El pasado 1 de septiembre la ciudad de Beni, capital de los territorios del extremo norte de Kivu, en la República Democrática del Congo, recibía en medio de una calma tensa a Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Con más de 600 casos de Ébola en un año, la ciudad era en ese momento el foco de la peor epidemia de Ébola registrada hasta entonces en RDC, solo superada en términos absolutos por la gran epidemia de 2014 en África del Oeste. Escenario de continuos incidentes de violencia contra el personal médico implicado en el control de la enfermedad y con amplias zonas de la ciudad bajo el control de milicias de autodefensa autodenominadas Mai Mai, varios barrios de la ciudad permanecían vedados a los equipos sanitarios, mientras que la presencia de otros grupos armados operando en los alrededores hacía difícil medir la incidencia real de la enfermedad más allá de los limites urbanos.
Pero la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de la ONU (OCHA) en Beni no fue informada hasta el último minuto del programa de la visita de Antonio Gutiérrez. Aun cuando el apoyo al gobierno congoleño en la lucha contra la epidemia recae, a nivel internacional, en dos agencias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, el espacio de coordinación del dispositivo humanitario de la ONU quedó al margen de la organización del viaje. La razón es simple: lo que podía interpretarse desde el exterior como una visita a los actores que luchaban contra la epidemia no era tal. Más allá de las cámaras, en encuentros mucho más discretos, fue la fuerza de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la MONUSCO, con alrededor de 20.000 cascos azules desplegados en la región, quien acaparo la inmensa mayoría del programa.
La visita venía precedida de varios movimientos políticos clave. Durante los meses previos, en julio y agosto de 2019, diversas movilizaciones populares en Beni, Butembo y Oicha, algunas de las principales aglomeraciones del Norte de Kivu, habían acabado en enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía. Las movilizaciones, convocadas principalmente por colectivos proderechos humanos como LUCHA (Lutte pour le Changement) y Veranda Mutsanga, reclamaban al estado que pusiera fin a la impunidad de los grupos armados en la región y a la supuesta connivencia de estos con las FARDC. A finales de agosto, un nuevo comandante para las operaciones militares en los territorios del Norte de Kivu era nombrado en Beni en el marco de una visita del jefe de estado mayor de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). El nombramiento en el seno de las FARDC fue interpretado como un guiño del nuevo presidente de la RDC, Félix Thisekedi, a la presión popular.
Una región presa de los grupos armados
El problema de los grupos armados en Kivu viene de lejos. La región, un tranquilo enclave turístico durante los años 70 y 80 del siglo pasado situado al este de la entonces república de Zaire, en la frontera con Uganda y Ruanda, se vio sumergida en un ciclo de violencia prácticamente ininterrumpido desde los años 90 cuando los restos del ejército ruandés y de las milicias interhamwe responsables del genocidio en Ruanda huyeron del país y se instalaron en la zona en 1994. En 1996, alarmadas por el peligro potencial presentado por estas milicias, Ruanda y Uganda financiaron y organizaron una rebelión en Kivu contra el régimen de Mobutu en Zaire que les permitiera, de paso, acabar con la amenaza que representaban esas milicias. Desde ese momento los dos Kivus se convirtieron en un foco de inestabilidad regional que acabaría desencadenando dos guerras civiles y que aun hoy sigue desestabilizando al conjunto de los países vecinos.
La primera rebelión, que en 1997 acabó con Mobutu y con la república de Zaire, concluyó con la instalación en la presidencia de la nueva República Democrática del Congo de Laurent Desirée Kabila, histórico guerrillero lumumbista y hombre de paja puesto por Ruanda al frente de la rebelión. Pero lo que había empezado como una campaña contra las milicias genocidas, y que fue conocida como la primera guerra civil del Congo, desembocó rápidamente en una guerra por los recursos mineros, dando lugar a la segunda guerra civil del Congo, en la que, otra vez desde los Kivus, Ruanda y Uganda lanzaron una campaña de conquista mediante grupos armados interpuestos que, en su momento álgido, en el cambio de milenio, controlaban aproximadamente la mitad del territorio de la RDC. Ambos países se convirtieron de la noche a la mañana, a través de la explotación de los territorios ocupados, en países exportadores de oro, diamantes y otros minerales, con ingresos que totalizaban más de 300 millones de dólares anuales pese a que ninguno de los dos países contaba con yacimientos significativos de esas materias primas. Los Kivus eran el paso privilegiado por el que transitaban camiones cargados hasta los topes en dirección a la frontera con ambos países.
Mientras el país se desangraba en medio de una confrontación regional con la participación de tropas de hasta 10 países africanos, en lo que se vino a llamar la Gran Guerra Africana, en los dos Kivus se gestó una multiplicidad de grupos armados que ya no abandonarían la región. Entre ellos destacaban los grupos armados dependientes de Ruanda y Uganda, pero también las milicias responsables del genocidio ruandés, que nunca fueron definitivamente derrotadas, y los grupos de autodefensa locales, los llamados Mai Mai– o “agua” en swahili, por los poderes del líquido elemento que se les atribuía-siendo estos últimos patrocinados por el gobierno de Kinshasa para hacer frente al resto. Entre todos conformaron desde entonces un complejo y poroso mosaico territorial donde el estado brillaba por su ausencia y donde las alianzas cambiaban de un día para otro a golpe de talonario.
Este escenario dominado por la injerencia de los países vecinos empieza a cambiar en 2003 con la entrada en vigor de un acuerdo de paz para la retirada de Uganda y Ruanda. La influencia de ambos países empezó así un periodo de retroceso que culminaría en 2013 con la desaparición del último grupo armado pro-ruandés, el M23. A partir de ese momento, a pesar de la presencia de más de 30 grupos armados operando en la región, el apoyo de los países vecinos hacia algunos de esos grupos se debilita hasta prácticamente desaparecer. Es en ese momento cuando al principal grupo armado de entonces, las Fuerzas democráticas para la Liberación de Ruanda(FDLR), siglas que aglutinaban desde principios de los 2000 al conjunto de antiguas milicias hutu responsables del genocidio en Ruanda, se le añade en 2013 un nuevo grupo que poco a poco irá adquiriendo protagonismo hasta convertirse en el más mortífero de los grupos armados en Kivu: los ADF.
Los ADF (acrónimo de Allied Democratic Forces), de procedencia ugandesa y cuyo objetivo era en un inicio derrocar al gobierno de ese país, aprovecharon el vacío de poder en el este de la RDC a finales de los 90 para instalarse en Kivu Norte y atacar desde allí a sus objetivos en Uganda. Debilitado y casi desaparecido a inicios de los 2000, el grupo resurge con fuerza a partir de 2010 incorporando combatientes reclutados en Congo y con unos objetivos militares sensiblemente distintos. Desde entonces el grupo centra sus operaciones en el control territorial de una amplia área entre Beni, Oicha y la frontera con Uganda, en el parque nacional de Virunga, y parece desvinculado en la práctica de sus pretensiones originales de derrocar al gobierno ugandés. Autodefiniéndose como islamista, el grupo ha sido acusado del asesinato de más de mil civiles desde 2013 en una serie de episodios conocidos como “las masacres de Beni», convirtiendo esa ciudad en el epicentro de la violencia en la región durante los últimos cinco años y a los ADF en el grupo más sangriento, con diferencia, del conjunto de los Kivu.
¿La ofensiva final contra los últimos grupos armados en Kivu Norte?
No es de extrañar pues que resuenen los tambores de guerra en Beni. Una campaña militar contundente contra los ADF sería sin duda un golpe de fuerza que daría algo de oxígeno a la popularidad de un presidente cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada desde su proclamación en enero de 2019. Para Félix Thisekedi, acusado de acceder al poder a través de un pucherazo en las elecciones del 30 de diciembre de 2018, la lucha contra la inseguridad es uno de los pocos argumentos que convierte su gobierno en soportable para una sociedad civil hastiada por la falta de credibilidad de su elección y por la corrupción manifiesta del aparato del estado. En Kivu, todo indica que incluso las organizaciones más significadas en la lucha contra la corrupción y por la democracia, como es el caso de LUCHA, parecen dispuestas a cerrar los ojos siempre y cuando se acabe con una situación de inseguridad que dura decenios. Una primera muestra de ello ha sido la aplaudida operación llevada a cabo por las FARDC durante el pasado mes de septiembre contra los FDLR en Rutshuruy que le costó la vida al máximo dirigente de este grupo armado, Sylvestre Mudacumura. La promesa de una ofensiva inminente por parte del estamento militar se ha visto refrendada por el mismo presidente Thisekedi, quien de visita en Beni a principios de octubre no dudó en prometer una próxima ofensiva que iba a “exterminar” a los ADF, promesa precedida del despliegue de miles de policías y soldados en Beni y alrededores. Pero aún cuando el inicio de la ofensiva ha sido anunciado en repetidas ocasiones, la última en un breve comunicado de las FARDC el 31 de Octubre[3], sobre el terreno prevalece una calma tensa interrumpida por eventuales escaramuzas y operaciones puntuales alrededor de los principales ejes de comunicación.
No está claro hasta qué punto las FARDC están en condiciones de llevar a cabo una operación de envergadura aun teniendo en cuenta el despliegue masivo de efectivos llevado a cabo durante los últimos meses en Kivu Norte, pasando de 11.000 a algo más de 20.000 efectivos en apenas dos meses. A las dudas sobre la capacidad operativa de las FARDC, prácticamente sin medios materiales y cuyos soldados se ven a veces incluso constreñidos a la mendicidad, se añade la aparente falta de capacidad financiera de la RDC para sostener operaciones militares, con un presupuesto de defensa prácticamente inexistente y por lo demás ya agotado a estas alturas del año.
Esta es la razón que parece estar detrás de la reciente visita de Antonio Gutiérrez a la región. La MONUSCO, que dispone de una fuerza de alrededor de veinte mil efectivos en el país, es un actor fundamental en el equilibrio de fuerzas de la RDC, especialmente en los Kivus. Su capacidad logística y operativa ha sido hasta ahora clave en el despliegue sobre el terreno de las FARDC. Su mandato autoriza el uso de la fuerza en apoyo de las FARDC en su lucha contra los grupos armados, en lo que supone un alivio para unas FARDC desprovistas de medios aéreos y equipamiento militar pesado en estado de uso. En este sentido no hay que olvidar que el mandato de la MONUSCO llega a su fin en diciembre y que en el mismo ya se preveía el inicio de la retirada paulatina de la MONUSCO para 2020. La MONUSCO supone de lejos la mayor operación militar sostenida por las arcas de las Naciones Unidas, cuyas finanzas no pasan por su mejor momento, por lo que la extensión de su mandato más allá de 2020 no está para nada garantizado, por lo menos en los mismos términos que en la actualidad.
Como contrapeso a la dependencia de la MONUSCO las FARDC llevan tiempo intentando crear un marco de colaboración con los países vecinos para la lucha contra los grupos armados operando en la frontera, colaboración materializada en el anuncio de la puesta en marcha de un estado mayor conjunto con Ruanda, Uganda y los demás países de la subregión[4]. Este tipo de intercambio entre países parece haber sido clave en la reciente operación contra el FDLR y los rumores sobre una ofensiva conjunta que implique incluso la entrada de tropas extranjeras en territorio congoleño están a la orden del día. Pero el recorrido real de este tipo de alianza es reducido. La entrada de tropas ugandesas o ruandesas en los Kivu implicaría dinamitar cualquier rédito político que el gobierno pretenda sacar a la operación contra los ADF y el FDLR, dado el vívido recuerdo entre la ciudadanía de los años de violencias y explotación bajo milicias controladas por ambos países. Por otro lado, el anuncio del inicio de las discusiones sobre la creación de un estado mayor conjunto fue seguido casi inmediatamente de la negativa de la MONUSCO a colaborar con una posible operación conjunta, argumentando que este tipo de operación queda fuera de su mandato.
De materializarse una operación de envergadura contra los últimos grupos armados extranjeros en Kivu antes de fin de año, podríamos estar ante el principio del fin de más de 30 años de prevalencia del statu quo de los grupos armados en los dos Kivus. Una victoria por parte de las FARDC sobre el FDLR y los ADF implicaría que el control de la multiplicidad de grupos de autodefensa Mai Mai que pululan por la región pasase a ser más un problema de orden público que de soberanía, dado que el motivo original de su proliferación fue el de contrarrestar la penetración de las milicias extranjeras.
Mientras tanto, a la espera de saber si la tan esperada ofensiva no es más que una bravuconada política o una realidad, Beni aguarda en un día a día consumido por la angustia del combate contra el ébola y por las ratios de criminalidad disparadas desde hace semanas fruto de la presencia de hombres uniformados y armados cuya paga apenas llega para costearse una comida caliente al día. Entre rumor y rumor sobre el inicio y el alcance de la ofensiva definitiva, esperada siempre para “la semana que viene”, la ciudad vive pendiente de si tanto sufrimiento le valdrá al menos librarse de 7 años de ataques indiscriminados que han ocasionado más de un millar de muertos entre la población y condenado al ostracismo económico a la ciudad y al conjunto de la antaño prospera región.
Autor: Manel Rebordosa, antropólogo. Con un pie en África y otro en Barcelona. Pienso que la pobreza y la desigualdad son un problema político, no técnico. Trabajo desde hace casi dos décadas en el ámbito de la cooperación para la justicia global y la acción humanitaria.
