Tras 30 años en el poder, el 11 de abril de 2019 Omar al-Bashir fue derrocado como consecuencia de las movilizaciones populares, cuya última ola emergió en diciembre de 2018. La caída de al-Bashir —lo que no implica necesariamente la superación del régimen—, genera importantes desafíos y oportunidades para la construcción del nuevo horizonte del país. Estará marcado por la capacidad del nuevo gobierno de transición para afrontar y resolver los importantes retos que afronta el estado sudanés, marcado por los estragos que la crisis económica está generando en la población más vulnerable, o las tensiones y agravios históricos entre el centro y la periferia que se manifiestan a través de diferentes escenarios de violencia presentes en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. A su vez, seguirá siendo determinante el papel que los movimientos populares mantengan en el nuevo escenario de transición, y su capacidad para no ser absorbidos y liderar las demandas de cambio y justicia social. Para ayudar a entender el presente de Sudán, así como para dar algunas claves sobre su futuro, a continuación repasamos brevemente la cronología de los acontecimientos más significativos vividos en el país en 2019:
ENERO Las protestas ciudadanas emergidas a finales de 2018 solicitando la dimisión del presidente sudanés Omar al-Bashir debido a la crisis económica, se intensificaron al inicio de año, extendiéndose a varios puntos del país. Estas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad sudanesas, siendo denunciado por grupos de derechos humanos que registraron al menos 40 personas asesinadas y alrededor de dos mil detenidos.
FEBRERO La intensificación de las protestas llevó al gobierno de Omar al-Bashir a anunciar diferentes decretos para tratar de contener el descontento popular, entre ellos: la disolución del Gobierno federal y los 18 Gobiernos estatales del país poniendo a la cabeza de estos últimos a miembros de las fuerzas de seguridad; posponer la reforma constitucional para permitirle una nueva postulación presidencial; y decretar el estado de emergencia en todo el país por un año —medida que no se tomaba desde 1999—. A su vez, días después también anunció nuevos decretos relativos al estado de emergencia: incremento de las facultades y poder de las fuerzas regulares; prohibición de reuniones, manifestaciones y huelgas no autorizadas; ampliación del control sobre la salida de divisas del país; prohibición de la distribución, venta y transporte de combustible fuera de los canales oficiales; autorización al fiscal general a establecer tribunales de emergencia por todo el país.
MARZO A principios de mes, al-Bashir traspasó la presidencia del National Congress Party (NCP) a Ahmed Harun (sobre quien pesa una orden de detención por la CPI por crímenes cometidos en Darfur). El movimiento significó un paso previo realizado con el fin de volver a postularse y ser elegido presidente en la próxima conferencia del partido que estaba prevista para abril. El 11 de marzo la Asamblea Nacional ratificó el estado de emergencia decretado por el gobierno, aunque redujo su duración a 6 meses.
ABRIL Pese a las medidas decretadas por el gobierno, las protestas se mantuvieron e intensificaron en el país. La presión popular finalmente generó que el día 11 de abril, el ministro de Defensa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Ouf, anunciara el derrocamiento y detención de Omar al-Bashir por parte del ejército, informando de la creación de un Consejo Militar de Transición (TMC) que estaría en el poder durante dos años. A la par, se suspendió la Constitución y se declaró tres meses el estado de emergencia. La sociedad civil sudanesa rechazó la creación de la junta militar y reclamó la entrega del poder a la ciudadanía. La Unión Africana (UA) reaccionó dando al TMC 15 días para entregar el poder a la población bajo amenaza de expulsión del organismo, ampliándose posteriormente a tres meses. En ese momento se iniciaron conversaciones entre el TMC y la coalición opositora liderada por el movimiento Forces for Freedom and Change (FFC). El TMC declaró un alto el fuego unilateral en las tres zonas de conflicto armado del país (Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur).
MAYO Las tensiones se intensificaron frente a la negativa del TMC de ceder el poder a la oposición civil. Las fuerzas de seguridad del estado, sobre todo las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces (RSF), incrementaron la represión y ataques a los manifestantes, abriendo fuego en diferentes ocasiones contra las protestas. El movimiento FFC convocó una huelga general de dos días, entre el 28 y 29 de mayo, que fue secundada por miles de personas en todo el país.
JUNIO El día 3 de junio se registraron los peores ataques represivos contra las manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad sudanesas, que dejaron un balance estimado, según el Comité Central de Médicos Sudaneses, de al menos 108 personas asesinadas y más de 500 heridas. La represión fue condenada por las Naciones Unidas y múltiples países, si bien el bloqueo de China y Rusia impidió una resolución condenatoria por parte del Consejo de Seguridad de la ONU el 4 de junio. Estados Unidos condenó la represión y condicionó la retirada de Sudán como país “patrocinador de terrorismo» a la implementación de un acuerdo para compartir el poder con los civiles. Por su parte, la UA reaccionó el 6 de junio suspendiendo a Sudán del organismo, y exigiendo la creación de un gobierno de transición encabezado por civiles.
JULIO Tras meses de negociaciones mediadas por la UA y Etiopía, plagadas de tensiones, movilizaciones, represión, presiones e incidentes, el 17 de julio el Consejo Militar (TMC) y la coalición opositora (FCC) lograron un acuerdo político para la construcción de un gobierno de transición. La junta militar provisional decretó diferentes medidas de construcción de confianza para abrir el camino a nuevas conversaciones de paz con los grupos rebeldes del país, entre ellas: determinó la libertad de todos los prisioneros de grupos armados darfuries; amnistió a 235 miembros del movimiento armado SSL-Mini Minawi; o anuló la sentencia de muerte dictada en 2014 contra el líder del grupo rebelde SPLM-N, Agar Malik y su adjunto Yasir Arman.
AGOSTO El 4 de agosto, tras el acuerdo político alcanzado entre el TMC y las FFC, este fue consagrado como un acuerdo constitucional, y el 17 de agosto se celebró la ceremonia formal de firma del mismo en Khartoum, cuyos puntos principales son los siguientes:
- El período de transición durará 39 meses antes de celebrar elecciones.
- El Consejo Soberano gobernante estará compuesto por 11 miembros (seis civiles y cinco militares) y estará dirigido por un general durante los primeros 21 meses, y por un civil durante los últimos 18 meses.
- El primer ministro será nominado por el FFC y confirmado por el Consejo Soberano.
- El gabinete de gobierno estará compuesto por no más de 20 ministros elegidos por el primer ministro, salvo las carteras de Interior y Defensa que serán elegidas por los miembros militares del Consejo Soberano.
- El cuerpo legislativo se formará dentro de los primeros 90 días a partir de la firma del acuerdo. Su composición no superará las 300 personas, de las cuales, al menos el 40% de los escaños deberían asignarse a mujeres.
- La alianza del FFC tendrá el 67% de los escaños y el 33% restante será para otros partidos políticos no vinculados a al-Bashir.
- Las fuerzas armadas de Sudán y las paramilitares del RSF son parte de la institución militar bajo el mando del jefe de las fuerzas armadas.
- El gobierno tiene como prioridad durante los primeros seis meses del período de transición traer paz en las regiones en guerra: Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul.
- El gobierno de transición trabajará en la elaboración de reformas legales y económicas, así como en delinear una política exterior equilibrada.
Como parte del acuerdo, el economista Abdalla Hamdok, asumió el 21 de agosto el cargo como primer ministro, y el jefe general de TMC, Abdel-Fattah Burhan, asumió el cargo de presidente del Consejo Soberano. De forma paralela, el 19 de agosto, el tribunal de justicia de Sudán abrió juicio contra el expresidente al-Bashir, acusándolo de cargos de corrupción y posesión ilegal de fondos extranjeros, negándole la solicitud de fianza.
SEPTIEMBRE El día 5, el Primer Ministro Hamdok anunció los nombres de 18 de los 20 ministros, incluidas cuatro mujeres, restando los ministros de Infraestructura y de Ganadería y Pesca. La composición del gabinete de gobierno se realizó tratando de incluir a representantes de todas las regiones del país para obtener mayor legitimidad. En base a los avances en la conformación del gobierno de transición civil, la UA levantó la suspensión del organismo a Sudán el 6 de septiembre. El 22 se septiembre, Hamdok anunció la creación de un comité de investigación independiente sobre la muerte de manifestantes prodemocráticos en junio, que presentará su informe dentro de tres meses. La Comisión de Derechos Humanos de Sudán cifró, en base a los registros policiales, un total de 85 personas asesinadas en la represión entre el 3 y el 12 de junio en Khartoum, mientras que el FCC mantiene que al menos 127 manifestantes fueron asesinados y cientos más heridos.
A su vez, dieron inicio las conversaciones de paz entre el gobierno y los distintos grupos armados, lográndose el día 11 la firma de una hoja de ruta para la paz llamada «La Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación». El texto fue firmado por el gobierno y los grupos armados SRF, SLM-MM y el SPLM-N, aunque no por el SLA-AW. En la hoja de ruta acordada las partes se comprometieron a iniciar las rondas de conversaciones el 14 de octubre en Juba (Sudán del Sur) y a una fecha límite para un acuerdo final el 14 de diciembre.
OCTUBRE El 10 de octubre, el gobierno extendió el estado de emergencia en el país por otros tres meses. El jefe de las fuerzas paramilitares RSF, Mohamed Hamdan «Hemedti», anunció a finales de mes la retirada y regreso a Sudán de unos 10.000 soldados de la RSF de la campaña militar liderada por Arabia Saudita en Yemen. Miles de sudaneses se manifestaron en varias ciudades el 21 de octubre instando a las nuevas autoridades del país a disolver el antiguo partido gobernante del derrocado líder islamista Omar al-Bashir.
En cuanto a los avances en las conversaciones de paz, y según lo acordado, el 14 octubre se reiniciaron las conversaciones en Juba. La primera ronda de negociaciones concluyó el 21 de octubre, logrando acordar una agenda general para las negociaciones. Asimismo, se acordó permitir el acceso de los trabajadores humanitarios a las zonas controladas por los rebeldes y la firma de una declaración de cese de hostilidades. El Consejo de Seguridad de la ONU, a solicitud de las partes negociadoras de la paz, aprobó extender por un año de la misión de la ONU-UA en Darfur (UNAMID). Se acordó retomar la segunda ronda de negociaciones al 21 de noviembre.
NOVIEMBRE Tras el mantenimiento de las manifestaciones ciudadanas demandando la disolución del antiguo partido gobernante presidido por Omar al-Bashir (NCP), a finales de noviembre el gobierno arrestó y encarceló a Ali al-Haj, secretario general del partido, así como aprobó un proyecto de ley para desmantelar el antiguo régimen, incluida la disolución del NCP. A su vez, las nuevas autoridades aprobaron reformas legales para aumentar la protección de las libertades civiles. La segunda ronda de negociaciones de paz, prevista para el 21 de noviembre, finalmente se pospuso al 10 de diciembre, estando a día de hoy en curso.
DICIEMBRE La conformación del Consejo Legislativo se aplazó al 31 de diciembre, a la espera de que las conversaciones de paz puedan alcanzar un acuerdo definitivo para el fin de la violencia en el país. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Sudán alertó a finales de año de que 9,3 millones de personas en el país, es decir, casi una de cada cuatro, necesitarán asistencia en 2020, de los cuales cinco millones están destinados a recibir asistencia humanitaria, entre ellos 2,4 millones de niños que padecen desnutrición aguda.
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Foto Omar al Bashir: Ammar Abd Rabbo
