Uganda, que alberga la cuarta mayor reserva de petróleo del África subsahariana, está a punto de unirse al club de países productores de petróleo. Sin embargo, para obtener suficientes recursos fiscales del proyecto y evitar una evasión fiscal masiva, tendrá que abordar rápidamente el problema de su acuerdo fiscal con los Países Bajos, totalmente desequilibrado.
La pandemia provocada por la COVID-19 está aumentando las necesidades presupuestarias de los gobiernos en todo el mundo y ha puesto de manifiesto cuánto necesitamos todos que nuestros sistemas de salud dispongan de una financiación adecuada. No hay forma de evitarlo: afrontar una situación como la actual requiere de ingresos tributarios adecuados para los gobiernos. Según un informe reciente de la UNCTAD, los flujos financieros ilícitos están privando al continente africano de casi 89.000 millones de dólares cada año y los tratados fiscales desfavorables y su abuso por parte de las grandes multinacionales constituyen una parte importante en esta fuga de recursos, como ya lo demostraron las filtraciones de isla Mauricio en 2019. A pesar de los esfuerzos para frenar este problema mediante la iniciativa BEPS liderada por la OCDE, la reducción del pago de impuestos mediante la deslocalización de las inversiones sigue siendo una práctica extendida y actual, privando a los países en desarrollo de ingresos públicos que podrían usarse para financiar servicios esenciales.
En Uganda, donde 1 de cada 5 personas vive en la pobreza y cuyos sistemas de protección social y de salud han estado crónicamente infrafinanciados, las expectativas por los descubrimientos masivos de petróleo en 2006 en el lago Alberto son inmensas. El proyecto liderado por la empresa fracesa TOTAL (en asociación con la China CNOOC – China National Offshore Oil Corporation) ya ha sido objeto de atención por sus impactos en los derechos humanos. Siguiendo adelante con el proyecto, en línea con su estrategia de invertir en regiones donde se puede producir «petróleo barato» (según el director ejecutivo de TOTAL Patrick Pouyanné), la gran empresa francesa había anunciado inicialmente que la decisión final de inversión se tomaría a fines de 2020, aunque aún no se ha materializado.
Inversiones holandesas en Uganda: apariencias y realidad
Considerado por muchos en la sociedad civil como un paraíso fiscal, los Países Bajos, con su extensa red de tratados, se ha establecido como un importante “país conducto” para los inversores internacionales. Hogar de más de 14 000 empresas y sociedades buzón (sin personal, ni oficinas físicas o actividad económica real), la gran mayoría de las inversiones realizadas en los Países Bajos se canalizan inmediatamente fuera, hacia otros países. Las empresas del sector extractivo tienen una larga trayectoria de uso de los Países Bajos como intermediario para minimizar sus facturas fiscales, como lo demuestra el caso de Rio Tinto en Mongolia.
Casualmente, o tal vez no, las empresas holandesas parecen tener una presencia masiva en la economía de Uganda, ya que representan, según datos del FMI, más del 39% de las acciones de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en el país.
Pero esto es solo una fachada, ya que el 95% de esas inversiones en realidad se originan en terceros países y se enrutan de manera artificial a través de los Países Bajos sólo para beneficiarse de su marco legal. Y hay una buena razón para ello: el acuerdo de doble imposición de 2004 entre Uganda y los Países Bajos ofrece ventajas incomparables.
Una de las ventajas del acuerdo es que los dividendos, una vez se repatrían a empresas holandesas que poseen más del 50% de las acciones de la entidad ugandesa que reparte dividendos, simplemente no se gravan en absoluto. Sin embargo, según la ley fiscal de Uganda y en ausencia de un acuerdo de doble imposición, se aplicaría una tasa del 15%. Muchos han notado la naturaleza particularmente desequilibrada de este acuerdo fiscal, incluido el FMI y Global Financial Integrity.
En 2016, investigadores de la LSE concluyeron inequívocamente que, en el caso de este acuerdo en particular, «cuando se les preguntó a los asesores fiscales del sector privado qué pasaría si se cancelara el tratado holandés, afirmaron que los inversores simplemente se reestructurarían y era poco probable que retiraran sus inversiones». Después de todo, el petróleo no se encuentra en todas partes del mundo.
La era del petróleo está llegando a Uganda
Ubicadas en la orilla oriental del lago Alberto, las reservas de petróleo se explotarán a través de cuatro contratos diferentes, en los que TOTAL posee el 66,67% de las acciones, mientras que CNOOC posee el 33,33%. Esas cifras no reflejan la compleja historia de transferencias de propiedad entre diferentes compañías petroleras, que se detuvieron bruscamente en agosto de 2019 cuando un acuerdo entre Tullow y TOTAL se vino abajo al enfrentarse a un profundo desacuerdo con la administración tributaria de Uganda sobre la cantidad a pagar en concepto de impuesto a las plusvalías. En abril de 2020, todas las disputas pendientes se resolvieron y el acuerdo, considerado por los analistas como altamente favorable para el comprador TOTAL, tiró para adelante. El proyecto está ahora en marcha: el Director General de TOTAL aseguró a sus accionistas durante su reunión general en mayo de 2020 que todas las decisiones finales se tomarán para finales de 2020, desbloqueando todas las inversiones restantes para la comercialización del petróleo ugandés. Pero mientras tanto, el mundo se ha puesto patas arriba con la pandemia de COVID-19 y los precios del petróleo se han desplomado: el gobierno de Uganda no puede permitirse pérdidas de impuestos en este proyecto.
Los ingresos del futuro gobierno se verán afectados por el Acuerdo Fiscal
Investigaciones recientes han revelado cómo ambos socios (TOTAL y CNOOC) han estructurado sus inversiones en Uganda a través de empresas registradas en Holanda. Para TOTAL al menos, esta no es una práctica aislada, ya que el 25% de sus subsidiarias de Exploración y Producción están registradas en los Países Bajos y, en última instancia, están vinculadas a la empresa matriz a través de diferentes sociedades holding holandesas. La empresa defiende su elección: también realiza actividades operativas y soporte técnico a las sucursales extranjeras en los Países Bajos. La posibilidad de mantener cuentas reglamentarias en dólares estadounidenses, como no es el caso en Francia, también se menciona como un factor decisivo por TOTAL.
Los contratos, que contienen información crucial sobre las condiciones fiscales de los proyectos, no son de dominio público en Uganda. Sin embargo, se filtraron copias a lo largo de los años, lo que ha permitido realizar un análisis financiero completo de uno de estos contratos. Asumiendo un precio del barril de crudo de 50 dólares, ambos socios ahorrarán 287 millones de dólares durante los 25 años de explotación del proyecto en referencia a solo un área de exploración (EA1). Simplemente, como resultado de la falta de imposición sobre los dividendos. Esta cantidad es una estimación mínima y solo referida a uno de los cuatro contratos. Pero por sí solo, ya representa casi el 6% de todos los ingresos esperados del gobierno, así como el 2% del presupuesto anual de salud de Uganda.
La necesaria renegociación del Convenio Fiscal
Las organizaciones de la sociedad civil en Uganda han estado denunciando al gobierno los efectos perjudiciales de este Acuerdo Fiscal. “De manera urgente, esta situación requiere abordar las lagunas en los Acuerdos de Doble Imposición firmados por el gobierno para así poder obtener los recursos domésticos adecuados” dice Jane Nalunga, Directora Ejecutiva de SEATINI Uganda.
Los gobiernos holandés y ugandés han manifestado su voluntad de renegociar el acuerdo y han estado discutiendo uno nuevo desde septiembre de 2019. Si se aumentase el tipo impositivo sobre los dividendos transfronterizos al 10%, en línea con otros acuerdos que Uganda tiene actualmente en vigor, el país recuperaría aproximadamente 174 millones de dólares durante el plazo de 25 años del proyecto. Esta cantidad es una estimación muy parcial relacionada exclusivamente con este proyecto. Dada la magnitud de las inversiones holandesas en todos los sectores de la economía de Uganda, las pérdidas reales son mucho mayores.
Otros países, sin embargo, han optado por una opción más drástica y han decidido rechazar los acuerdos fiscales con otros destacados paraísos fiscales: Mongolia ha roto su acuerdo con los Países Bajos y Zambia rescindió su acuerdo con Mauricio.
Autores
Caroline Avan (@CaroAvan) es responsable de incidencia e investigación en Oxfam Francia, con especialización en cuestiones fiscales y de transparencia en el sector extractivo.
Henrique Alencar trabaja para Oxfam de los Países Bajos como especialista en políticas fiscales.
