En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como pandemia mundial que ha dado lugar a una crisis global de salud y multidimensional. Desde entonces, la respuesta contra la COVID-19 se ha convertido en un escenario central en todo el mundo. Un año y medio después del inicio de la pandemia, todavía no se vislumbra el final: a pesar del rápido desarrollo de las vacunas –no exento de polémica– estas no están igualmente disponibles en todo el mundo, y los avances positivos en muchos lugares se ven ensombrecidos por la propagación de mutaciones. Aunque el continente africano no se vio tan afectado por la pandemia como muchos inicialmente temían, la enfermedad ha tenido consecuencias muy graves en términos económicos, políticos y sociales. Además, esta pandemia emergió en un contexto internacional de fragilidad e inestabilidad previa vinculado, entre otros factores, a los conflictos armados y las crisis sociopolíticas que asolaban el continente y que en los últimos años se han ido agravando. Muchos de estos escenarios han padecido un deterioro en la situación de seguridad en los últimos años, afectando gravemente a las poblaciones civiles y generando importantes crisis humanitarias, situación agravada en diversos casos por la respuesta a la pandemia y los retos y déficits de gobernabilidad previos.
A pesar de la comparativamente limitada incidencia de la pandemia en el continente –cuyas explicaciones diversas incluyen la juventud de la población, la rápida reacción ante la propagación en Asia y Europa que llevó a un cierre temprano de fronteras; la experiencia acumulada en la gestión de enfermedades infecciosas previas como el ébola en determinados países; la compra centralizada de tests y material; o la menor capacidad de detección de personas infectadas, etc.– esta ha tenido múltiples efectos en la región al sur del Sáhara. Según el Africa Centre for Disease Control and Prevention de la Unión Africana (UA) (Africa CDC), en el continente se han contabilizado casi 8,6 millones de casos, de los cuales han muerto 222.301 personas y se han recuperado 8.064.499 personas, a la vez que se han realizado casi 81,6 millones de tests. Africa CDC también estima que solo el 6,66% de la población africana habría recibido la pauta completa de la vacuna a fecha del 24 de noviembre de 2021.
Esta distribución desigual de las vacunas ha producido diferencias notorias en la capacidad de los países para inocular a sus poblaciones. Si se divide los datos de personas no vacunadas según las subregiones del Banco Mundial (BM), África Subsahariana lidera el ranking mundial con un mayor número de personas no vacunadas, con 1.108 millones (incluyendo los menores de 12 años) de un total estimado de 1.122 millones de personas en 2021, seguido por el sur de Asia, a 20 de octubre de 2021.
Impactos en la gobernabilidad
Además de la inequitativa distribución y acceso a las vacunas que ha padecido el continente africano, lo que cual ha tenido su impacto en materia de salud pública, económica y social, también la prevalencia de la pandemia ha generado otros impactos en sus sociedades. Por ejemplo, el informe del Índice Ibrahim de 2020 señaló el retroceso sufrido en términos de gobernanza de la progresión positiva de la última década, mientras que Amnistía Internacional recogió cómo gobiernos africanos habían recurrido al uso de fuerza excesiva a la hora de la implementación de las medidas excepcionales para evitar la propagación de la pandemia, y realizado arrestos o detenciones arbitrarias, restricciones en el espacio cívico y negación general del derecho para buscar asilo. Si bien las respuestas de los Estados para contener la pandemia de la COVID-19 han sido diversas, en general los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas excepcionales que en algunos casos han incluido la restricción de manera desproporcionada de los derechos a la libertad de reunión y la libertad de expresión, instrumentalizando políticamente la situación de excepcionalidad para reprimir protestas sociales y contener a movimientos opositores, tal y como ha sucedido en diversos contextos. AI denunció que en muchos contextos, las autoridades aprovecharon el marco de excepción para adoptar medidas punitivas y coercitivas que han generado violaciones a los DDHH, a la par que han dividido sociedades y no han servido para abordar la crisis sanitaria.
En este sentido, durante el año 2021 se han producido diversos hechos que podrían contribuir a este preocupante cambio de tendencia en términos de gobernanza que podrían guardar relación con las consecuencias derivadas de la pandemia en lo concerniente al debilitamiento de los gobiernos civiles en el continente y la respuesta regional e internacional. Este retroceso se vio fortalecido por la proliferación de golpes de Estado durante 2021 y las tibias condenas y la inacción por parte de la UA y la comunidad internacional hacia los nuevos gobiernos militares, respuestas que contribuyen a afianzarlos como alternativa a una situación de crisis multifacética vinculada a la COVID-19 que los gobiernos civiles han tenido graves dificultades en atajar. Solo en el último año se han producido, por parte de elementos castrenses, cuatro golpes de Estado efectivos en África Subsahariana (más dos intentonas en Níger y en el propio Sudán) que amenazan con revertir el proceso de democratización del continente. En Guinea (septiembre), poniendo fin a un controvertido tercer mandato salido de elecciones poco creíbles de un presidente impopular, Alpha Condé. En Malí, tras una primera asonada en 2020 y el fracaso en 2021 de la transición democrática boicoteada por los propios militares. En Chad (abril), para asegurar la continuidad del poder de la élite tras la muerte del presidente Idriss Deby, cuando su hijo tomó el poder sin pasar por la Constitución. Y en los últimos días, Sudán, truncando una esperanzadora transición que estaba atravesando el país desde la caída del presidente Omar al-Bashir en 2019.
Violencia en contextos de conflictividad armada
Si bien la UA se había comprometido en el año 2013 a poner fin a todas las guerras presentes en el continente para el año 2020 bajo el lema “Silenciar las armas en 2020”, los escenarios de conflictividad armada siguen estando presentes en el continente, y la pandemia ha contribuido a su prolongación. En este sentido, las libertades políticas y sociales en África Subsahariana han estado condicionadas por los escenarios de conflictividad armada, así como por los procesos transicionales en el continente. En el año 2020, 15 de los 34 escenarios de conflictividad armada a nivel mundial transcurrieron en África, muchos de los cuales han padecido un deterioro en la situación de seguridad en los últimos años, afectando gravemente a las poblaciones civiles y generando importantes crisis humanitarias. En paralelo, de los 95 escenarios de tensión y crisis sociopolítica que tuvieron lugar en el mundo identificados por la Escola de Cultura de Pau, 38 transcurrieron en África Subsahariana. A su vez, la mayoría de estos escenarios de violencia que tuvieron lugar en África se han caracterizado por graves vulneraciones de los DDHH, incluyendo denuncias de posibles crímenes de guerra y lesa humanidad, como el caso de la región etíope de Tigré. Por otro lado, también cabe destacar que la región subsahariana se encuentra inmersa desde hace años en profundos cambios políticos, a menudo liderados por una sociedad civil en la que el papel de jóvenes y las organizaciones de mujeres está siendo central. En países con regímenes históricamente cerrados, como es el caso de Angola, Etiopía, Gambia, República Democrática del Congo (RDC) o Sudán, se están experimentado importantes procesos de reformas, si bien las herencias de los regímenes anteriores aún perduran y los riesgos son evidentes, como se ha puesto de manifiesto en Etiopía (conflicto en Tigré desde noviembre de 2020) o en Sudán (intento de golpe de Estado en septiembre de 2021 culminado en octubre). Por el contrario, en otros países, el espacio político ha sufrido deterioros, como Tanzania, Senegal o Uganda. A su vez, la extensión en los últimos años de los mandatos presidenciales –en países como Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Ruanda, República del Congo, RDC, Uganda o Togo– está generando crisis de gobernabilidad en el continente, así como está produciendo múltiples protestas sociales que están siendo reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad.
El llamamiento global al cese al fuego, realizado el 23 de marzo de 2020 por el secretario general de la ONU, António Guterres, a todas las partes en conflicto en el mundo con el fin de hacer frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, si bien fue secundado inicialmente por algunos Estados africanos, así como por diversos actores subestatales, no logró detener la violencia, generando incluso que diferentes actores aumentaran su participación en conflictos en curso, ni tuvo ningún impacto en la reducción de los umbrales de violencia, tal y como recordó el PRIO.
En África Subsahariana, los conflictos armados más graves de 2020 fueron los que afectaron a Camerún, la región etíope de Tigré, RDC, Malí y la región del Sahel Occidental, el norte de Mozambique, la región del Lago Chad, Somalia y Sudán del Sur, que causaron más de 1.000 víctimas mortales en cada uno de ellos.
(Destacado) Según la Mo Ibrahim Foundation y la Escola de Cultura de Pau, el continente africano fue el único a nivel mundial en el que se agravó de forma prácticamente generalizada la situación de violencia y conflictividad armada entre los años 2019 y 2020
| Conflictos armados en África en 2020 |
| Burundi -2015- Camerún (Ambazonia / provincias Noroeste y Suroeste) -2018- Etiopía (Tigré) -2020- Libia -2011- Malí (norte) -2012- Mozambique (norte) -2019- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este-ADF) -2014- Región Lago Chad (Boko Haram) – 2011- Región Sahel Occidental -2018- Somalia -1988- Sudán (Darfur) -2003- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011- Sudán del Sur -2009- |
Según la Mo Ibrahim Foundation a partir de informaciones de ACLED, y según la Escola de Cultura de Pau, el continente africano fue el principal en el que se agravó de forma prácticamente generalizada la situación de violencia y conflictividad armada entre los años 2019 y 2020. En cifras globales, en lo concerniente a los enfrentamientos, se produjo un incremento del 41,6%; en lo relativo a explosiones y violencia remota, un 15,6%; y un 23,7% en lo relativo a violencia contra la población civil por parte de los actores armados no estatales.
Impactos en las poblaciones
Los conflictos armados en África Subsahariana provocaron múltiples impactos, graves vulneraciones de los DDHH en la población civil y del DIH. Nigeria, en el marco del conflicto en Lago Chad, siguió siendo el país donde la práctica de guerra de secuestros y desaparición de civiles había provocado la cifra más elevada de personas que seguían desaparecidas en toda África en el año 2020, aumentando a 23.000, cifra que representa solo los casos documentados por el CICR, ya que la cifra real podría ser muy superior. Nigeria es uno de los países a escala global con un mayor número de población desaparecida. En el conjunto del continente africano siete países afectados por graves conflictos armados como son Nigeria, junto a Camerún (1.567 personas desaparecidas), Etiopía (3.300), Libia (1.600), RDC (1.800), Somalia (2.600) y Sudán del Sur (5.000) representan el 82% de las 44.000 personas desaparecidas en el conjunto del continente en 2020, y todos han experimentado un incremento de registros de personas desaparecidas en la primera mitad de 2020.
Asimismo, respecto a otros impactos o estrategias de guerra, actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, mujeres y niñas de manera significativa. Por otra parte, según el informe de ACNUR de mediados de 2021, a finales de 2020 había en el mundo 82,4 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen (incluyendo población desplazada, refugiada y solicitante de asilo), cifra que se ha venido incrementando en los últimos años. Las causas del desplazamiento forzado remiten principalmente al impacto de los escenarios de conflictividad armada, así como a diversos tipos de desastres naturales vinculados a la emergencia climática. De manera específica, en África Subsahariana, la RDC sigue ocupando el primer lugar en población desplazada en el continente de los últimos años (6,1 millones a finales de 2020), seguido por Somalia (3,9 millones), Sudán del Sur (3,8 millones), Etiopía (2,7), Nigeria (2,6) y Sudán (2,6). Algunos de estos países ocupan los primeros lugares de desplazamiento a nivel global, como RDC, Somalia y Sudán del Sur. Las zonas del continente en las que se produjeron nuevos movimientos forzados de población durante 2020 fueron la región de Sahel Occidental, la región etíope de Tigré y Mozambique.
También es significativo señalar que en múltiples escenarios de conflictividad armada se produjeron denuncias de organismos de DDHH acusando a las fuerzas de seguridad del Estado de cometer ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra, especialmente en Nigeria (región Lago Chad), donde desde 2011, en el contexto de la guerra contra Boko Haram, al menos 10.000 personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado; en Mozambique (Cabo Delgado); en la región etíope de Tigré, donde se denunció el uso de violencia sexual por parte de las tropas etíopes y eritreas, incluida como arma de guerra; y en la región del Sahel Occidental, donde informes señalaron a las fuerzas de seguridad de Malí, Burkina Faso y Níger de cometer violaciones a los DDHH en el marco de la denominada “guerra antiterrorista”.
En paralelo, en 2020 se constataron numerosos ataques contra el personal sanitario en 28 países del continente africano. Según la Mo Ibrahim Foundation a partir de datos de ACLED, el 42,1% de todos los ataques a nivel global contra personal sanitario tuvieron lugar en África, y prácticamente el 20% de los ataques contra personal sanitario en África fueron causados como reacción a las medidas de salud pública vinculadas a la COVID-19 o directamente afectaron a la respuesta sanitaria relacionada con la pandemia. Los países que se vieron más afectados por ataques vinculados a la pandemia fueron Nigeria (11 ataques) y RDC (nueve ataques). Además, en nueve países africanos, de los cuales seis afectados por una situación de crisis sociopolítica (Costa de Marfil, Guinea, Malawi, Senegal, Túnez y Zimbabwe), todos los ataques contra personal sanitario estuvieron vinculados a la pandemia. En el primer año de la pandemia, entre febrero de 2020 y febrero de 2021, nueve escenarios de guerra (Burkina Faso, Libia, Malí, Nigeria, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur) se produjeron 78 ataques contra infraestructuras sanitarias, 26 ataques impactaron en vehículos de transporte sanitario, y 53 ataques tuvieron como objetivo suministros médicos.
Conclusiones
Tal y como hemos señalado, aunque el continente africano no se vio tan afectado por la pandemia como muchos inicialmente temían, la pandemia ha tenido consecuencias muy graves en términos económicos, políticos y sociales, y emergió en un contexto de fragilidad e inestabilidad previa vinculado a la situación de conflictividad que se ha agravado en los últimos años, contribuyendo a profundizar los desafíos de seguridad existentes. África Subsahariana lideraba, en octubre de 2021, el ranking mundial con un mayor número de personas no vacunadas, con 1.108 millones de un total estimado de 1.122 millones de personas en 2021. Además, en los últimos años se ha producido un progresivo incremento de las respuestas por parte de la comunidad internacional desde una óptica securitaria, lo que ha contribuido a agravar la situación de violencia en diversos contextos del continente.
Estracto del artículo realizado por Josep María Royo a partir del Apunts ECP de Conflictes i Pau Núm.14 Conflictos, África y COVID-19, publicado en noviembre.
