En 2013, ante el dominio yihadista en Malí, el gobierno acudió a Francia en busca de ayuda. O dicho de otra manera, Francia acudió rápidamente para vigilar su zona de influencia africana. Pero después de siete años de intervención militar, Malí sigue siendo el epicentro de la violencia yihadista.
Soldado maliense se entrena bajo la mirada del ejército francés durante la Operación Barkhane en 2015. | Foto Fred Marie – CC
Malí, el escenario perfecto para el conflicto armado
Durante años, Malí fue un ejemplo de estabilidad democrática y paz social. Las tribus convivían entre ellas y aunque la economía era pobre, su democracia parecía moderna y sólida.
Pero poco se hablaba de la recién creada rama de Al Qaeda en el norte del país, Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), de las tensiones territoriales, de la corrupción, ni de la floreciente ruta del narcotráfico de cocaína. Con una economía basada principalmente en la agricultura, Malí es el primer productor mundial de algodón, pero su exportación no genera los beneficios que debería. Tampoco el oro de sus minas no aporta bienestar a sus ciudadanos. Malí era pues, un bonito espejismo.
Todos estos elementos acabaron estallando en 2011, cuando a principios de año empezó en el norte de Malí la (enésima) rebelión tuareg, un movimiento cuyo objetivo es crear un nuevo Estado, el Azawad. No era una rebelión nueva, puesto que desde la época colonial se han producido rebeliones tuaregs en las que se reclama el autogobierno. Pero rápidamente, este movimiento se vio envuelto -y finalmente absorbido – por organizaciones jihadistas como la islamista Ansar Dine que operaban bajo el paraguas de Al Qaeda del Magreb Islámico.
Francia entra en juego
Los tuaregs y los jihadistas solo tenían en común el profundo hartazgo hacia la corrupción política de la capital. Los primeros se sentían abandonados por la administración central, los segundos querían aplicar la sharia. Los dos bandos, cada uno con grupos diferentes en su interior, aunaron esfuerzos contra el Estado. Aprovechando el impulso de la rebelión tuareg, los jihadistas habían conseguido dominar el norte del país solo un año después.
Ante el avance galopante de los islamistas, que día a día tomaban más territorio, el gobierno de Malí acudió a Francia en busca de ayuda. O dicho de otra manera, Francia acudió rápidamente para vigilar que su zona de influencia africana no se convirtiera en un centro de radicalización islámica.
De esta manera, Francia entraba en su enésimo capítulo de la Françafrique. Es decir, la defensa de los intereses franceses por encima de los de la población africana. Primero con la Operación Serval y luego la Operación Barkhane, la excolonia afirmaba querer ayudar a un país amigo a combatir el terrorismo yihadista. Francia considera el Sahel como su frontera sur, un punto clave para la cuestión de la inmigración. Además, la región del Sahel es rica en uranio, oro y gas y las empresas francesas como Total o Areva tienen sus lucrativos negocios en la zona.
Más militarización, más violencia
Durante siete años, Francia ha llegado a tener unos 5000 hombres en el terreno. Pero Malí sigue siendo un avispero. La estrategia de la militarización, no ha contribuido a hacer del país africano un Estado fuerte. En muchas regiones, el Estado está ausente y no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Peor aún, el conflicto se ha internacionalizado. Como dice Marc-Antoine Pérouse de Montclos, autor de Una guerra perdida, “Francia pisó el hormiguero de los grupos jihadistas. El resultado es que se dispersaron y luego emergieron en áreas donde no estaban antes.” El ejemplo paradigmático es la región de Tillabéry, en Níger, “la región de las tres fronteras” escenario de combates entre los grupos armados y el ejército. Sólo durante el 2019, los ataques jihadistas causaron 4.000 muertos en Mali, Níger y Burkina Faso según fuentes de la ONU, y provocaron el desplazamiento de 600.000 refugiados. Un número mucho mayor del de los caídos en combate del ejército francés (43 a día de hoy, 13 de mayo).
En un intento de “alejarse” del foco por parte de Francia, en 2017 se creó el G5 Sahel, una fuerza militar de los 5 países implicados: Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. La iniciativa pretende demostrar que los 5 Estados (cuyos lazos tribales y culturales son similares) podían coordinarse. Pero la correlación de fuerzas es desigual: los 5 países del G5 Sahel no están militarmente bien equipados y en cambio, los grupos armados reciben financiación de organizaciones más sólidas en Oriente Medio (ISIS, Al Qaeda…).
En enero, Francia convocó a los 5 dirigentes africanos en la ciudad francesa de Pau para que “clarificasen” sus peticiones y necesidades sobre la intervención francesa. Pero en la cumbre, Francia hizo saber que no contempla otra solución que no sea la intervención militar, es decir no hay margen para la negociación política con los grupos armados. La reunión concluyó con el anuncio del envío de 220 soldados franceses suplementarios en el Sahel.
Soldado francés perteneciente a la Operación Barkhane | Foto: Fred Marie – CC
No hay paz sin diálogo
Lo interesante del conflicto de Malí es que acaba siendo un fenómeno multidimensional: lo que parecía un problema histórico (la reivindicación tuareg) acabó siendo un problema contemporáneo (el terrorismo islámico). Y a su vez, lo que parecía un asunto local (Malí y la rebelión), se ha convertido en un problema regional (el terrorismo en el Sahel). Pero el problema de base es el mismo: una mala repartición de los recursos económicos, energéticos y minerales.
A día de hoy son muchas las voces del Sahel que critican la presencia francesa en suelo maliense. La población, harta de la violencia y la intervención extranjera, siempre ha sospechado que Francia solo venía a proteger sus intereses geopolíticos en la zona, sin entender cuál era la naturaleza del conflicto. Sirva como ejemplo los recientes hechos como el apoyo de Francia a los dictadores como Blaise Compaoré (Burkina Faso) e Idris Déby (Chad), o el pillaje de uranio en Níger cuyas ganancias nunca han beneficiado a la población. Otras voces acusan a Francia de desestabilizar deliberadamente el Sahel para seguir lucrándose de los recursos naturales.
Ante el fracaso de la intervención militar extranjera, otra solución se impone: el diálogo. Un diálogo nacional, con la participación de la sociedad civil, para acercar posiciones. El gobierno de Malí ha empezado a sentar algunas bases para ello que aún no han fructificado. No obstante, los grupos armados no confiaran en el Estado si éste sigue apoyándose en Francia.
En abril se organizaron elecciones parlamentarias. El coronavirus, la violencia y el secuestro del líder de la oposición tuvieron un impacto en la participación: solo el 35% de electores fueron a votar. Sin embargo, el nuevo parlamento, con 21 fuerzas políticas, tendrá la responsabilidad de liderar una propuesta para la construcción de la paz: seguir con la intervención francesa o negociar con los grupos armados.
Autora
Helena Cardona (@HelenaCardona) es politóloga especialista en África.
