Tras tres décadas en el poder y con un historial de violencia y genocidio a sus espaldas, el dictador Omar al-Bashir se vio obligado a dejar el poder en abril después de meses de protestas. A pesar de la promesa inicial de cambio que acompañó la revolución, los meses que siguieron a la caída del dictador fueron tumultuosos en un país que durante décadas ha vivido marcado por la represión y una violencia extrema. Queda un largo camino por recorrer para que Sudán se pueda considerar un país estable y pacífico. Ha lugar el optimismo debido a la perseverancia de la sociedad civil y a la demostrada capacidad y energía de la juventud sudanesa, pero los próximos meses van a ser clave y se entrevén múltiples puntos de tensión que pueden amenazar el éxito de la transición. ¿Qué ha sucedido y qué está sucediendo en el país?
La dictadura de Bashir
El 1 de enero de 1956 se estableció la República de Sudán como estado independiente. Las décadas que siguieron se caracterizaron por cambios e inestabilidad, y culminaron con el golpe de estado de 1989 mediante el cual Omar al-Bashir accedió al poder.
En Sudan ha habido 13 intentos de golpe de estado en los últimos 40 años (algunos de ellos apoyados por distintos partidos políticos). En los 90, con al-Bashir, el gobierno de Sudan apoyó la invasión de Kuwait y hospedó a conocidos terroristas tales como Osama Bin Laden, lo que escaló tensiones con Europa y los Estados Unidos y acarreó sanciones que afectaron gravemente a la economía del país.
Las últimas décadas, no obstante, han venido marcadas principalmente por la fuerte represión, violencia, y pobreza dentro del país. Entre 2003 y 2009, Darfur, al oeste del país, fue uno de los focos principales de violencia. En Darfur operaban los temidos Janjaweed (“jinetes armados”), milicias a caballo que usaban técnicas tales como la violación a niñas y mujeres o el incendio de pueblos. Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, tuvo un papel principal entre los Janjaweed y lo tiene hoy en día en las Fuerzas de Apoyo Rápido (milicia paramilitar integrada en el régimen y compuesta, como mínimo en parte, por miembros los sangrientos Janjaweed) y el recientemente establecido Consejo de Soberanía.
En un país rico en petróleo hasta la independencia de Sudan del Sur, tras la cual perdió tres cuartas partes de sus reservas, en los últimos años la economía ha deteriorado severamente. Este deterioro, junto a la represión, a las protestas de diciembre que marcaron el inicio de la revolución más reciente.
Llega la revolución y el Consejo de Transición Militar
A las manifestaciones de diciembre de 2018 les siguieron cuatro meses de protestas continuadas organizadas principalmente por civiles y con un marcado protagonismo de la Asociación de Profesionales Sudaneses y de las mujeres, como ya os contamos en marzo. El 11 de abril de 2019, en una retransmisión por la televisión estatal, el hasta entonces vicepresidente y ministro de defensa anunció que al-Bashir había sido apartado del poder.
Desde el 6 de abril los manifestantes habían estado ocupando el espacio ante el complejo presidencial y el cuartel general del ejército en Jartum (la capital del país), ocupación que se tornó en símbolo de la revolución. Los manifestantes reconocieron la legitimidad de las Fuerzas de la Declaración por la Libertad y Cambio (FDLC) para representarlos. Esta coalición incluye la Asociación de Profesionales Sudaneses (APS), organizaciones políticas de la oposición tales como los grupos políticamente liberales y el Partido Comunista sudanés, y grupos político-militares del sur y oeste del país. A pesar de la declaración del nuevo gobierno del Consejo de Transición Militar, los ocupantes siguieron en su asentamiento.
El derrocamiento de Bashir inició un largo período de negociaciones entre el Consejo Militar de Transición y los líderes de la oposición política, quienes acertadamente desconfiaban de los miembros del Consejo, conformado por antiguos aliados de al-Bashir. El poco progreso de las negociaciones desembocó en una gran manifestación política para discutir el destino de la revolución en el área ocupada.
El 3 de junio, las Fuerzas de Apoyo Rápido dispersaron la ocupación de forma violenta causando la muerte de más de 100 personas y centenares de heridos, y violando a un número indeterminado de personas (recientemente, una de les mujeres violadas se suicidó). También destacó el bloqueo de internet por parte de las autoridades sudanesas (a pesar de ello, la diáspora jugó y aún juega un papel importante recopilando y compartiendo información).
Foto: protests en Abyey (Creative Commons)
Las Fuerzas de la Declaración por la Libertad y el Cambio pusieron fin a las negociaciones y llamaron a la huelga general y desobediencia civil. No obstante, en julio, las partes acordaron un proceso de transición de 39 meses para retornar a la democracia. El 4 de agosto ambas partes firmaron la Declaración Constitucional, ratificada el 17 de agosto, fecha en la que se firmó un acuerdo institucional entre las fuerzas armadas y los líderes de la oposición civil por el cual se estableció el reparto del poder entre el consejo y la oposición.
Y ahora, ¿qué?
El primer gobierno post-al-Bashir se constituyó en septiembre y está encabezado por Abdallah Hamdok, tecnócrata y economista que nunca formó parte del gobierno del dictador. La Transición es compleja y al gobierno liderado por Hamdok se le suma el Consejo de Soberanía, que incluye a figuras relevantes y muy cuestionadas por su pertenencia al antiguo régimen.
Las primeras elecciones legislativas están previstas para dentro de tres años. Establecer un período relativamente largo hasta las elecciones es probablemente acertado, dado que hacen faltas grandes y sustantivas reformas para que se puedan celebrar unas elecciones democráticas legítimas y libres de corrupción.
Aunque los cambios radicales y la fuerza y persistencia de la población en los últimos meses dan lugar a la esperanza, el contexto en Sudán es aún muy frágil, con varios puntos preocupantes de fricción.
Como en la mayoría de las transiciones, cabe esperar que se experimenten fuertes tensiones entre los objetivos de justicia y paz. Previsiblemente habrá, como es necesario, una fuerte insistencia en el establecimiento del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, las libertades individuales y de prensa, y se va a buscar establecer la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el anterior gobierno.
Hará falta para ello una reforma del sector de seguridad, un proceso de desarme, desmovilización, y reintegración de las facciones armadas, y un proceso de justicia transicional. La Declaración Constitucional menciona una Comisión de Justicia Transicional y una Comisión de Reforma Legal, aunque no desarrolla los detalles de estas.
No obstante, exigir la responsabilidad (especialmente criminal) y purgar las instituciones de todos los actores involucrados en las violaciones supondría eliminar los incentivos necesarios para que estas partes sigan sentadas en la mesa de negociación y no recurran una vez más a la violencia. A ello cabe añadir que el ejército tiene el control del país durante los primeros 21 meses del acuerdo. A partir de entonces, habrá una administración dirigida por civiles durante los 18 meses que precederán a las elecciones.
Los militares y responsables de los crímenes de las últimas décadas han jugado también un papel importante en el derrocamiento de al-Bashir (por motivos estratégicos). Desarmar el aparato militar y paramilitar del que se rodeó el dictador va a ser una ardua tarea, y seguramente sea necesario integrar las Fuerzas de Apoyo Rápido en las fuerzas armadas. Es de prever que ello acarree fuertes protestas y cabrá ver si se establece la responsabilidad de al menos los líderes de las perpetraciones de violaciones de derechos humanos más graves. Por el momento, Hemeti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido que dispersaron a los manifestantes en junio, forma parte del Consejo de Soberanía.
Treinta años de tiranía, corrupción, guerra y cleptocracia dejan mella y los miembros del antiguo régimen no van a cambiar su manera de operar y renunciar a sus privilegios y riqueza fácilmente, aunque ello esté previsto en la Declaración Constitucional. Los acuerdos de paz y altos al fuego de las últimas décadas establecen un mal precedente, dado que todos fueron violados por el antiguo gobierno sudanés.
Al riesgo que conlleva la tenencia del poder por un grupo militar con demostradas tendencias autoritarias, se le suma el hecho de que la revolución ha unido a grupos dispares que pueden fragmentarse a medida que transcurran los meses.
Otro punto clave de la revolución fue el papel predominante que adquirieron las mujeres y organizaciones feministas en el movimiento popular. En la conformación del nuevo gobierno, éstas exigieron una composición paritaria que no se ha consumado. Por otro lado, la violencia continúa en partes del país, especialmente en Darfur (donde se dice que las Fuerzas de Apoyo Rápido siguen operando) y será necesario hacer frente a las necesidades de los refugiados y desplazados internos que reclaman reparaciones y ser escuchados. En Sudan, hay más de un millón de refugiados, procedentes en gran parte de Sudan del Sur, pero también de Eritrea, Etiopia, y Chad.
Las reformas legales y democráticas se deberán llevar a cabo en un contexto de economía prácticamente fallida y diferentes injerencias internacionales. Es un contexto extremadamente complicado, pero también lo era en diciembre o en abril y a pesar de ello se han logrado cambios. La población civil sudanesa y una activa diáspora tienen mucho potencial, pero también un largo camino por recorrer por delante.
Míriam Juan-Torres es investigadora senior en More in Common, organización internacional donde trabaja temas de populismo autoritario y polarización política y social. Anteriormente vivió y trabajo en Ghana y se especializó en derechos humanos y conflictos desde una perspectiva multidisciplinar.
