Mineras en República Democrática del Congo

 

 

 

Capital mundial de la violación. De este modo describió la región este de República Democrática del Congo en 2010 Margot Wallstrom, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos. Desde que en los albores del siglo XXI, concretamente en 2002, se destaparan los crímenes sexuales cometidos en RDC, los discursos mediáticos sobre el país se han centrado en ellos. Las “violaciones como arma de guerra” es una imagen que ha representado, si no al Congo, sí al menos a la realidad de las congoleñas. En 2005 se empleó por primera vez la expresión “los cuerpos de las mujeres como campo de batalla”. Es frecuente encontrar titulares que aluden a RDC como “el peor sitio en La Tierra para ser mujer” (a raíz de un ranking elaborado por Save the children hace ya cinco años) o “para ser madre”, o que se mente la violación como “el gran silencio”.

Pocos escenarios de violencia han sido tan difundidos y sus características tan esencializadas como la «violencia sexual como arma de guerra» en el caso de República Democrática del Congo (RDC). La violencia irracional y avariciosa por el control de los minerales que hacen funcionar nuestros aparatos electrónicos arrasa física y psicológicamente a las mujeres. De acuerdo a este relato, de la representación de las congoleñas del este del país en los medios occidentales hay que destacar la simplificación sensacionalista por la que suelen reducirlas a meras víctimas pasivas de una violencia irrevocable, representación que moviliza la lástima y la compasión del receptor. Los medios de comunicación tienen a etiquetar a todo un país y una sociedad en las escasas informaciones publicadas, año tras año, que se limitan a difundir datos escabrosos a modo de denuncia, sin aportar referencias contextuales que doten de cierta profundidad al contenido. De este modo, el periodismo internacional gusta de conectar en sus piezas violencia y tecnología (la resultante de minerales congoleños exportados, como el coltán) como realidades inseparables.

Tanto la industria de la ayuda internacional, como los medios de comunicación
y las instituciones han entendido mayoritariamente la violencia sexual
en este caso como una herramienta que facilita el acceso a áreas ricas en recursos.
Esta interpretación, sin embargo, resulta problemática porque genera importantísimas ausencias

Tanto la industria de la ayuda internacional, como los medios de comunicación y las instituciones han entendido mayoritariamente la violencia sexual en este caso como una herramienta que facilita el acceso a áreas ricas en recursos. Esta interpretación, sin embargo, resulta problemática porque genera importantísimas ausencias y pone en riesgo una solución real a la violencia contra las mujeres. Por tanto, nuestro objetivo no es minimizar la gravedad y dimensiones de esta violencia, sino señalar precisamente esas zonas de sombra que el relato mayoritario ha dejado ocultas.

Y es que en él operan entrelazadas dos poderosas narrativas. Por un lado, la atención internacional por los minerales de conflicto, que subraya la relación entre el estallido de violencias y la abundancia de recursos naturales –la existencia de minerales u otros productos como causa directa del conflicto–. Por otro lado, la narrativa que vincula directamente la presencia de lucha armada con la violencia sexual, como su consecuencia. Las mujeres solo están presentes en el extremo de esta cadena, como víctimas.

La primera narrativa –la avaricia por el control de los recursos es la causa del conflicto– deja de lado factores estructurales y motivaciones sociopolíticas fundamentales para entender las dinámicas del conflicto en RDC, la importancia de su dimensión regional, etc. Además, obvia la flexibilidad de los grupos armados a la hora de adaptarse a los cambios, modificando sus fuentes de financiación a través de la tasación ilegal o el tráfico de otros productos que escapan del escrutinio para controlar las cadenas de suministro.

La segunda narrativa, que enfatiza la violencia sexual como arma de guerra, no resulta por sí sola congruente con otras miradas críticas que subrayan su carácter estructural. Por ejemplo, de acuerdo a una investigación diseñada y ejecutada entre 2012 y 2014 por el Banco Mundial y la Iniciativa Humanitaria de Harvard, así como las evidencias presentadas por organizaciones locales e internacionales, el sujeto agresor se ha modificado, pasando de los actores armados para centrarse en los civiles. Esta es una realidad a menudo obviada en crónicas internacionales por la falta de involucración de los corresponsales. Así mismo, la complejidad de las propias dinámicas de género en los entornos mineros del este del país es otra importante ausencia, y en consecuencia, las propuestas suelen estar basadas en una mirada exógena y marcadas por la agenda internacional, desde un prisma militarizado y de securitización de la violencia sexual.

Más allá de la inseguridad a la que se enfrentan las congoleñas vinculada con el conflicto y la obtención de minerales, la violencia hacia las mujeres está normalizada socialmente, “respaldada por el machismo de un sistema hiperpatriarcal en que la mujer ha asumido la discriminación como un hecho natural” y las agresiones quedan impunes. La violencia sexual en la región, por tanto, debe ser contextualizada en esa reconfiguración política y social en la que emergen nuevas estructuras de poder, y en las modificaciones de las relaciones de género y comunitarias producidas por los años de conflicto armado. La crisis de los modelos tradicionales de masculinidad, la impunidad generada por la profunda desestructuración social o la fractura de las relaciones tradicionales de género deben ser objeto de mayor análisis si se pretende atajar la violencia sexual extendida entre la población civil.

Sin embargo, la lógica interna de la combinación de ambas narrativas ha producido el siguiente razonamiento: si controlamos la producción de minerales y mantenemos ‘limpia’ la cadena de suministro, acabaremos con el conflicto y, por lo tanto, con la violencia sexual asociada. Esta lógica ha tendido a reforzar la percepción de las congoleñas como meros sujetos pasivos a los que proteger, tendiendo a propuestas que las alejan de las minas y sus entornos, lo que ha provocado la invisibilización de su agencia, sus roles económicos y, colateralmente, incluso ha obstaculizado su acceso a oportunidades laborales esenciales para su supervivencia. De nuevo, es importante contextualizar la violencia sexual en un marco de abuso generalizado y otras formas de violencia para evitar ahondar en ellas.

 

La minería como estrategia de vida

Las congoleñas están presentes en las zonas de minería artesanal, pero se sabe relativamente poco sobre sus estrategias de vida y sobre los impactos específicos que la creciente actividad minera y las diferentes iniciativas de regulación del sector les generan en su día a día. Durante bastante tiempo, los esfuerzos centrados en romper el vínculo entre la codicia por los minerales y la violencia sexual hacia las mujeres ha provocado que el entender su papel en estos entornos no fuera prioritario.

Si bien diversos estudios señalan que África es la región que cuenta con un mayor porcentaje de mujeres dedicadas al sector (entre un 40 y un 50% –sea en tareas de explotación, procesado o actividades relacionadas en la cadena de suministro–), en RDC los porcentajes no son tan altos, pero se estima que, de las hasta dos millones de personas empleadas directamente, en torno al 20% son mujeres.

En un contexto de inestabilidad e incertidumbre económica,
las tareas vinculadas a la extracción de minerales pueden resultar
fundamentales para que las mujeres mantengan sus unidades familiares.

En un escenario de economía de guerra o construcción posbélica, de desagrarización y de falta de terrenos o de acceso a ellos y a los mercados donde vender la producción debido a la inseguridad generalizada, la minería artesanal se erige en RDC como un sector accesible, ya que no requiere inversiones de capital previas ni conocimientos especializados y genera ganancias a corto plazo. Justamente lo que necesitan las congoleñas que, a menudo, son el único pilar económico de las familias, con maridos que se han ido lejos a buscar trabajo y no regresan o lo hacen puntualmente. Es decir, en un contexto de inestabilidad e incertidumbre económica, las tareas vinculadas a la extracción de minerales pueden resultar fundamentales para que las mujeres mantengan sus unidades familiares.

 

En los entornos mineros, ellas asumen multitud de trabajos. Principalmente, de porteadoras –llamadas hilux en algunas zonas-, de procesadoras de las rocas, triturando –twangaises–, seleccionando o lavando los minerales, las Bizalu son las que compran y reprocesan las arenas del lavado en busca de restos de mineral, o las Tora, que lo hacen por tercera vez; así como proveedoras de servicios y bienes regentando tiendas, como cocineras, lavanderas o, incluso, intermediarias comerciales o en disputas entre mineros y negociantes –Shashulere–.

Sin embargo, la desigualdad estructural y la feminización de la pobreza provoca que las labores de las congoleñas sean consideradas de apoyo, supeditadas a aquellas desempeñadas por los hombres y, por lo tanto, frecuentemente de las más duras físicamente y peor pagadas. Además, el hecho de que sus tareas no sean de extracción directa –de esto se encargan los llamados creuseurs o «cavadores» que, en RDC, son predominantemente hombres– comporta cierta invisibilidad al no ser consideradas mineras. A esto se suma que el trabajo en las minas es dinámico y migrante, por lo que suelen no contar con sus redes de apoyo social y económico, y por todo esto, se encuentran entre las poblaciones en posiciones de vulnerabilidad a la depredación sexual y económica.

La prevalencia de la asociación directa entre minería y violencia sexual ha influido de manera notable en las propuestas de intervención en RDC, reduciendo el concepto de “seguridad” a una cuestión de integridad física. En realidad, tiene que ver con ese posicionamiento de inferioridad estructural (escaso poder de negociación, limitado acceso a la justicia, la información y los espacios de poder y decisión, etc.), la escasez de alternativas y la ausencia de redes de apoyo. Así pues, la seguridad de las mujeres en estos contextos debería abarcar el acceso a oportunidades económicas, a salud y bienestar, y la participación activa en la gobernanza local.

En este contexto de desigualdad y violencia estructural que comentamos, queremos reflejar especialmente el impacto específico de la violencia sexual sobre las mujeres de la etnia minoritaria batwa. Los pueblo originarios de las zonas boscosas de la región de los Grandes Lagos (RDC, Uganda, Ruanda y Burundi), conocidos como pigmeos, sufren la marginalización de la sociedad mayoritaria en todos los niveles. A la pérdida de su hábitat tradicional y recursos en los bosques (debido a la militarización de la región y la intensificación de la minería, entre otras razones), se une la exclusión social y la discriminación en el acceso a salud, educación, opciones laborales, etc. Las mujeres sufren una discriminación interseccional, uniéndose a la feminización de la pobreza aquella por su etnicidad. Los conflictos han tenido un impacto enorme y profundizado su vulnerabilidad. La prevalencia de la violencia sexual hacia ellas es altísima, y supersticiones como que el sexo con una mujer batwa cura el SIDA o los dolores de espalda (creencias populares que, por otra parte, también se han escuchado sobre niñas o vírgenes de la población mayoritaria, y que sirven para legitimar esa violencia) incrementan las agresiones, y con ello la afectación por el VIH.

 

El periodismo comprometido

Como afirma Radhika Parameswaran, los profesionales de la información tienen que intentar producir análisis locales, más cuidadosos con la historia, que no homogeneicen, ni universalicen. En este sentido, una de las prioridades de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, era conseguir que los medios pasaran de considerarlas víctimas a cubrir los esfuerzos que hacen las mujeres para cambiar su situación, acciones para combatir la opresión que se invisibilizan o marginan en los medios occidentales.

Entre las críticas clave que se les hace a muchos periodistas extranjeros y que explican la narrativa informativa imperante está, en primer lugar, que se trasladan a RDC para mostrar su actualidad disponiendo de un conocimiento limitado o nulo de la historia del país y sin entender los resortes de la política local, con lo que se les escapan los matices del conflicto y las causas profundas de la guerra.

En segundo lugar, la selección de fuentes informativas. Suelen recurrir a “voces autorizadas” de cargos, especialistas y académicos, abusan de las fuentes extranjeras que están en el terreno y tienden a usar voces masculinas como expertos y femeninas como víctimas, recayendo en el estereotipo unidimensional de las congoleñas.

En tercer lugar, la falta de profundidad de las piezas comunicativas, si bien provocada en muchas ocasiones por restricciones económicas y temporales de los entramados mediáticos, queda patente en el vacío que hay tras las cifras, por ejemplo, de víctimas de violencia, ya que es muy infrecuente que se haga seguimiento de las historias. Con esto, solo trasciende la agresión en sí, desprovista de sus consecuencias, de lo que supuso en el devenir de la víctima.

En los últimos años, se han multiplicado proyectos mediáticos locales
que ejercen gran presión social concienciando a la población
y promoviendo la participación en temas como la lucha contra la violencia sexual.

Frente a este quehacer de los corresponsales foráneos, cabe revelar el periodismo realizado por las mujeres del este congoleño. En los últimos años, se han multiplicado proyectos mediáticos locales que ejercen gran presión social concienciando a la población y promoviendo la participación en temas como la lucha contra la violencia sexual. En esta coyuntura, nace la Asociación de mujeres de medios de Kivu Sur (AFEM-SK), una organización de mujeres periodistas cuya misión no es informar desde la imparcialidad, sino “combatir la violencia dando las explicaciones y apuntando las causas profundas, de tal manera que las mujeres sepan que ellas no son culpables de haber sido víctimas”.

Estas periodistas incluso llevan a cabo campañas para identificar a mujeres rurales que, formadas y equipadas con grabadoras, puedan recoger testimonios de la situación femenina y sus derechos. Una forma de empoderar, fácil y cercanamente, entre congéneres. Visibilizando las dificultades de las víctimas pero también las propuestas locales para acabar con la violencia, las integrantes de AFEM-SK responden a las exigencias de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Podría decirse que lo que hacen los informadores extranjeros es retratar la violencia directa desde los paradigmas del periodismo convencional, y de lo que se ocupan profesionales del terreno, como las de AFEM-SK, es de mostrar la violencia estructural desde el prisma de un periodismo comprometido.

Acerca de la labor que desempeñan el resto de comunicadores congoleños, conviene apuntar que, desde que en los años noventa se abriera el mercado comunicativo y comenzaran a surgir medios privados, la RDC cuenta con decenas de canales de televisión y centenares de cabeceras de prensa y emisoras de radio. Sin embargo, el 60% de esos medios se concentran en la capital, lo que condiciona el alcance de las informaciones que ofrecen. Y es que, estando tan alejados geográficamente, es poco frecuente que los periodistas de Kinshasa se desplacen a las provincias orientales para averiguar lo que ocurre y denunciarlo en sus altavoces capitalinos. Esto, sumado a la injerencia de intereses políticos en las líneas editoriales, oculta la realidad de los Kivus para el público del país, al que se le llega a vender que se ha alcanzado la paz.

Así, ni la audiencia occidental ni la mayoría de la congoleña reciben una imagen precisa de la mujer de las regiones orientales. La representación mediática que recibe la primera es eminentemente reduccionista, restringiéndola al estado de víctima que no puede escapar de la violencia por sí misma, necesitando la intervención internacional o de las raras avis, esto es, congoleños que los medios extranjeros han convertido en famosos baluartes de la lucha contra la violencia. Los dos ejemplos más notables (y casi los únicos “congoleños buenos” reivindicados en la prensa mundial) son el Nobel de la Paz 2018 Denis Mukwege, popularizado como “el hombre que repara a las mujeres”, y la Príncipe de Asturias a la Concordia 2014, Caddy Adzuba, apodada “la Fénix del Congo”, subrayando su excepcionalidad como mujer congoleña no devastada por la violencia.

 

Autoras: Celia Murias & Ana Henríquez

Artículo publicado originariamente en catalán en Nationalia.El diari digital de les nacions i pobles sense estat.

Foto de portada e interior: Marie-Rose Bashwira.

Gráficas: Informe USAID (abril 2015); informe Université Carleton, PAC, DRASPAC (julio 2017).

Mapa distribución población batwa: Minority Rights Group International