Una investigación llevada a cabo por The New Humanitarian el mes pasado reveló cómo diversos errores en las investigaciones de abusos sexuales de Naciones Unidas en República Centroafricana pueden haber ocasionado que docenas de casos fueran desestimados. En el presente artículo, la abogada, investigadora y exmiembro del panel de expertas de NNUU en CAR, Enrica Picco, cuenta su reciente experiencia asistiendo a víctimas en un sistema que se agolpa en su contra.
Naciones Unidas no puede luchar de manera efectiva
contra los abusos sexuales si no se pone del lado de las víctimas.
Cuando la vida de una persona está en juego, NNUU debe ser el fiscal, no el juez.
¿Crees que es cierto?, me preguntó dudoso un oficial de NNUU cuando el año pasado informé por primera vez sobre un presunto caso de violación perpetrada por soldados de la misión de paz de NNUU en la República Centroafricana. Mientras esta reacción —incredulidad— continúe siendo la primera respuesta ante las denuncias por explotación y abuso sexual (SEA, Sexual Exploitation and Abuse) contra personal de NNUU, los continuados esfuerzos para mejorar la prevención y respuesta ante estos crímenes probablemente no sirvan de nada.
Mi primera misión humanitaria se desarrolló en Bunia, en el este de República Democrática del Congo, en 2006. La misión de paz de NNUU —entonces conocida como MONUC— se enfrentaba a una avalancha de denuncias por SEA, y mis colegas más experimentados me explicaban los problemas a los que se estaban enfrentando para sacarlos a la luz. En un país que estaba experimentando una epidemia de violencia sexual —en aquel momento yo trabajaba en un programa que asistía a víctimas de violencia sexual incluso de 3 años— pensé erróneamente que la violencia sexual cometida por los miembros de las fuerzas de paz sería la más fácil de parar. Quince años después, sin embargo, los abusos sexuales del personal de NNUU siguen llenando titulares, a pesar de una serie de políticas nuevas de NNUU diseñadas para abordarlo.
La política de tolerancia cero de NNUU ha llevado a un incremento de denuncias de casos, pero no a su reducción, mientras las estrategias y protocolos establecidos para mejorar el intercambio de información —en el seno de NNUU y con otras ONG— y para impulsar investigaciones más oportunas no se han traducido en mayor asistencia y justicia para las propias víctimas.
Investigar abusos sexuales es duro, y los elementos necesarios para hacerlo apropiadamente —investigadoras experimentadas, acceso a las víctimas en zonas de conflicto, la colaboración de los países que contribuyen con tropas, responsables de investigar a sus propios soldados— todavía se dan escasamente.
Desde mi periodo en Bunia, me he cruzado con diversos casos graves de mala praxis por parte de miembros de las fuerzas de paz —en CAR y otros lugares— pero no había estado involucrada en otra investigación hasta el año pasado. Tras un estallido de violencia, se me informó de presuntos casos de abusos sexuales y fui a encontrarme con las víctimas. El caso continúa abierto y debe mantenerse confidencial, pero se pueden compartir algunos detalles que revelan problemas más amplios sobre la manera en la que NNUU aborda los casos de SEA.
El primer problema es la incredulidad. En mi caso, la reacción inicial del oficial de NNUU a mi informe fue tachar de falsas las acusaciones, urdidas en el contexto de un sentimiento anti-NNUU en el país, y como un recurso de las víctimas para ganar dinero y apoyos. Esta reflexión cambió el curso de la investigación. Como el oficial no se creyó la historia, se endosó a las víctimas la complicada tarea de aportar pruebas de corroboración de los abusos, incluyendo elementos como la nacionalidad de los agentes de paz envueltos. Además de ser profundamente humillante, el proceso tenía todos los ingredientes para confirmar las presunciones del oficial. A lo largo de los meses, los testimonios de las víctimas se volvieron confusos, a veces contradictorios, tal como puede ser revivir un trauma, y el caso estuvo a punto de ser desestimado.
Si los integrantes de las misiones de paz están desplegados para la protección de los y las civiles, NNUU no puede ser imparcial. Las investigaciones de NNUU son esenciales para apoyar las acusaciones de las víctimas y desenterrar pruebas. También pueden contribuir a presionar a los países que contribuyen con tropas para iniciar sus propias investigaciones. Mi experiencia demuestra claramente que NNUU no puede luchar efectivamente contra los abusos sexuales si no se pone del lado de las víctimas y cree en las acusaciones vertidas. Cuando la vida de una persona está en juego, NNUU debe ser el fiscal, no el juez.
El segundo problema fue el tiempo. Como los oficiales de NNUU consideraron falsas las acusaciones, los casos no se tomaron en serio hasta dos meses más tarde de haber ocurrido. Semejante retraso fue desastroso para la investigación. Cuando la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas—Office of Internal Oversight Services (OIOS)— comenzó la investigación, algunas de las víctimas ya se habían mudado a otro pueblo, escapando de la estigmatización y vergüenza pública. Los retrasos también dificultaron la identificación de los miembros de las fuerzas de paz involucrados, debido a las rotaciones fuera del país de batallones y miembros al mando. Si los países que contribuyen con tropas son usualmente reacios a iniciar investigaciones internas, la lentitud de la maquinaria de NNUU les da la excusa perfecta. Una investigación fundamentada requiere su tiempo, pero hay una serie de pasos preliminares que no pueden esperar, desde recopilar los testimonios de víctimas y testigos a ofrecer a las víctimas apoyo médico o psicológico. NNUU debe invertir más en la fase de su respuesta inicial, no solo porque garantiza el éxito de la investigación sino también por una cuestión de dignidad humana.
El tercer problema tiene que ver con la rendición de cuentas. Las víctimas a las que yo asistí estaban totalmente desinformadas sobre sus casos. A lo largo de los meses, ningún investigador las mantuvo proactivamente informadas sobre el progreso de sus demandas, las opciones legales que se les abrían, o simplemente comprobó su situación de bienestar. No hay protocolo alguno en NNUU que obligue a ello. Las víctimas, sus familiares y las comunidades en las que viven tienen derecho a saber qué ocurre, incluso cuando es evidente que hay poco que se pueda hacer contra los responsables. NNUU debería, por lo tanto, revisar sus políticas al respecto y asignar un punto focal para cada caso de SEA, alguien cuya principal preocupación sea el bienestar y seguridad de la víctima. Además, deberían tomarse otras medidas en CAR y el resto de misiones de mantenimiento de paz para mejorar la calidad de las investigaciones, respuesta y seguimiento de casos de SEA. Una mejor flujo de información compartida con otras agencias de NNUU y ONG podría ayudar a acelerar las investigaciones y evitarle a las víctimas pasar por la duplicidad de entrevistas, por ejemplo.
Pero, ante todo, NNUU debe asegurarse de que su personal cree a las víctimas. Esto implica rechazar la peligrosa costumbre de asumir automáticamente un interés económico o de apoyo tras las denuncias de las víctimas, un apoyo que además raramente se vislumbra.
Este artículo se publicó originariamente en inglés en The New Humanitarian
Foto de portada: NNUU
Foto en el texto: NNUU/Marie Frechon
