El pasado 8 de octubre, el Gobierno de Hailemariam Desalegn decretaba el estado de emergencia en Etiopía por un periodo de seis meses. Es la primera vez, desde el cambio de régimen político a principios de 1990 con la instauración de la instauración de la República Democrática Federal de Etiopía (RDFE), que se recurre a esta medida excepcional a nivel estatal. Con ella se pretende poner fin a las protestas que se están dando en el país, protagonizadas en gran medida por la comunidad oromo, la mayor etnia del estado, a lo largo del último año. Las protestas, que han tenido lugar también en otras regiones y comunidades, reflejan un malestar social compartido que pone en entredicho el proyecto político del Frente Democrático Revolucionario de los Pueblos de Etiopía (EPRDF), el partido en el gobierno desde la caída del régimen anterior.
Las noticias sobre estas manifestaciones han trascendido de cuando en cuando a los medios de comunicación internacionales. Un momento álgido en ese interés mediático se produjo cuando el atleta Feyisa Lilesa hizo el gesto que simboliza las protestas oromo al terminar el maratón en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, logrando llamar la atención sobre el conflicto político que atraviesa Etiopía. Sin embargo, esta tensión política no es nueva sino que pone de manifiesto la existencia de amplios grupos sociales críticos con el gobierno que demandan un espacio político más abierto, democrático y descentralizado, y una sociedad más justa.
Feyisa Lilesa realiza el símbolo de las protestas oromo en las olimpiadas de Río de Janeiro. Foto: Jeso Carneiro
Federalismo étnico
La última transición política trajo un cambio en la estructura política y administrativa del país al adoptar el modelo del federalismo étnico. S se redefinió el mapa en torno a nueve regiones federadas y dos ciudades autónomas (Addis Abeba y DireDawa), delimitadas en base a criterios etnolongüísticos y territoriales. El mapa político de Etiopía deja entrever algunas de las dificultades y anomalías del federalismo étnico, con regiones muy dispares en su extensión, que difícilmente reflejan la diversidad de un país con más de 80 etnias.
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Mapa Político de la República Federal Democrática de Etiopía
En la práctica, esta estructura ha generado un movimiento contradictorio: centrípeto porque desde Addis Abeba se ha mantenido un fuerte control de las instituciones del estado y de su economía (el estado mantiene por ejemplo la propiedad de la tierra), y centrífugo porque ese control se ha ejercido reforzando e instrumentalizando las identidades étnicas como fundamento de la política estatal y regional. El partido en el gobierno, conformado por una coalición de partidos de base étnica controlada de facto por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), ha logrado mantener un estricto control de la política y de la economía del país, de acuerdo a los principios de la democracia revolucionaria. Algunas características estructurales de este régimen son la concepción vertical de la política mediante un sólido control de las regiones desde el centro a través de la gestión de los recursos y la fiscalidad, y del nombramiento de los altos cargos regionales, así como con el control de los medios de comunicación y del ámbito asociativo.
El “Addis Abeba Master Plan”
A pesar de su independencia administrativa, la capital de Etiopía se encuentra enclavada en la región de Oromiya, y acoge también la sede del gobierno regional. En abril de 2014 se dio a conocer Plan de Desarrollo Integrado de Addis Abeba y de la Zona Colindante Especial de Oromiya, conocido como el Addis Abeba Master Plan. Este proyecto preveía la expansión territorial de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, que pasarían a situarse bajo control administrativo de Addis Abeba.
El proyecto se planteaba como una respuesta al crecimiento de la mayor ciudad de Etiopía y dentro de la lógica del estado desarrollista según la cual el estado es el que dirige y controla la economía. El Máster Plan proyectaba una expansión urbanística para, entre otras cuestiones, atraer nuevas industrias, conducir el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad, consolidarla como centro económico y político, y hacerla internacionalmente competitiva. Inmediatamente tras el anuncio de este plan, se oyeron voces críticas contra el mismo que cuestionaron tanto la forma en que se diseñó como su significado e impacto para la región de Oromiya.
Desde esta perspectiva, el Plan desdeñaba al pueblo oromo al no haber sido implicado en su diseño. Deploraron asimismo el impacto que tendría en las poblaciones rurales afectadas por el crecimiento de Addis Abeba, que se verían forzadas a desplazarse sin recibir una compensación decente y sin garantías. El Máster Plan se interpretó como una prueba más de la continua marginación política, económica y cultural del pueblo oromo, en palabras del histórico opositor y politólogo Merera Gudina.
Los oponentes al plan plantearon que el proyecto respondía solo a las necesidades e intereses de la capital y del gobierno federal, y no a los de la región, por lo que esta tendría que soportar las consecuencias del crecimiento sin recibir nada a cambio. En términos legales también plantearon que no respetaba el artículo 49.5 de la Constitución según el cual “el interés especial del Estado de Oromiya en Addis Abeba en relación con la provisión de servicios sociales básicos y la utilización de los recursos naturales y otros asuntos similares, así como de las cuestiones administrativas conjuntas que surjan de la ubicación de Addis Abeba dentro del Estado de Oromiya, habrá de ser respetado…”
La demanda de apertura del espacio político
Las protestas contra el Máster Plan comenzaron el mismo mes de abril en varias universidades y ciudades de Oromiya, en vísperas de la visita del Secretario de Estado estadounidense John Kerry. Fueron violentamente reprimidas causando varios muertos, en torno a una decena según el gobierno y varias decenas según diferentes testimonios, y se acompañaron de amplias detenciones. En su informe de 2014 “Because I am Oromo”, Amnistía Internacional apunta que esta represión se inscribía en continuidad con la persecución de la que la comunidad oromo crítica con el gobierno había venido siendo objeto. Quienes no secundan la Organización Democrática del Pueblo Oromo (ODPO) que gobierna la región y miembro del FDRPE han sido acusados de apoyar al Frente de Liberación Oromo.
Estas protestas no han sido, sin embargo, las únicas que se han dado en Etiopía desde la década de 1990 y especialmente a lo largo de la última década. Desde la fallida apertura política en las elecciones de 2005, el EPRDF ha emprendido con éxito un proceso de consolidación de un sistema de partido único. Las pasadas elecciones en mayo de 2015 resultaron en una victoria de esta coalición, que obtuvo el 92% de los escaños en el parlamento, mientras que los escaños restantes fueron para otros partidos afines a la misma. Se entiende que de facto el EPRDF controla el 100% de la cámara.
Durante el último lustro se han manifestado múltiples reivindicaciones, no necesariamente articuladas en torno a reivindicaciones étnicas sino también religiosas, socioeconómicas y de demanda de un mayor espacio para el ejercicio de la democracia. Todas tienen un denominador común: su crítica a la omnipresencia del EPRDF en la vida cotidiana de los ciudadanos etíopes. La respuesta ha sido la misma, la represión. El mismo mes de abril de 2014 eran detenidos los miembros del blog Zona 9 junto con otros tres periodistas, en el marco de la ley antiterrorista promulgada en 2009. En vísperas de la visita de Barack Obama a Etiopía en julio de 2016 cinco de ellos fueron liberados; y aunque recientemente se ha sabido que los cuatro restantes serían absueltos, aún no han sido puestos en libertad. De hecho, uno de los blogueros liberado en julio acaba de pasar varios días detenido por hablar de la situación política en la terraza de un café con unos amigos.
#OromoProtests y la expansión de los apoyos
En noviembre de 2015 las protestas oromo contra el Máster Plan volvieron a cobrar fuerza. La represión policial se cobró la vida de 75 personas, pero no impidió que las manifestaciones prosiguieran, en un clima cada vez más tenso. En enero de 2016 el ODPO anunció el abandono del Máster Plan, aduciendo un malentendido fruto de la falta de transparencia en su diseño. A pesar de esta decisión sin precedentes, la retirada del proyecto fue insuficiente para acallar un movimiento con raíces mucho más profundas.
Aunque el federalismo étnico trató de poner fin a un modelo político fuertemente centralizado, y particularmente a la preeminencia política de la etnia amhara, en la práctica no ha supuesto la instauración de un régimen democrático multiétnico sino que ha caído bajo el control del TPLF-EPRDF. Frente a ello, las protestas oromo han puesto sobre la mesa un sentimiento de agravio de larga trayectoria por su falta de autonomía política que, según Merera Gudina, suponen un punto de inflexión en el desarrollo del nacionalismo oromo.
Desde este punto de vista, el Máster Plan ha contribuido a superar divisiones políticas entre los oromo, y también ha actuado como detonante de una reivindicación política mucho más amplia que ha encontrado su eco en otras comunidades como la amhara —especialmente desde julio de este año— y más recientemente la afar. En los últimos meses las protestas se han extendido y agudizado, también en las redes sociales, un espacio fundamental para la protesta y su internacionalización, especialmente a través del hashtag #OromoProtests, lo que ha motivado que el gobierno haya cortado en repetidas ocasiones el acceso a internet.
Declaración del estado de emergencia
A principios de octubre, cuando la comunidad oromo de la ciudad de Bishoftu celebraba el fin de la época de lluvias, se produjo una estampida mortal como consecuencia de la actuación de la fuerzas de seguridad, agravando el malestar social y la oposición al gobierno. Diez meses después de que se retirara el Máster Plan, y ante el arraigo de las protestas, el Gobierno ha optado por decretar el estado de emergencia. Aunque ha cuestionado estos movimientos de oposición presentándolos como retrógrados y opuestos al desarrollo de Etiopía, y también como fruto de un proyecto de desestabilización del país, la violencia con la que ha tratado de acallar el disenso no ha contribuido a legitimar su postura.
La declaración del estado de emergencia en el país por un periodo de seis meses desvela una seria preocupación por mantener el control del gobierno. Algunas medidas pretenden aparentar cierta voluntad conciliadora, como por ejemplo la retirada del Máster Plan y el reconocimiento de la necesidad de una mayor transparencia, y la reciente remodelación del gabinete de ministros. Otras actuaciones sólo apuntan a la continuidad. Las detenciones y desapariciones forzosas están a la orden del día; y el estado de emergencia se ha acompañado de una opacidad informativa nada halagüeña.
La política etíope ha estado tradicionalmente marcada por proyectos contrapuestos que han aspirado a la hegemonía y se han guiado por lógicas de suma cero, impidiendo la coexistencia y la aparición de un espacio democrático propicio para el diálogo. Las tensiones políticas que atraviesan Etiopía reflejan la demanda de una apertura y descentralización de la política. Aunque no necesariamente significan que exista un consenso sobre un proyecto alternativo al del EPRDF, sí parecen apuntar un cambio de comportamiento en la oposición que puede ser propicio para la transformación del espacio político, pero la coalición en el gobierno de momento parece más inclinada a contener el cambio que a atender a esa demanda.
