de donde proviene la mayor parte del personal de RSF) y no árabes masalit. Este incremento de la violencia motivó que el gobernador de Darfur y líder del SLA-MM, Minni Minnawi, pidiera el 28 de mayo a los habitantes de Darfur que se armaran, aumentando el riesgo de guerra civil. Durante los siguientes meses, las RSF se hicieron con el control de amplias regiones de Darfur Central, Meridional, Oriental y Occidental, concentrando su ofensiva sobre Darfur del Sur, que fue capturada en octubre tras la conquista de su capital Nyala, y sobre Darfur del Norte. En noviembre, tras el avance de las RSF hacia El Fasher, capital de Darfur del Norte, diferentes grupos armados signatarios darfuries del Acuerdo de Paz de Juba, cuyos miembros provienen en gran medida de la comunidad zaghawa, renunciaron a la neutralidad y se unieron a las SAF. Este hecho podría tener importantes repercusiones sobre Chad, país donde la comunidad zaghawa domina el gobierno y el Ejército. En diciembre, el Ejército sudanés acuso a Chad (y a Emiratos Árabes Unidos) de facilitar apoyo a las RSF y se produjeron expulsiones recíprocas de personal diplomático.
Por otro lado, en Kordofán Sur y Nilo Azul el deterioro de la situación de seguridad motivó que el 8 de junio el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) se movilizara. A partir de ese momento y hasta finalizar el año, en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, el grupo rebelde SPLM-N siguió ampliando su presencia en la guerra, emergiendo como la tercera fuerza en el conflicto.
Entre otros eventos destacados durante el año, a finales de agosto, después de meses de asedio de las RSF en Jartum, el jefe del ejército, general Abdel Fattah al-Burhan, escapó del cuartel general. Los combates se mantuvieron durante el resto del año en Jartum y la vecina ciudad de Omdurman, y se fueron intensificando también en el este y otras zonas del sur del país. Debido a la crisis de seguridad en el país, a principios de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió la terminación del mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), el cese de sus operaciones a partir del 4 de diciembre, y el cierre de esta en un período de tres meses, que finalizará el 29 de febrero de 2024.
Negociaciones para la resolución del conflicto
Desde que iniciaron los combates se han activado diferentes esfuerzos e iniciativas de mediación por parte de múltiples actores nacionales e internacionales para poner fin a las hostilidades y retomar las negociaciones de paz. A pesar de los intentos iniciales de la Unión Africana de garantizar un proceso de mediación coordinado, los espacios de mediación se han superpuesto y no han tenido coordinación ni resultados. Si bien durante el año se logró acordar diferentes altos el fuego (por ejemplo, el 24, 27-30 de abril; 4-11, 22-31 de mayo; 20, 26-27 de junio) y treguas humanitarias, la mayoría tuvieron una duración máxima de 72 horas y en ningún caso se logró el cese de la violencia, sufriendo violaciones continuadas por ambas partes.
Entre las iniciativas de mediación más destacadas, resaltaron la liderada por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la impulsada por EEUU y Arabia Saudita, aunque también la Liga Árabe, Chad o Egipto impulsaron sus propios espacios. La IGAD conformó el 16 de abril una iniciativa de alto nivel formada por los presidentes de Kenia, Sudán del Sur y Djibouti –que posteriormente se ampliaría también a Etiopía–, para mediar entre las partes. Posteriormente, el 12 de junio, la IGAD, en la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, adoptó una hoja de ruta para la resolución del conflicto, nombrando al Presidente de Kenia, William Ruto, presidente de la iniciativa, hecho que motivó su bloqueo por parte del Ejército de Sudán, que se opuso a que Kenia asumiera la presidencia.
Paralelamente, a principios de mayo EEUU y Arabia Saudita impulsaron “conversaciones previas a la negociación” entre las partes en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudita). Estas conversaciones dieron lugar a la firma de la Declaración de Compromiso para Proteger a la Población Civil el 11 de mayo. Sin embargo, a principios de junio se suspendieron temporalmente las conversaciones a causa de “graves violaciones repetidas” cometidas por ambas partes y EEUU anunció la imposición de sanciones a cuatro empresas afiliadas a las partes beligerantes. La segunda ronda de conversaciones en Jeddah se desarrolló entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre, y en ella actuaron también como cofacilitadores la IGAD y la UA junto con EEUU y Arabia Saudita, en un intento por mejorar la coordinación de las iniciativas. La ronda tampoco supuso avances sustantivos en la resolución del conflicto.
Los esfuerzos de mediación lograron el anuncio, a finales de año, de una reunión presencial en Djibouti entre los líderes de las SAF y RSF, pero esta finalmente fue pospuesta por «razones técnicas». Dicho encuentro habría representado la primera vez que al-Burhan y Dagalo se reunían desde el inicio de la guerra.
Durante el último trimestre, ambos lideres militares viajaron por la región con el objetivo de recabar apoyos. Al-Burhan se reunió con diferentes mandatarios, entre ellos con los de Egipto, Sudán del Sur y Eritrea, mientras que Dagalo fue recibido por los líderes de Uganda, Etiopía, Kenia, Sudáfrica o Djibouti, lo que fue calificado por parte de al-Burhan como «actos de hostilidad». Dagalo también se reunió el 2 de enero de 2024 en Addis Abeba con la coalición civil sudanesa liderada por el ex primer ministro, Abdalla Hamdok, Coordinación de las Fuerzas Civiles Democráticas, conocida como Taqaddum. El encuentro dio lugar a una declaración conjunta, la Declaración de Addis Abeba, que incluyó compromisos para el retorno de las millones de personas desplazadas a sus hogares, crear pasajes seguros e incluir a civiles en las conversaciones de paz. En la firma del acuerdo, que pretende servir como base para futuras negociaciones y lograr un acuerdo político, el grupo paramilitar anunció que estaba abierto a un alto el fuego inmediato e incondicional y a entablar conversaciones con las SAF, siendo estas rechazadas por al-Burhan.
Situación humanitaria
Desde que estalló la guerra a mediados de abril, más de 7,5 millones de personas se han visto desplazadas forzosamente de sus hogares, de las cuales, 1,3 millones son personas refugiadas y más de 6 millones son civiles desplazados internamente, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Durante el último trimestre del año estas cifras han aumentado considerablemente a medida que la guerra se ha extendido por los estados de Darfur y Gezira, desplazando, solo en diciembre, a unas 300.000 personas en cada una de estas zonas. Asimismo, Naciones Unidas alertó de que en el país las necesidades humanitarias, que ya alcanzaban niveles récord antes de los enfrentamientos con una tercera parte de la población en situación de necesidad de asistencia humanitaria, han aumentado drásticamente durante el año hasta llegar a los 25 millones de personas, añadiendo que la magnitud de la crisis podría desestabilizar toda la región.
Por otro lado, los datos sobre la intensidad y letalidad del conflicto durante el año recogidos por ACLED dan muestra de más de 13.000 muertes en el país por episodios violentos desde que estallaron los primeros combates en abril, concentrándose estas en la capital y en los estados de Darfur. Esta alta intensidad de la violencia en Darfur, provocó que la Corte Penal Internacional informara en julio de la apertura formal de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Darfur después de que la ONU denunciase el descubrimiento de varias fosas comunes con cadáveres de al menos 87 personas de la comunidad masalit en Darfur Occidental. Amnistía Internacional, en un informe publicado en agosto, “Death Came To Our Home”: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan”, también documentó la comisión de crímenes de guerra generalizados cometidos por ambas partes en el conflicto. Estos hechos generaron que 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptase la Resolución A/HRC/RES/54/2 en la que estableció una Misión Internacional de Investigación Independiente para Sudán con el mandato de investigar y establecer los hechos, circunstancias y causas fundamentales de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos, así como violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado.
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Foto de portada: U.S. Institute of Peace
Texto original publicado en: Escola de Cultura de Pau, Escenarios de riesgo y oportunidades de paz, Enero de 2024
