Mozambique vive una situación política paradójica. Mientras en la región central del país se trabaja en la consolidación de la paz con la RENAMO tras el acuerdo alcanzado en el año 2019, en el norte del país, en la provincia de Cabo Delgado, la situación de violencia iniciada a finales de 2017 sigue deteriorándose, lo que ha generado la entrada de nuevos actores y alianzas militares regionales. Hacemos un balance de los dos escenarios durante el 2021.
LA CRISIS EN CABO DELGADO
En la provincia norteña de Cabo Delgado, si bien durante el 2021 se registró un ligero descenso de la violencia armada en relación al año anterior, nuevos actores militares se desplegaron en la región para ayudar a las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en la contención de la insurgencia yihadista. En 2021 el centro de investigación ACLED registró 1.045 muertes violentas en la zona, una reducción significativa en relación a las 1.639 producidas en 2020, año en el que se registró la tasa de homicidios más alta de la última década en el país, en gran parte debido a la violencia en Cabo Delgado. Sin embargo, la intensidad de la violencia en 2021 sigue siendo muy superior a la registrada en la zona en los primeros años de la insurgencia: 119 muertes en 2017, 126 en 2018 o 689 en 2019. En total, a finales de 2021 se estima que unas 3.500 personas han perdido la vida desde el estallido de la violencia a finales de 2017 y alrededor de 800.000 se han desplazado forzosamente de sus hogares.
Entre los acontecimientos más significativos registrados durante el año destacó en enero el ataque contra una importante planta de gas natural en Quitunda, distrito de Palma, operada por la compañía francesa de petróleo y gas Total, que obligó a la suspensión de las actividades del proyecto de gas natural licuado (GNL) y marcó el resto de los acontecimientos del año. El ataque generó, a principios de febrero, una ofensiva de las fuerzas mozambiqueñas en un intento por recuperar la ciudad portuaria y la capital del distrito, Mocimboa da Praia, bajo el control de los insurgentes desde agosto de 2020. Nuevamente en el mes de marzo se registró otra ofensiva yihadista contra la ciudad de Palma, reivindicada por el Estado Islámico, que dejo decenas de muertos –incluidos extranjeros por primera vez desde que comenzó el conflicto– y alrededor de 70.000 personas. El Gobierno mozambiqueño informó de la recuperación del control de la ciudad el 4 abril, después de una intervención militar conjunta entre las Fuerzas Armadas y la compañía militar privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG) –operación que fue denunciada por Amnistía Internacional por su discriminación racial, siendo evacuados los habitantes blancos antes que los habitantes negros.
De manera paralela, el ataque a la ciudad de Palma motivó nuevas reacciones de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC), con la organización de diversas cumbres sobre la situación de seguridad en Cabo Delgado, y el envío de una misión técnica para elaborar un plan de apoyo a la seguridad, la cual recomendó el envío de una fuerza regional de 3.000 efectivos. El despliegue de dicha fuerza fue aprobada por SADC el 23 de junio, aunque sin determinar el número de tropas. Sin embargo, un día después del anuncio, los Gobiernos de Ruanda y Mozambique informaron de un acuerdo bilateral para el despliegue de una fuerza conjunta del Ejército y Policía ruandesa compuesta por mil efectivos en Cabo Delgado. De forma paralela, Fuerzas Especiales de Sudáfrica también se desplegaron el 19 de julio en Pemba, capital de Cabo Delgado, con el objetivo de allanar el camino para el despliegue de la Fuerza de Reserva de la SADC. El 8 de agosto, Mozambique y Ruanda anunciaron que las fuerzas conjuntas habían recuperado el control total de la ciudad estratégica de Mocímboa da Praia, bajo control yihadista desde agosto de 2020. Un día después del anuncio, la Fuerza de Reserva de la SADC (SAMIM) se desplegó oficialmente en Cabo Delgado, compuesta por un número de efectivos (757) muy inferior a los tres mil recomendados. A principios de septiembre las operaciones conjuntas de las tropas de Mozambique, Ruanda y SAMIM se ampliaron a la provincia de Niassa (fronteriza con Cabo Delgado), después de información de inteligencia que alertaba sobre una posible expansión de las acciones yihadistas. Si bien aún es pronto para medir el impacto del despliegue de los actores internacionales militares en el terreno, los datos de ACLED del segundo semestre señalan una intensificación de la violencia en la región, con un total de 715 personas fallecidas (datos a 12 de dic.) que representa alrededor del 70% del total del año.
De forma paralela, otros actores internacionales también han contribuido durante el año a reforzar la estrategia securitaria. Portugal y Estados Unidos proporcionaron entrenamiento militar a las tropas mozambiqueñas, así como la Unión Europea, con el establecimiento formal de una misión militar de entrenamiento a las Fuerzas Armadas mozambiqueñas compuesta por mil efectivos que estará dos años en el país.
En medio de este despligue securitario, organismos de derechos humanos han seguido denunciando diferentes incidentes relacionados con la vulneración de derechos humanos en la región de Cabo Delgado. Amnistía Internacional, el 2 de marzo acusó a los insurgencias, así como al Gobierno mozambiqueño y a la empresa DAG de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, en Cabo Delgado en 2020. También la ONG Save the Children en Mozambique acusó a los grupos armados que operan en el norte de utilizar a los niños y niñas como objetivos de guerra. Por su parte, la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF y Human RightsWatch (HRW) denunciaron a principios de octubre que la insurgencia había secuestrado y reclutado a cientos de niños y niñas en la región noreste.También un informe de HRW denunció que desde 2108 la insurgencia ha secuestrado a más de 600 mujeres y niñas en Cabo Delgado, solicitando a las autoridades que investiguen las denuncias de explotación sexual y abuso de mujeres desplazadas a cambio de ayuda humanitaria en Cabo Delgado.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN LA REGIÓN CENTRAL
Mientras la violencia se intensifica en el norte del país, en el centro en avanzó, poco a poco, en la consolidación de la paz. Si bien durante 2020 poco se pudo avanzar en la implementación de las cláusulas del acuerdo de paz de Maputo de 2019 entre el Gobierno mozambiqueño y la RENAMO debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19, en 2021 se lograron algunos avances en el programa de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR) y en el desmantelamiento de las bases militares de la exguerrilla, así como se mantuvieron contactos y negociaciones con la Junta Militar de la RENAMO, sector disidente del acuerdo de paz. Mirko Manzoni, enviado especial de la ONU para Mozambique y presidente del Grupo de Contacto para las conversaciones de paz de Mozambique, informó que a mediados de agosto se había logrado la desmovilización de alrededor del 52% de los excombatientes (2.708 -156 mujeres, 2.552 hombres-) y se había procedido al cierre de 10 bases de la exinsurgencia, esperando para el cierre del año la desmovilización aproximada del 63% de los excombatientes. Aun así, queda camino por recorrer, ya que el objetivo del programa era el de haber desmovilizado a 5.221 exguerrilleros y cerrar las 17 bases militares en la región central del país para agosto de 2021, pero las restricciones sanitarias y la falta de fondos ha impedido el cumplimiento de los objetivos.
Por otro lado, como parte de las medidas previstas en el Acuerdo de Paz, en julio se puso en marcha el Programa de consolidación de desarrollo local para la paz, conocido como DELPAZ, que cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros y se ejecutará durante un período de cuatro años. El Programa busca mejorar las oportunidades económicas en las comunidades afectadas por el conflicto en las provincias de Sofala, Manica y Tete, en la región central del país, con un enfoque centrado en las mujeres, los jóvenes y otros grupos desfavorecidos, incluidos los excombatientes y sus familias. Su inicio representa un buen paso para combatir las desigualdades estructurales que representan una de las causas del surgimiento de la rebelión.
También durante el año se lograron avances en materia de paz con la Junta Militar de RENAMO (JMR) dirigida por Mariano Nhongo –sector disidente de la RENAMO que se negó a reconocer el acuerdo de paz de agosto de 2019–. Si bien Nhongo había anunciado el 23 de diciembre de 2020 un alto el fuego unilateral de la JMR para facilitar negociaciones con el Gobierno mozambiqueño, en enero la tregua fue rota cuando una facción de la JMR atacó un convoy de camiones en la provincia de Sofala. El Gobierno presidido por Filipe Nyusi siguió ofreciendo la amnistía a los miembros de la JMR para que se desmovilizaran, sin embargo, Nhongo descartó la misma como primer paso hacia las negociaciones con el Gobierno, y amenazó al ejecutivo con hacer imposible la gobernanza en las provincias del norte y centro si seguía ignorando las demandas de la JMR. De forma paralela, miembros destacados de la JMR desertaron durante diferentes momentos del año y se desmovilizaron, poniendo de manifiesto las tensiones existentes al interior de la facción disidente de la RENAMO. El 11 de octubre, en un enfrentamiento militar entre el Ejército y la JMR en el distrito de Cheringoma, en la provincia oriental de Sofala, Nhongo resultó muerto. La muerte del líder de la JMR hizo que la RENAMO volviera a invitar a todos los miembros de la disidencia a dejar las armas y volver al partido, abriendo nuevos horizontes para la desmovilización de los miembros de la JMR. A finales de año, Mirko Manzoni anunció que más de 85 miembros de la JMR habían desertado durante el año sumándose al proceso de DDR previsto en el Acuerdo de Maputo de 2019, calificándolo como un avance significativo en la construcción de la paz en la región central.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Mozambique se encuentra con un difícil reto, el de tratar de consolidar la paz tras muchos años de inestabilidad en la región central del país y, paralelamente, evitar que el conflicto en la región norteña de Cabo Delgado siga escalando y afectando a otras provincias, como ya ha ocurrido en la vecina Nyassa. La presencia de nuevos actores militares regionales e internacionales en la región, como ya ha ocurrido en otros contextos africanos (Sahel, RCA, Lago Chad, etc.) no parece ser, por si sola, una alternativa para contener la violencia, si no van acompañadas por la introducción de otras medidas de diálogo y construcción de paz que pongan en el centro acciones para proteger a la población civil y reducir la desigualdad, la pobreza y los agravios, todos ellos factores presentes en las causas estructurales de la inestabilidad.
Foto portada: F.Mira. Puente de la carretera Nacional EN1 sobre el río Lúrio, frontera entre las provincias Cabo Delgado y Nampula, Mozambique. Wikimedia Commons.
Foto ruina: 4wallz. Mueda. Wikimedia Commons.
