El pasado 18 de agosto, y rodeados por una muchedumbre entusiasta que les aclamaba, soldados del ejército maliense salieron de la base militar Sunyata Keita de Kati (a 15 kilómetros de Bamako) para detener al presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) y otras figuras de su régimen. Esa misma noche, IBK anunció su dimisión y la disolución del gobierno maliense, ocupando el vacío el Comité de Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), una alusión subliminal al Comité de Transición para la Salvación del Pueblo (CTSP) de 1991.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) condenó el golpe de Estado, implementó medidas para castigar a Malí por el retroceso “democrático” (cierre de fronteras, cese de cooperación económica) y pidió el restablecimiento de IBK en sus funciones. El resto de la comunidad internacional apoyó, a grandes líneas, estas decisiones. Sin embargo, las amenazas militares veladas y las sanciones impuestas por la CEDEAO han provocado un fuerte sentimiento de rechazo entre la población maliense, que podría a largo plazo fragilizar la posición de esta organización.
La rápida y radical acción de la CEDEAO en el caso maliense queda lejos de su habitual pasividad o poca reactividad. De hecho, nos retrotrae a 2017, cuando desplegó tropas nigerianas a miles de kilómetros de su país para, en nombre de la democracia, echar a Yayah Jammeh de la presidencia de Gambia tras su negativa a reconocer al nuevo presidente electo, mientras este mismo ejército sufría para enfrentarse a Boko Haram en su propia tierra.
En primer lugar, ¿es el caso de Malí atípico?
Varios movimientos populares contra gobiernos impopulares de África occidental acabaron igual que en Malí, dando paso a una apertura democrática aplaudida a nivel internacional en la mayoría de los casos. Un ejemplo es el golpe de Estado del teniente coronel Amadou Toumani Touré (encabezando el CTSP), del 26 de marzo de 1991 en el propio Malí, que puso fin a meses de contestación popular violentamente reprimida, derrocando al general Moussa Traoré, en el poder desde 1968. En Guinea, ocurrió el 24 de diciembre de 2008, cuando Moussa Dadis Camara y el Comité Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD) impidió el traspaso del poder al presidente de la asamblea nacional tras la muerte natural del general Lansana Conté (en el poder desde 1984), apoyándose en varios movimientos populares que arrancaron desde 2006. En Níger, el 18 de febrero de 2010, Salou Djibo, líder del Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia (SCRD), derrocó a Mamadou Tandja, que llevaba una década al frente del país y allí intentaba mantenerse tras un referéndum, a pesar de una fuerte oposición popular. El caso más reciente y mediático: en 2014 en Burkina Faso, Blaise Compaoré intentó, el 4 de enero, modificar la constitución para seguir siendo presidente tras 27 años en el puesto, al que llegó con un golpe de Estado. Tras ocho días de protestas y la huida de Compaoré a Costa de Marfil con ayuda francesa, el teniente coronel Isaac Zida se hizo cargo del gobierno.
¿Es la CEDEAO una institución legítima para presionar a Malí?
De los 16 jefes de Estado de la CEDEAO, casi la mitad está vinculado directa o indirectamente al uso de la fuerza para llegar al poder. Entre ellos se encuentran los que entraron en política mediante golpes de Estado como Muhammadu Buhari, que derrocó al primer presidente “democráticamente” elegido de Nigeria, Shehu Shagari, en 1983, y posteriormente en 2015 ganó las elecciones. En una subcategoría de este caso cabría Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005 tras heredar Togo de su padre, Gnassimgbé Eyadema (en el poder entre 1965 y 2005), que tiene el dudoso mérito de ser el primer golpista y regicida en África subsahariana tras asesinar en 1963 a Sylvanus Olympio, primer presidente y padre de la independencia del país. Otros líderes de la CEDEAO prefirieron recurrir a la violencia armada en vez de intentar solucionar pacíficamente conflictos derivados de elecciones contestadas, como hicieron Alassane Ouattara (aupado al poder por una ofensiva militar de la rebelión armada marfileña apoyada por el ejército francés y la ONU en 2011) o Adama Barrow (que se benefició en 2017 de la intervención militar en Gambia de una coalición de Nigeria y Senegal). Una cuarta categoría formada por Alpha Condé, Mahamadou Issoufou y Roch Kaboré es la de los que supieron aprovecharse de los golpes de Estado de otros, llegando a la presidencia (tras años en la oposición, en algunos casos) únicamente porque estos implementaron las condiciones de unas elecciones que les permitieron ganar.
Para dilucidar la legitimidad de la CEDEAO a la hora de imponer sanciones a Malí o intervenir en su política interna, hay que recordar también que Ouattara y Condé intentan mantenerse en el poder violando sus constituciones respectivas y que Gnassingbé no parece muy propenso a una alternancia en Togo. En estos países que acabamos de mencionar, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la brutalidad de las fuerzas de seguridad es consustancial al ejercicio del poder. En Nigeria, Níger, Cabo Verde, Senegal o Benín se ven favorecidos por una cultura democrática, aunque frágil, debido a la debilidad de sus instituciones. Incluso Ghana, citada como ejemplo de estabilidad política, hunde las raíces de su democracia en la sombra de Jerry Rawlings, autor de tres golpes de Estado en el país.
¿Las sanciones contra Malí son ventajosas para la propia CEDEAO?
De regreso a las medidas estipuladas por la CEDEAO para devolver Malí a la “normalidad democrática”, hay que recordar que la comisión de este organismo, dirigida por el marfileño Jean-Claude Brou (y no habilitada para decidir sanciones contra un Estado-miembro), implementó una serie de sanciones a Malí en medio de lo que se podría llamar un motín. Estas medidas, ratificadas algunos días después por el consejo de jefes de Estados, se resumen en un cierre de fronteras y un cese de las actividades económicas con Malí. La finalidad de estas medidas era presionar a la junta militar golpista y obligarles a ceder el poder a un gobierno civil lo antes posible. Sin embargo, es importante entender tres aspectos que las hacen improductivas:
- Malí es un país enorme y comparte poco más de la mitad de los 10.196 kilómetros de sus fronteras terrestres al sur y al este con países de la CEDEAO. Sus principales fronteras se arriman a Mauritania (2.237 kilómetros) y Argelia (1.329 kilómetros) y estos dos países no son miembros de la CEDEAO. De hecho, esta acción podría llevar a Malí a acercarse más a estos dos países por necesidades de supervivencia, fragilizando la integración regional.
- Según el Boletín de Estadísticas de Comercio Exterior que se publica trimestralmente en Malí, los principales socios regionales del país hasta el pasado mes de junio eran Costa de Marfil, Burkina Faso y Senegal, con un 6,49% de las exportaciones malienses. Los principales clientes de Malí son Suiza (47,22%), Sudáfrica (34,32%) y Australia (8,20%), aunque el país depende de Senegal y de Costa de Marfil para el 34,7% de su abastecimiento, principalmente debido a que no tiene acceso al mar. De hecho, en caso de un desvío de las vías de importaciones de Malí hacia Mauritania y Argelia, que tienen ese codiciado acceso al mar, Costa de Marfil y Senegal serían los países más perjudicados.
- El cierre de fronteras entre los Estados de la CEDEAO y Malí favorecería a quienes acostumbran a aprovecharse de la porosidad de las fronteras africanas: los contrabandistas. Dada la actual situación de Malí, plagado de tráficos ilícitos de todo tipo, la acción de la CEDEAO permitirá a los traficantes presentarse como el único alivio para una población ahogada por el bloqueo de esta organización, fortaleciéndoles de paso.
El CNSP, entre la espada de la CEDEAO y la pared de la sociedad civil
La junta militar que hoy gobierna Malí se encuentra en una situación delicada, en la que debe gestionar dos retos antinómicos. Por una parte, restablecer sus relaciones con sus vecinos de la CEDEAO y por otra, conservar la confianza del pueblo maliense, que apoyó su ascenso al poder. La dificultad se ubica en que la CEDEAO busca una salida de crisis rápida, con la transmisión del poder a un civil casi inmediata, mientras que la sociedad civil encarnada por siglas como el M5 RFP, principal fuerza sociopolítica en la contestación a IBK que ha tomado las calles de Malí durante los últimos meses, es marcadamente heterogénea y nunca dispuso de un líder consensuado. En varias ocasiones en el pasado, se hicieron evidentes las disonancias entre los líderes de la sociedad civil maliense, algunos laicos y otros religiosos. Para abordar una transición pacífica y aceptada por todos los malienses, el CNSP inició un laborioso proceso de consultas nacionales que pretende implicar a todos los actores políticos y de la sociedad civil y que será, forzosamente, accidentado y largo. La CEDEAO, sin embargo, no ha querido esperar las conclusiones de dichas consultas para multiplicar los ultimátum, mientras mantiene sus sanciones y exige que se acorten los plazos.
Puesto que este tipo de situaciones parece “contagiarse”, como lo muestran las revoluciones del antiguo bloque del Este o las primaveras árabes, parece que la acción de la CEDEAO va más allá de una mera lucha por la democracia y se especula que podría inscribirse en un intento de evitar golpes de Estado similares en Costa de Marfil o Guinea, donde el tercer mandato presidencial ya ha provocado manifestaciones populares y existen precedentes de toma del poder por las armas.
¿La democracia se reduce, simplemente, a votar?
Aunque la toma del poder por la fuerza de cualquier manera que sea (golpes de Estados, intervenciones militares o rebelión armada) es algo condenable en sí, la caída de IBK resulta -en primer lugar- de una voluntad popular expresada durante meses. Costó la vida a 23 personas a mano de fuerzas de seguridad malienses sin que se produjera ninguna condena de la CEDEAO. Los militares malienses, como en los casos que hemos descrito anteriormente, sólo se pusieron del lado del depositario de la soberanía en toda democracia: el pueblo. Como bien lo resume la Declaración de Independencia estadounidense: “cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad.” De este modo, aunque la voluntad popular no se expresara de la forma más común en democracia, lo ocurrido en Malí se puede considerar como otra forma de expresión popular en reacción al despotismo de un IBK (victorioso de elecciones que movilizaron solamente al 30% de los votantes de un país) que llevó su paciencia al límite. A quienes aún discuten la verdad de estas afirmaciones, pensando que la CEDEAO tiene el derecho de hacer pagar el pueblo maliense por el derrocamiento de IBK, habría que recordarles nombres como Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Gadafi, Victor Yanukovych o Robert Mugabe.
Autor: Dagauh Komenan (Yamusukro, Costa de Marfil, 1989) es historiador formado en la Universidad Félix Houphouët-Boigny (Abiyán, Costa de Marfil) en la especialidad de Relaciones Internacionales y coautor del libro electrónico La Françafrique vista desde el Sur.
@dagauh
Foto de portada: Présidence de la République du Bénin
