En estos días y una vez más, Mali se sitúa bajo los focos de la actualidad internacional. El pasado 9 de enero de 2022, las dos principales organizaciones regionales de la zona, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Monetaria De África Occidental (UEMOA), impusieron una serie de sanciones al país, al estimar que un retraso de las elecciones previstas para febrero y la prolongación de la transición a un régimen civil eran inaceptables. Como bien subrayan analistas y observadores de la situación dentro y fuera de África, como el Partido Comunista Francés, estas sanciones son equiparables en muchos aspectos a las que sufrió Costa de Marfil durante la crisis poselectoral de 2010-2011. En ambos casos se trata, además de la previa congelación de activos de miembros de la junta militar que actualmente dirige el país, de un bloqueo de las divisas y el cierre de las fronteras. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Costa de Marfil (que llegó a sufrir el bloqueo de medicamentos y finalmente, bombardeos y una ofensiva militar que causó miles de muertos), en Mali se permite la llegada de bienes de primera necesidad. Sin embargo y siempre en analogía con el caso marfileño, la CEDEAO anunció que moviliza sus fuerzas armadas a la espera de una “probable intervención”, si esta fuera necesaria. Estas medidas de las organizaciones regionales han suscitado sentimientos encontrados entre las poblaciones de la región, dividida entre el apoyo y la indignación.
REACCIÓN EN MALI
Mali ha contestado al embargo regional con medidas de reciprocidad: cerrando sus fronteras y repatriando a sus embajadores en los países de la CEDEAO. El jefe de la junta maliense, el coronel Assimi Goita, realizó una declaración televisiva calificando las sanciones de “inhumanas” y llamó a la población a la calma y la moderación. Por otro lado, mientras que algunos partidos políticos (incluido el del depuesto presidente Ibrahim Boubacar Keita, derrocado por los actuales dirigentes del país) estiman justificadas estas sanciones, un número de organizaciones de la sociedad civil (religiosas, profesionales y sindicatos) han manifestado su indignación a unas sanciones que perciben como injustas.
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE A LAS SANCIONES CONTRA MALI
Como era de esperar, una Francia que ya acumulaba mucho rencor contra Bamako apoyó las sanciones. En cuanto a la UE, de nuevo muestra seguidismo con Francia, que actualmente preside la organización. La ONU no se ha pronunciado oficialmente, puesto que China y Rusia bloquearon una propuesta de resolución para sancionar el país africano en la reunión del Consejo de Seguridad del 11 de enero. Estados Unidos expresó oficialmente su apoyo a la organización. En lo que se refiere a la propia África occidental, las posturas no son unánimes. La República de Guinea, suspendida de las instituciones que nos conciernen debido al golpe de Estado del coronel Mamady Doumbuya en septiembre de 2021, anunció no sentirse representada por la decisión de CEDEAO y UEMOA. Argelia, la potencia africana más involucrada en la crisis maliense, expresó su inquietud frente a una transición militar demasiado larga y ofreció su mediación en esta nueva crisis entre Mali y la CEDEAO.
LA CEDEAO Y EL DOBLE RASERO EN CUESTIONES DE DEMOCRACIA
La cuestión del orden constitucional y de los golpes de Estado es uno de los problemas que peor maneja la CEDEAO.
En primer lugar, la diferencia entre casos se podría considerar un agravio comparativo. Las sanciones tomadas contra la República de Guinea (que solo fue suspendida de las instituciones de la organización tras el último golpe de Estado) no son comparables a las que se toman contra Mali, que -al día siguiente de la toma del poder por los militares, el 21 de agosto de 2020- sufría un cierre de fronteras y una amenaza de intervención militar por parte de la CEDEAO. A pesar de que se trata de pronunciamientos militares en ambos casos. El laxismo de la organización ante el golpe de Estado en Guinea y, sobre todo, la cálida acogida dispensada al nuevo líder de Chad, que -aunque en circunstancias distintas- llegó al poder pisando su propia constitución tras el controvertido deceso de su padre, provoca legítimos interrogantes. De hecho, las reacciones de la CEDEAO se producían, en los dos últimos casos, en un contexto en el que tanto Doumbuya como Deby tenían algo en común: su cercanía con Francia.
Si nos ceñimos a la estricta definición de la democracia, la CEDEAO no se ubica bien para dar lecciones en esta materia. La organización está repleta de jefes de Estado que llegaron al poder de forma no democrática. El organismo se ha retratado con su silencio frente a numerosos casos de violación del orden constitucional, como el de la República de Guinea, donde Alpha Condé se impuso para un tercer mandato presidencial a costa de 90 muertos en una represión salvaje y prolongada de las protestas ciudadanas que exigían el respeto a su constitución, que los limita a dos.
Guinea no es una excepción. Alassane Ouattara (jefe de Estado marfileño) debe su sitio en la CEDEAO al hecho de aferrarse al poder, exactamente igual que Condé, a costa de miles de heridos y 85 muertos, fruto de la represión contra su propia población que exigía el respeto al orden constitucional (de nuevo, un tercer mandato ilegal), un respeto que quieren imponer a Mali a golpe de sanciones. Lo mismo se podría decir de Faure Gnassingbe, presidente de Togo en el poder desde 2005, que también reprimió unas protestas ciudadanas en 2017, causadas por su enésima candidatura y que se saldaron con, al menos, seis muertos entre los manifestantes. Otros “campeones” de la democracia de la CEDEAO son los presidentes Muhammadu Buhari, de Nigeria, que respondió brutalmente a una serie de actos de desobediencia civil para poner fin a la violencia policial en Nigeria y que acabó con la vida de 51 ciudadanos en octubre de 2020, y Macky Sall, de Senegal, que en marzo de 2021 reprimió unas manifestaciones contra la detención del opositor Ousmane Sonko, autorizando que la policía senegalesa disparara munición real contra los manifestantes, hecho que provocó al menos ocho muertos y decenas de heridos entre la población.
Estos hechos sugieren, a nuestro parecer, que la CEDEAO se preocupa menos por la democracia que por preservar determinado estatus quo y tranquilizar a jefes de Estados que se saben ilegítimos y temen sufrir lo mismo que IBK y Alpha Condé.
POSIBLES IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
La historia ha demostrado que las sanciones colectivas y los embargos no son eficaces. Países como Irán, Corea del Norte, Cuba, Irak o Costa de Marfil han sufrido sanciones extremadamente severas sin que se produjeran los resultados esperados por la denominada comunidad internacional. Al contrario, estos actos se han mostrado, en su gran mayoría, contraproducentes, y Mali no parece ser la excepción.
Además, la obstinación de la CEDEAO en castigar a Mali pone en riesgo de fractura el proceso de integración regional, ya que en Bamako ha resurgido la idea de salir de la CEDEAO y de la UEMOA para retomar su antigua moneda (el franco maliense en circulación en el país entre 1962 y 1984, año en el que el país regresa a la zona Franco CFA), tal y como como evoca Jeamille Bittar, portavoz del movimiento M5 RFP y presidente del Movimiento Ciudadano por la Alternancia, el Trabajo y la Transparencia (MCATT). También, ahora más que nunca y en un clima de creciente malestar por la presencia de tropas francesas en el Sahel, con protestas e incidentes que han llegado hasta Burkina Faso y Níger, se ha «confirmado» la creencia de que en Mali se encuentra el nuevo frente contra la Françafrique. Por este motivo, el país recibe hoy muestras de solidaridad de la ciudadanía de los países vecinos, en muchos casos irremediablemente “divorciada” de sus dirigentes, y esta solidaridad se extiende a todo el continente, aunque sea especialmente significativa en el África francófona. Esto, seguramente, se interpretará como un respaldo a la junta militar maliense, que va a seguir alejándose del ideal de integración actualmente imperante en la región.
En otro orden de cosas, estas sanciones se sentirán en los países fronterizos con Mali, ya que algunos tienen unos vínculos comerciales muy fuertes con este territorio. Es notable el caso de Senegal, cuyo principal destino de exportaciones es Mali. De hecho, en 2020 las exportaciones senegalesas a Mali se elevaban a 721,65 millones de euros, superando los 401,93 millones de la UE en su conjunto, incluidos los 66,99 millones de Francia.
Principales destinos de las exportaciones de Senegal
EL DERECHO DE INJERENCIA
Mali es un país empobrecido y sometido a la violencia, que ya sufre enormemente y que ahora se ve expuesto a un sufrimiento adicional infligido por sus propios vecinos. Unos países que, igual que buena parte de la comunidad internacional, confunden, a veces, elecciones y democracia u orden constitucional. Los ejemplos de Togo, Guinea y Costa de Marfil (si solo nos limitamos a la CEDEAO) han mostrado que se puede organizar elecciones sin que sean justas, democráticas y/o representativas. El propio ejemplo de Mali es ilustrativo. Las últimas elecciones malienses se celebraron -contra viento y marea- en plena pandemia y resultaron en una tasa de participación ridícula, el secuestro de un líder opositor Soumaïla Cissé por los yihadistas y, en última instancia, protestas ciudadanas multitudinarias contra el régimen de Keita y su caída tras su reelección en 2018, a manos de los militares.
Consideramos que una escalada en las sanciones a Mali habría sido justa si la decisión de la junta de prolongar la transición hubiera desencadenado protestas entre los propios malienses y llamado a la intervención de la comunidad internacional. Este pueblo ha pagado con once vidas y más de un centenar de heridos su oposición a las derivas autoritarias de IBK –derrocado por la actual junta– sin que la CEDEAO saliera de su impasibilidad. Justificar unas sanciones contra Mali pretextando un “secuestro” del poder por parte la junta es, simplemente, infantilizar a los malienses. Sobre todo, si la defensa del pueblo maliense viene de un colectivo que cuenta en sus filas con dirigentes como Ouattara y Gnassigbe y que todavía contaría con Condé, si los militares guineanos no le hubieran derrocado. Por tanto y en la configuración actual de los hechos, pensamos que la acción de la CEDEAO se limita, simplemente, a una injerencia innecesaria.
Muchos analistas ven detrás de esta decisión de la CEDEAO la mano francesa, ya que Mali no cedió ante la presión de París e invitó a personal militar ruso (que, según Francia, son contratistas –“mercenarios” – de la sociedad militar privada Wagner) para auxiliarles en su lucha contra los múltiples problemas a los que se enfrenta, incluida la decisión de los propios franceses de retirarse de territorio maliense.
Llegados a este punto, es necesario recordar que, oficialmente, el Estado maliense niega la presencia de contratistas rusos en su territorio, aunque confirma la presencia de instructores del ejército ruso llegados a Mali tras la compra de material militar al país eslavo. Y que las decisiones de CEDEAO y UEMOA, además de castigar a la población, ponen en peligro una cooperación militar transfronteriza en la que intervienen UE, ONU y múltiples países y que es necesaria para hacer frente al avance del terrorismo en la región.
