En un mundo en el que los recursos son cada vez más escasos, el agua se encuentra hoy en el centro de todas las miradas y algunos ya hablan de que se trata ni más ni menos que del nuevo petróleo. Al fin y al cabo el agua cotiza desde 2020 en el mercado de futuros de materias primas y fluctúa como lo hacen el petróleo, el oro, el trigo o cualquier otra materia prima. Y como sucede con el resto de las materias primas, el continente africano se ha convertido estos últimos años en el escenario dónde actores globales compiten para hacerse con el control de un recurso cada vez más escaso y codiciado.
Pero el agua es mucho más que una materia prima. Los seres humanos podemos seguir respirando cuando nos cortan el acceso al petróleo o el carbón (incluso respiramos mejor, dirán algunos). También podemos vivir sin diamantes, oro y plata, y el papel del cobalto o de las tierras raras en nuestras vidas, por muy digitalizadas que estén, no deja de ser accesorio y prescindible. Incluso podemos dejar de comer carne, o soja, o ambas cosas, y siempre encontraremos alguna otra cosa que llevarnos a la boca para saciar el hambre. Pero sin agua el ser humano no puede vivir más de 72 horas. Es por ello que el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin agua no hay vida.
Pero en el continente africano el acceso al agua para vivir está en peligro. Según Nnimmbo Bassey, arquitecto y activista nigeriano por el medio ambiente, la tendencia en el continente es a monetarizar el recurso y a ponerlo a disposición a las industrias extractivistas, que realizan un consumo intensivo de agua. A la hora de acceder al agua estas industrias llevan las de ganar, sencillamente porque están dispuestas a pagar más en detrimento de las comunidades, que no pueden pagar esos precios. Ello pone en riesgo el acceso al agua de las comunidades locales un poco en todas partes, como el golfo de Guinea donde, según Bassey, el acaparamiento del agua por parte de la industria petrolera impacta de manera grave sobre los modos de vida de las comunidades locales, al impedirles cada vez más el acceso a un recurso escaso, esencial para una vida digna, pero inaccesible por su precio cada vez más prohibitivo.
Este esquema de apropiación del recurso se reproduce una y otra vez bajo distintas formas a lo largo y ancho del continente. Un ejemplo de ello es el impacto de la agricultura intensiva sobre la disponibilidad de agua para el consumo en muchos países del continente. Soraya El Kahlaoui, doctora en sociología especializada en mecanismos de desposesión de la tierra, y activista marroquí, pone como ejemplo de ello el episodio de los “disturbios de la sed” en Zagora en 2017. En esta ciudad del sur de Marruecos la expansión de la agro-industria exportadora de sandias, consumidora intensiva de agua, agotó las capas freáticas utilizadas por la población para abastecerse de agua, ocasionando así una “falsa sequía” que condujo a la población a salir a la calle para exigir agua para beber. La revuelta popular de Zagora fue un ejemplo de hasta que punto la agricultura intensiva puede constituir una amenaza para el acceso de las comunidades al agua de consumo. El caso es ilustrativo de una realidad que, de un modo u otro, afecta ya a buena parte de las zonas agrícolas de Tunez y Marruecos.
Tal y como ilustra el caso de Zagora, la competencia por el acceso al agua, ya sea para el consumo por parte de las comunidades locales o para otros usos, ya no se sitúa sólo en el ámbito económico, dónde la industria “puede pagar más” por el agua y por lo tanto se apropia de ella. En muchos casos las comunidades dejan simplemente de poder acceder al agua a través de las formas en que solían hacerlo por culpa del impacto medioambiental de los otros usos (industrias extractivas, agroindustria, turismo, etc.) que se da al recurso hídrico. Esto puede darse a través del agotamiento de las capas freáticas, como en Zágora, o tal y como nos cuenta Nnimmbo Bassey, a través de la contaminación de acuíferos por parte de la industria petrolera en el delta del Níger. El resultado en ambos casos es que las comunidades se ven obligadas a comprar el agua en el mercado, entrando así a competir en él con las industrias o usos causantes de la pérdida de sus fuentes de agua e inflando aún más el precio del agua, cuando antes obtenían esa misma agua, muchas veces de mejor calidad y en mayor cantidad, a través de sus propios medios.
En un continente dónde un porcentaje elevado de la población vive por debajo del umbral de pobreza, muchos hogares sencillamente no pueden permitirse adquirir el agua necesaria en el mercado, y aún menos a precios inflados a consecuencia de la alta demanda del recurso desde sectores a quien no aplica el derecho humano al agua. En este sentido, en el contexto actual del continente, según ambos activistas el derecho al agua pasa ante todo por proteger el acceso a los recursos hídricos de las comunidades, preservándolos de su destrucción o apropiación por parte de terceros. Inutilizar o apropiarse ilegitimamente de esos recursos, muchas veces de propiedad comunal (fuentes, pozos, represas comunitarias, etc.) debería de tener consecuencias, pero desgraciadamente no suele tenerlas.
El problema de base, según Soraya El Kahlaoui, se encuentra en el hipnotismo que la palabra “desarrollo” tiene en el conjunto del continente. Cualquier proyecto de “desarrollo” (turismo, energía solar, agroindustria, etc.) parece justificar actualmente la expropiación de los usos tradicionales de la tierra. El coste de rechazar proyectos de “desarrollo” es un precio que casi ningún político del continente parece dispuesto a asumir y en Marruecos, por ejemplo, la respuesta dada políticamente a los problemas de acceso al agua es la instalación de plantas desalinizadoras y el reciclaje del agua de las grandes ciudades. En ningún caso cambiar de modelo productivo. El Kahlaoui señala lo absurdo de que el modelo productivo consista precisamente en la práctica en “exportar agua”, ya sea en forma de verduras y hortalizas, de turismo o de cualquier otro proyecto de “desarrollo”. Al fin y al cabo, se trata de un recurso escaso en Marruecos.
Y es que confundir lo técnico y lo político es parte del problema. Muchas veces se tiende a considerar que el problema del acceso al agua es un problema técnico. Ello hace que la discusión se lleve a cabo muchas veces en el nivel tecnológico, debatiendo sobre la infraestructura necesaria para acceder, distribuir y gestionar el recurso hídrico en cada contexto. Pero según Faeza Meyer, activista sudafricana en “Housing Assembly, Women For Change”, eso no es así. Si tomamos el caso de Sudáfrica, por ejemplo, vemos cómo a pesar de que el gobierno insiste en que el agua no será jamás privatizada, en la práctica no sucede así. Sobre las 4.000 presas y represas existentes en el país, sólo alrededor de 360 son públicas. Esas represas distribuyen el agua a quien puede pagar, por muy pública que sea. En este sentido, cuando hablamos de apropiación del recurso olvidamos a veces que la gestión privada equivale a esa apropiación. Si lo que determina quien tiene acceso al recurso es quien puede pagarlo, entonces reconocer que el agua es un derecho son palabras vacías. El problema del acceso al agua de consumo por parte de buena parte de la población del continente africano tiene que ver con la desposesión de las comunidades de sus recursos hídricos y con la apropiación de esos recursos por parte de nuevos actores que lo redistribuyen según una lógica comercial, y cambiar eso es un problema político, no técnico.
Pese a lo sombrío del panorama en el continente, la movilización ciudadana ha logrado algunas pequeñas victorias y una red cada vez más tupida de organizaciones de base por el derecho humano al agua trabaja día a día para que el Derecho Humano al Agua en el continente no sea sólo una declaración de principios. Buena parte de esas voces se oirán próximamente en el Foro Alternativo Mundial de Agua (FAMA) que tendrá lugar a partir de hoy, 22 de Marzo de 2022, en Dakar (Senegal). El FAMA tiene como objetivo posibilitar un espacio de encuentro abierto para profundizar en el debate crítico, plural y democrático, así como la formulación de propuestas, intercambio de experiencias y la articulación de acciones para garantizar el agua como un derecho humano y bien común desde la oposición a su explotación bajo la lógica del beneficio privado, el reparto desigual y los pasivos ambientales.
El FAMA se reunirá en Dakar en contraposición al Foro Mundial del Agua, que se celebrará en esa misma ciudad en las mismas fechas. El Foro Mundial del Agua es un evento organizado cada tres años por el Consejo Mundial del Agua, un think-tank fundado el 1996 en Marsella, sede de dos de las mayores multinacionales privadas del agua del mundo, Suez y Veolia. Entre sus 358 miembros destacan grandes empresas privadas (Aquafed, Suez, Coca-Cola y Nestlé entre otras), instituciones financieras internacionales (Banco Mundial), gobiernos y organizaciones de Naciones Unidas (UNESCO, UNDP). Si bien es cierto que se autodefine como una organización con el objetivo de crear compromisos políticos y desencadenar la acción sobre cuestiones críticas relacionadas con el agua a todos los niveles para facilitar la conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua, en el fondo su objetivo es la promoción de la privatización del agua a través de la gran influencia de las instituciones financieras y operadores privados que forman parte.
Las luchas por el agua convergen en Dakar, y esperemos que haya olas para que, más pronto que tarde, el Derecho Humano al Agua sea el vector de las políticas reguladoras del recurso hídrico en el continente y no sólo una idea bienintencionada pero sin consecuencias reales a la hora de proteger el acceso al agua de las personas.
