El 4 de noviembre de 2020, mientras que muchos gobiernos y ciudadanos de todo el mundo estaban pendientes del recuento electoral en Estados Unidos, en Etiopía estalló un conflicto armado entre el gobierno federal, controlado por el PP (Prosperity Party) encabezado por Abiy Ahmed, y el gobierno de la región del Tigray, controlado por el TPLF (Tigray’s People Liberation Front) y encabezado por Debretsion Gebremichael. El Primer Ministro aseguró que el gobierno federal había recuperado el control sobre la región al retomar Mekelle —su capital—, el 28 de noviembre, si bien los enfrentamientos entre el ENDF (la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía) y el TPLF se han mantenido desde entonces.
¿Cuándo y dónde ha estallado el conflicto?
El detonante fue el ataque orquestado por el gobierno regional del TPLF al Northern Command, la base militar del ejército etíope en Mekelle. El gobierno de Abiy Ahmed movilizó a las tropas de la ENDF desde otras zonas para recuperar el control de su base militar y de la región y detener a los líderes del TPLF.
El conflicto afecta principalmente a la región del Tigray, una de las diez que conforman la República Democrática Federal de Etiopía, al norte de la capital, Addis Abeba, y fronteriza con Eritrea y Sudán. Sin embargo, ha tenido impactos y ramificaciones más allá del Tigray. Se han contabilizado 50.000 refugiados etíopes en Sudán, se habla de 63.000 desplazados internos (cifra por confirmar), ha afectado a los refugiados eritreos en Tigray, y ha escalado en enfrentamientos en otras regiones como Amhara y Benishangul Gumuz.
¿Cuál es el contexto?
Este conflicto enfrenta al TPLF, el partido político que controló el EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front), la coalición de partidos en el poder desde la transición política, a comienzos de la década de 1990, y al Primer Ministro, Abiy Ahmed, nombrado por el EPRDF en abril de 2018 en un contexto de crisis política en el país. El EPRDF era el reflejo del régimen político establecido con la constitución de 1994 y de su funcionamiento desde entonces: se instauró la República Democrática Federal de Etiopía (FDRE por sus siglas en inglés) y se adoptó el federalismo étnico para romper con la centralización política de los regímenes anteriores, pero de facto se creó una estructura que permitió al EPRDF controlar todos los gobiernos regionales.
En otras palabras, la descentralización en el papel no se tradujo en una real autonomía de las regiones con respecto al gobierno federal, controlado de facto durante años por el TPLF/EPRDF, liderado por Meles Zenawi, Primer Ministro de Etiopía hasta su fallecimiento en 2012. Desde 2014, las protestas sociales fueron en aumento y la llegada de Abiy Ahmed, en 2018, supuso una aparente voluntad de cambio.
El EPRDF desapareció a finales de 2019, sustituido por el PP, un nuevo partido unitario en el que se integraron todos los partidos de la antigua coalición, a excepción del TPLF. Esta transición de un partido a otro refleja la gradual pérdida de poder del TPLF en el seno del EPRDF. La creación del PP supuso, por tanto, un cambio significativo en el panorama político de Etiopía, entre otras razones porque vino precedido por la defensa por parte de Abiy Ahmed de una nueva filosofía política encarnada en el concepto de medemer, una palabra amhárica que hace referencia a la idea de suma, unión, sinergia.
Al no sumarse al PP, el TPLF ha cuestionado el liderazgo de Abiy Ahmed y la manera en que ha venido pilotando la transición política. El TPLF ha mantenido, sin embargo, el poder en la región del Tigray y, desde ahí, ha llevado una estrategia de oposición al gobierno central, como ningún otro partido habría podido hacerlo en las últimas décadas de férreo control por parte del EPRDF. Su estrategia ha sido un factor clave en la escalada de tensiones, en directa continuidad con su largo historial de represión y autoritarismo.
En consecuencia, la relación entre las partes se ha ido degradando en el último año, particularmente tras la suspensión de las elecciones federales previstas en 2020, oficialmente por la dificultad para organizar unos comicios seguros en un contexto de pandemia. Etiopía es el cuarto país del continente más afectado por la COVID-19, tras Sudáfrica, Marruecos y Egipto. El TPLF consideró que se trataba de una estrategia para consolidar el nuevo partido antes de la prueba de las urnas. Por ello, en septiembre, el TPLF organizó sus propias elecciones regionales, que ganó con una mayoría del 98%, en plena sintonía con las victorias electorales del EPRDF y de los partidos de la coalición en las décadas anteriores, y rompió relaciones con el gobierno federal en octubre. La degradación de la situación culminó en el ataque contra la base militar el 4 de noviembre.
Algunas cuestiones que han marcado el conflicto
El conflicto se ha visto rodeado por algunas controversias que reflejan las incógnitas que lo caracterizan. En primer lugar, el despliegue militar en el Tigray se ha producido en un contexto de apagón informativo total. Las comunicaciones aéreas y terrestres fueron interrumpidas y a ello se sumó el corte de total de las telecomunicaciones. Twitter se ha convertido en una de las principales fuentes de información y desinformación y de activismo de las dos partes, y en un campo de batalla virtual. Esta situación persiste un mes y medio después del inicio del conflicto en la mayor parte de Tigray. Los periodistas no han tenido acceso directo a la región y, cuando han podido, ha sido en los espacios y tiempos permitidos por el gobierno federal. A esta situación se ha sumado el cierre de los bancos, el corte del suministro eléctrico, de agua y gasolina, así como el incremento de los precios de los bienes básicos.
El terrible impacto del conflicto en la población es, a pesar del apagón informativo, una realidad imposible de negar. La población del Tigray ronda los 5,5 millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en el mundo rural. A los impactos inherentes a la violencia de cualquier conflicto se suma que este se ha producido en un contexto de pandemia y que ha estallado en periodo de cosecha. Antes de noviembre, cerca de 800.000 personas ya necesitaban ayuda alimentaria, incluyendo unos 96.000 refugiados eritreos. Sin embargo, las partes implicadas han bloqueado la distribución de la ayuda humanitaria en Tigray.
El conflicto ha estado marcado por ataques a la población civil por ambas partes y por un cruce de acusaciones. La situación está absolutamente polarizada y no hay visos de una solución negociada del conflicto. La Unión Africana, en pleno cierre de su campaña anual “Silenciar las armas”, no ha logrado que los tres enviados especiales que ha designado para mediar en el conflicto (Joaquim Chissano, expresidente de Mozambique; Ellen Johnson-Sirleaf, expresidenta de Liberia y Kgalema Motlanthe, expresidente de Sudáfrica) logren desbloquear la situación. Sin duda, el conflicto refleja los límites de la capacidad de acción de la organización africana y el largo camino que tiene por delante para lograr efectivamente contener la conflictividad dentro de los Estados africanos.
A ello hay que sumar la implicación de actores internacionales, una cuestión poco clara hasta la fecha. El gobierno de Abiy Ahmed ha defendido en todo momento, como anteriores gobiernos, el principio de no-intervención de actores extranjeros en el conflicto. Sin embargo, el gobierno federal parece haber contado con apoyo del gobierno de Eritrea, por la enemistad que el dictador, Isayas Afewerki, profesa hacia el TPLF. El TPLF ha respondido con ataques mediante misiles a su capital, Asmara. Emiratos Árabes Unidos también podría haber proporcionado algún apoyo al gobierno de Abiy Ahmed, aunque este punto es controvertido.
El papel que pueda estar jugando Estados Unidos en el conflicto es, de momento, una incógnita. Aunque la RFDE ha mantenido excelentes relaciones con EEUU, la buena sintonía ha sufrido en los últimos años, con la administración Trump, en parte por la crisis regional que ha generado la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope. La UE, por su parte, ha afirmado suspender la entrega de 90 millones de euros de apoyo presupuestario hasta que no se cumplan ciertas condiciones, como garantizar la distribución de la ayuda humanitaria o la restauración total de las telecomunicaciones, una medida de dudoso impacto si tenemos en cuenta la larga trayectoria de resistencia de Etiopía a las presiones internacionales.
Las repercusiones del conflicto en el resto de Etiopía y de la región generan, asimismo, preocupación. Este no es el único conflicto que afecta al país, aunque sí el más virulento en estos momentos. La situación en Tigray puede contribuir a la degradación de la situación en otras regiones del país, como ocurrió en vísperas del conflicto y en otros conflictos regionales. Etiopía ha retirado tropas de Somalia y Estados Unidos acaba de anunciar también su retirada.
¿Qué horizonte?
El gobierno federal ha rehusado en todo momento hablar de guerra y se ha referido a este conflicto como una operación para restaurar el orden y el estado de derecho. Este discurso busca proteger la estrategia de Abiy Ahmed y su liderazgo como garante de la legalidad y legitimar su papel como conductor de una transición democrática. El TPLF ha sido desacreditado y presentado como una organización criminal. Sin embargo, la detención de periodistas y la persecución de altos cargos de origen tigrino genera dudas sobre el cariz del gobierno federal actual y las anheladas transición y apertura.
Asimismo, una preocupación clara es que este conflicto armado se enquiste en la región del Tigray y se convierta en un conflicto de baja intensidad y larga duración. El origen del TPLF fue la propia lucha contra la marginación de los tigriña en el poder político y contra la dictadura de Mengistu Hailemariam, y ha retornado a su estrategia inicial de guerrilla. Aunque el contexto político, económico, regional e internacional es fundamentalmente diferente, es una posibilidad que no se puede descartar, a pesar de las dificultades que pudiera encontrar el TPLF en esa estrategia. Sería un escollo claro para la transición política hacia la democracia.
