Costa de Marfil ha vivido de nuevo horas muy convulsas.
Muchas ciudades al norte del país despertaron el viernes, 6 de enero, constatando el amotinamiento de una buena parte de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (Forces Republicaines de Côte d’Ivoire, FRCI), que se integraron en el ejército regular del país. Entre sus reclamaciones figuran una mejora en las condiciones de vida (subida de sueldo y casa), pago de atrasos y primas que les prometieron por su participación en la guerra en 2011 o el aligeramiento del proceso de ascenso. Estos motines se hicieron visibles con puestos de control en los puntos de acceso a ciudades norteñas como Bouaké, Daloa, Korhogo, Man o Toulepleu e incluso toques de queda en estas localidades. Una parte de la población, entre la que los sucesos despertaron tristes recuerdos, intentó hacer acopio de alimentos y refugiarse en sus hogares. Al día siguiente, la capital económica, Abidjan, también fue testigo de parte de estos motines con disparos en el entorno de uno de sus campos militares, Akouedo, y rumores de enfrentamientos en la sede del Ministerio de Defensa. Muchos comercios cerraron y el flujo de tráfico se redujo considerablemente en la ciudad.
El motín se produjo mientras Alassane Dramane Ouattara, presidente del país, se encontraba fuera, en el que era su viaje oficial número 156 desde su toma de poder en 2011. Ouattara actuaba como invitado estrella en la ceremonia de investidura del nuevo presidente ghanés, Nana Akufo-Addo y la situación recordó a sus compatriotas a la del golpe de estado de 2002, que pilló al entonces presidente, Laurent Gbagbo, en Roma.
En respuesta a la protesta militar, el ministro de Defensa, Alain-Richard Donwahi, se desplazó el sábado 7 al norte, comprendiendo y aceptando las reivindicaciones de los amotinados. La situación se complicó cuando una parte de ellos rechazó las condiciones del trato con el gobierno y disparó ráfagas de AK-47 y armas pesadas sobre la residencia del sub-prefecto de Bouaké, donde se encontraban Donwahi y los negociadores llegados desde la capital. Los amotinados retuvieron al ministro y su comitiva durante cerca de dos horas. Ayer, domingo, el ejército había desaparecido ya de las calles y todo volvía a la normalidad, aunque los ciudadanos no podían reprimir la cólera, con el susto todavía metido en el cuerpo. Desde la oposición se criticó la indolencia para tratar este tema: una parte de los militares que protestaron este fin de semana ya salieron a las calles en noviembre y diciembre de 2014, en las mismas ciudades y con reclamaciones parecidas.
Este motín se ha dado dos meses después de la fundación de la 3ª República, marcada por la aprobación exprés de una nueva constitución. La nueva Carta Magna se aprobó con un 42% de participación (cifra del gobierno) y entre otras cosas, creó la figura de un vicepresidente. Este hecho podría explicar, en parte, este motín.
La futura figura del vicepresidente hace perder peso político a la hasta ahora segunda figura más importante del gobierno del país: el presidente de la Asamblea Nacional (PAN), que es actualmente Guillaume Soro. Soro encabezó hasta 2007 la rebelión Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles, FN), que el 19 de septiembre de 2002 intentó asestar un golpe de estado que derivó en un largo conflicto que dividió al país. Desde 2007 y gracias a sucesivos acuerdos de paz y negociaciones, Soro entró en el gobierno de Costa de Marfil, en el que llegó a ejercer de primer ministro. Se podría plantear la hipótesis de que los militares se han decidido por esta demostración de fuerza ante la posible pérdida de estatus de Soro. El ex rebelde, que cuenta con la lealtad de muchos jefes militares y tropas integradas en el ejército regular del país, aprovechó el sábado por la tarde, mientras Donwahi negociaba con los amotinados, para anunciar vía redes sociales que presentará su candidatura al puesto de PAN. El presidente de la Asamblea Nacional era, según la antigua constitución marfileña, quien reemplazaba al presidente del país en caso de deceso o alguna otra contingencia.
Antecedentes al motín militar
El ruido de las botas militares en las calles no es, por desgracia, algo insólito en Costa de Marfil.
Tras la muerte del padre fundador del país, Félix Houphouët-Boigny, en diciembre 1993, las luchas por el poder por la vía de las armas han sido constantes. Al morir Boigny, le sucedió su PAN, Henri Konan Bedié, que tuvo que huir del país tras un golpe de estado militar en diciembre de 1999. Derrocado en las urnas por Laurent Gbagbo, el general Robert Guéi fue asesinado durante el golpe de estado fallido de 2002, que inició una larga guerra. La rebelión armada se convirtió en el procedimiento normal para, al amparo de razones más altruistas, conseguir objetivos políticos y económicos que incluían la instauración de una economía de guerra, con el control de minas y recursos del norte y oeste y su escamoteo a través de las fronteras, fundamentalmente de Burkina.
Las FRCI son la reconversión de los rebeldes de 1999 y 2002 y su fusión con otras tropas creadas en 2011 para provocar la caída, con el apoyo de la comunidad internacional, del hasta entonces presidente Laurent Gbagbo. Su caída fue el desenlace de una guerra civil desencadenada por las disputas ante los resultados de las elecciones presidenciales de finales de 2010. Se podría seguir escribiendo mucho sobre esos comicios, pero resulta primordial denunciar que muchos de los problemas estructurales del país (falta de cohesión social, discrepancias sobre la nacionalidad, ley de tierras) siguen vigentes. Estas causas y el tradicional agravio del norte del país, que se siente desatendido por las autoridades, ya causaron el fallido golpe de estado y la consecuente división del país en 2002. Además, son aspectos que traen muy malos recuerdos a una población que desea mirar hacia delante, pero también reclama justicia.
La impunidad ha sido la norma para quienes apoyaron a Ouattara en su ascenso al poder. Los FRCI son los responsables de la mayor masacre de la guerra en 2011, en Duekoué, todavía sin investigar. Sus jefes, muchos denunciados por oenegés como Amnistía Internacional o sancionados por la ONU por diferentes crímenes desde 2002, ocupan cargos de poder en la estructura del gobierno: son especialmente significativos los casos de Issiaka Outtara “Wattao” o Fofie Kouakou, ambos señalados por haber cometido atrocidades en el pasado reciente del país. Recientes reportajes e informes documentan que se han aprovechado de sus puestos en el ejército para continuar con el contrabando de cacao, algodón y cacahuetes, el control de minas de oro como la de Gamina o el cobro de tasas y mordidas al transporte que practicaron durante el conflicto marfileño, extendiendo la red mafiosa de la economía de guerra a través de las estructuras del gobierno y el ejército.
Por otro lado, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los antiguos combatientes no ha finalizado todavía y, además, un informe de la ONU aparecido en abril de 2016 acusaba a Soro de haber aprovechado la guerra y su vinculación al poder para adquirir un arsenal que está en poder de sus leales en el ejército. La agencia Reuters llegó a hablar de una potencia de fuego superior a la de las FRCI o el ejército marfileño en manos de Soro y los militares afines a él.
Consecuencias del motín
El desarrollo de este motín ha confirmado dos hechos. Por un lado, se comprueba una vez más el mal funcionamiento de una de las herramientas más utilizadas en las reconstrucciones post-conflicto, especialmente desde la comunidad internacional: la reforma del sector de seguridad. Esta reforma se suele plantear de forma parcial, con el objetivo de mitigar las amenazas de los cuerpos de defensa y seguridad, y, aun así resultan inútiles como se comprueba en este caso. Para tener éxito, esta reforma debe ser global, incluyendo aspectos esenciales como la gobernabilidad, la justicia o el control parlamentario.
De cara a la galería y a principios de 2015, el anterior ministro de Defensa, Paul Koffi Koffi, se felicitaba por la profesionalidad del ejército marfileño y la mejora de la seguridad en el país y representantes de las FRCI saludaban valores y normas que incluían la disciplina, la sumisión al control civil, una cadena de mando eficaz y la no injerencia en la política interior del país. El presidente Ouattara llegó a comparar los niveles de seguridad de Abidjan con los de Ginebra o Nueva York. El ejército marfileño colabora, además, con las fuerzas armadas y los consejeros de seguridad franceses y la operación de la ONU en Costa de Marfil, ONUCI.
El monopolio del uso de la violencia puede tener algún sentido si se hace para la protección de la población, cosa que no está sucediendo en Costa de Marfil. El portar armas y los favores del pasado garantizan a las FRCI un trato de favor que no reciben estudiantes, profesores o funcionarios en huelga. Se cede rápidamente ante el uso de la fuerza, que lamentan los ciudadanos en sus carnes, mientras que se intenta contentar con promesas vagas o se reprime y amenaza a ciudadanos que no tienen acceso a las armas y que también tienen reclamaciones justas ante el gobierno.
En relación a esto, con la rápida aceptación de las peticiones militares se comprueba que las prioridades de Ouattara se han centrado más en el desarrollo económico entendido como construcción de grandes infraestructuras y atracción de inversión extranjera, mientras que la cohesión social y la reconciliación aún quedan lejos.
On est ensemble!
Albert Caramés y Ángeles Jurado
Ángeles Jurado es periodista en Casa África y del blog África no es un país
Foto: el Ministro de Defensa, Alain-Richard Donwahi (sentado en el centro), es retenido por un grupo de militares amotinados
Muy buen articulo que refleja las todavía fuertes debilidades del país, y que suponen un significativo riesgo, de cara a consolidar el fuerte crecimiento económico que necesita Costa de Marfil para dejar definitivamente atrás los decenios de inestabilidad y caída del nivel de vida de los marfileños.